Más de 3.387 millones de pesos mexicanos. Para poner esta abrumadora cifra en perspectiva, no estamos hablando del presupuesto de un ministerio entero ni de la deuda acumulada de una corporación multinacional. Estamos hablando de una cantidad de dinero público que el gobernador de uno de los estados más pequeños de México no pudo justificar ante los auditores federales. Dinero que entró, dinero que salió, y un inmenso vacío de respuestas cuando la Auditoría Superior de la Federación exigió explicaciones. El protagonista de este silencio es Alejandro Moreno Cárdenas, popularmente conocido como “Alito”, un hombre que hoy se encuentra en el centro del huracán político, pero que paradójicamente, celebra victorias electorales frente a las cámaras con absoluta tranquilidad.
Mientras su proceso de desafuero lleva más de tres años congelado en los pasillos del Congreso, con testigos colaboradores declarando y expedientes judiciales acumulando polvo, Moreno salió recientemente a festejar un triunfo que ha dejado a la política mexicana llena de interrogantes. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) acaba de llevarse los 16 distritos electorales en disputa en el estado de Coahuila. El famoso “carro completo”. Sin una sola derrota, Alito declaró con rotundidad: “Ganamos 16 de 16 diputaciones locales y lo hicimos con una ventaja clara en todo el estado”.
Sin embargo, detrás de esta supuesta victoria aplastante se esconde un entramado que exige un análisis profundo, lógico y exhaustivo. ¿Cómo es posible que un partido que atraviesa una severa crisis a nivel nacional logre un dominio tan abrumador en un solo estado? La respuesta, lejos de residir en la mera popularidad de sus candidatos, parece estar fundamentada en una arquitectura política sostenida por décadas de deudas, opacidad y, presuntamente, prácticas electorales sumamente cuestionables.
El mecanismo tecnológico: El escándalo de los códigos QR
El triunfo del PRI en Coahuila no ha estado exento de graves señalamientos. Durante la jornada electoral, los partidos Morena y el Partido del Trabajo (PT) presentaron denuncias formales ante el Instituto Electoral de Coahuila. No se trató de simples declaraciones cruzadas en medios de comunicación, sino de acusaciones documentadas con audios y pruebas físicas que detallan un sofisticado esquema de compra de votos que ya ha sido bautizado como el escándalo de los códigos QR.
El mecanismo denunciado, liderado presuntamente por operadores del PRI, es escalofriantemente preciso: se distribuyen códigos QR individuales a ciudadanos en zonas estratégicas. El votante acude a su casilla, fotografía el código QR junto a su papeleta marcada a favor del PRI, envía la imagen como comprobante y, posteriormente, recibe un pago en dinero en efectivo. La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, ha anunciado que solicitarán una investigación financiera formal para determinar el origen de estos recursos.
Aquí radica la pregunta fundamental que el sistema debe responder: ¿De dónde sale el enorme volumen de dinero en efectivo necesario para comprar voluntades ciudadanas a escala masiva, en 16 distritos electorales completos? Una operación logística de esta magnitud, que requiere coordinación simultánea en múltiples puntos, exige un financiamiento astronómico. Es aquí donde las miradas se dirigen a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la historia financiera del propio estado de Coahuila.
Coahuila: El laboratorio político y la deuda interminable
Para entender la victoria de hoy, es imprescindible retroceder y mirar los números del estado. Coahuila no es un territorio cualquiera; es el último gran bastión donde el PRI opera con una maquinaria que parece incombustible. No obstante, el costo de este funcionamiento ha recaído sobre los hombros de los ciudadanos. Al cierre del último ejercicio fiscal auditado, la deuda pública del estado supera los 44.000 millones de pesos. Esto se traduce en más de 17.000 pesos de deuda por cada habitante de la región.
El origen de esta asfixiante situación económica tiene nombres y apellidos: la dinastía Moreira. Durante el mandato de Humberto Moreira Valdés (2005-2011), quien posteriormente presidiría el PRI nacional y enfrentaría a la justicia en España en 2016, el pasivo del estado se incrementó en más de 33.000 millones de pesos. Investigaciones de la propia Fiscalía de Coahuila apuntaron a un esquema sistemático de endeudamiento utilizando garantías falsas y empresas inexistentes. Su hermano, Rubén Moreira Valdés, también exgobernador del estado más endeudado en su historia reciente, estuvo curiosamente presente en el templete durante las celebraciones de la campaña actual.
Esta deuda no es el resultado de inversiones públicas mal planificadas. Como señalan diversos analistas, representa en gran medida el precio de mantener una estructura política siempre operativa. Mientras los hospitales carecen de medicamentos básicos y existen infraestructuras sin terminar, las estructuras partidistas jamás sufren recortes de presupuesto.
El legado en Campeche: Millones sin justificar y mansiones de saldo
Alejandro Moreno es el heredero y perfeccionador de este manual de supervivencia política. Durante su etapa como gobernador de Campeche (2015-2019), la Auditoría Superior de la Federación documentó irregularidades por los mencionados 3.387 millones de pesos. Con ese capital, se podría haber pagado el sueldo íntegro de todos los profesores federales de Campeche durante más de 12 años. La propia Fiscalía del estado, en sus documentos oficiales, llegó a describir la gestión como una operación magistral de lavado de activos.
A esto se suma el escándalo de su patrimonio personal, materializado en una suntuosa mansión ubicada en la zona más exclusiva de Campeche. Valuada en el mercado en torno a los 300 millones de pesos, la propiedad fue declarada ante las autoridades tributarias mexicanas por apenas 9 millones. A pesar de estas discrepancias evidentes, Alito Moreno se paseó por la campaña de Coahuila asegurando que su partido presenta candidatos “limpios, probos y trabajadores”.
El desafuero congelado y el silencio institucional
El elemento más desconcertante de toda esta ecuación es la absoluta parálisis judicial en torno a su figura. En julio de 2022, la Fiscalía de Campeche presentó la solicitud formal de desafuero, respaldada por cuatro carpetas de investigación, 17 personas vinculadas a proceso y dos testigos colaboradores aportando pruebas contundentes. Pese a ello, el proceso no ha avanzado.
Hace escasas semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum fue interrogada directamente sobre este tema. Su respuesta textual fue reveladora: “No conozco por qué no se mandó a la Cámara de Diputados”. Que la máxima autoridad del país desconozca los motivos del estancamiento de uno de los casos de corrupción más mediáticos de México plantea dos escenarios preocupantes: o existe un fallo monumental de coordinación entre las fiscalías y el poder legislativo, o existe un cálculo político que nadie se atreve a pronunciar en voz alta.
Un futuro incierto frente al colapso interno
