Lo decía a sus aliados dentro del PRI. Fundó un grupo político llamado Tuccom, todos unidos con México, junto con otros gobernadores priistas que aspiraban a disputar la candidatura presidencial del PRI para las elecciones de 2012. Yrington era la figura central, el más ambicioso, el más visible, el que tenía el discurso más articulado, el que se movía con más soltura en los círculos del poder nacional e internacional.
Y aquí viene algo que en retrospectiva es difícil de procesar sin sentir un escalofrío. En algún momento durante su gobierno, el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush se refirió públicamente a Thomás Jarrington como la estrella prometedora de la política mexicana, el presidente de la nación más poderosa del planeta, señalando a un gobernador fronterizo como promesa política, elogiándolo en público, validándolo ante el mundo, mientras que ese mismo gobernador en ese preciso momento estaba recibiendo millones de
dólares del cártel del Golfo, mientras que el FBI, una agencia del propio gobierno de George Bush ya había comenzado a investigarlo desde 2003 por movimientos financieros sospechosos en territorio estadounidense. La ironía es brutal. El presidente de Estados Unidos elogiaba en público al mismo hombre que sus propias agencias federales estaban investigando en secreto por lavar dinero del narcotráfico en Texas, porque eso es lo que nadie sabía en ese momento.
Desde 2003, el FBI había detectado que personas cercanas al gobernador de Tamaulipas estaban moviendo dinero sospechoso en el sistema financiero estadounidense y empezaron a rastrear cada transacción, cada empresa, cada propiedad. Lo que encontraron fue un imperio financiero gigantesco construido con dinero del narcotráfico.
Y la magnitud de ese imperio es lo que hace que esta historia sea diferente a cualquier otro caso de corrupción gubernamental en México. La lista de lo que Tomás Jarrington acumuló mientras era gobernador y en los años inmediatamente posteriores es tan extensa que cuando la lees completa piensas que es ficción, piensas que alguien inventó esos datos, pero cada artículo, cada propiedad, cada empresa está documentada en expedientes judiciales de Estados Unidos y de México, en declaraciones juradas, en confesiones, en documentos de la PGR,
del FBI, de la DEA y del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Un yate de lujo, tres ranchos ganaderos en Tamaulipas, tres predios rústicos adicionales. Una isla completa en el estado de Veracruz, la isla Frontón, ubicada en el municipio de Ozuluama, al norte del estado, frente a la laguna de Tamiagua.
Propiedades residenciales en McAllen, Texas. Una de las ciudades más caras de la frontera. Un condominio de lujo en la isla del Padre en Brownsville, Texas. Más propiedades en Kyle, Texas, un avión privado que después le fue confiscado por la fiscalía estadounidense cuando trataron de rastrear su origen financiero. hoteles, fraccionamientos inmobiliarios completos, desarrollos turísticos, centros comerciales, una tequilera, una aerolínea, una compañía de televisión por cable, un parque industrial, inmobiliarias, medios de comunicación, un gobernador con una aerolínea, con una
compañía de cable, con centros comerciales, con una isla, todo mientras ganaba un sueldo público. Pero Yrington no era estúpido. Sabía perfectamente que un gobernador con sueldo público no podía tener todo eso a su nombre sin que las autoridades fiscales, los medios de comunicación o sus propios rivales políticos hicieran preguntas incómodas.
Así que diseñó un sistema de prestanombres tan sofisticado que durante años nadie pudo tocarlo. El principal de todos sus testaferros fue Fernando Alejandro Cano Martínez, un empresario de Tamaulipas que en la superficie parecía un hombre de negocios exitoso y completamente legítimo. Tan legítimo que llegó a ser propietario de un equipo de fútbol de primera división mexicana. Cano era la fachada perfecta.
El nombre que aparecía en los contratos, en las escrituras, en los registros de propiedad, en las actas constitutivas de las empresas. El dueño legal de lo que en realidad pertenecía a Yarrington. Cano tenía constructoras, desarrollos inmobiliarios y turísticos, medios de comunicación, una empresa de televisión por cable, parques industriales, aviones, ranchos, terrenos rústicos y urbanos en todo Tamaulipas.
Y en Estados Unidos creó al menos 17 empresas de bienes raíces. 17. Con ellas adquirió 33 lotes y un condominio en la isla del Padre en Brownsville y en otras localidades del condado de Cameron, Texas. Pero en 2008 el castillo de Naipes se empezó a caer y la causa no fue una investigación policial, ni un operativo federal, ni un testigo protegido.
Fue algo mucho más mundano, mucho más común, mucho más humano, un divorcio. Sonia de Pao García, la esposa de Fernando Cano, inició el proceso de divorcio el 12 de agosto de 2008 en un tribunal del estado de Texas. Pero Sonia no solo quería separarse de Cano, quería la mitad de todo lo que poseían como pareja.
y para obtenerla interpuso una demanda de repartición equitativa de bienes conyugales, lo cual significaba que un abogado iba a tener que poner sobre una mesa ante un juez estadounidense y bajo juramento absolutamente todo lo que Fernando Alejandro Cano Martínez poseía, cada empresa, cada lote, cada cuenta, cada propiedad, cada vehículo y todo lo que Cano poseía era en realidad todo lo que Tomás Jarrington escondía.
El expediente del divorcio número B 12435 S1 archivado en un tribunal del estado de Texas destapó la fortuna completa del exgobnador como si le hubieran arrancado una sábana de encima. Constructoras, desarrollos inmobiliarios y turísticos, medios de comunicación, empresa de televisión por cable, parques industriales, aviones, ranchos.
Las 17 empresas de bienes raíces registradas en Texas, los 33 lotes en el condado de Cameron, todo ahí, todo con nombre, dirección, valor estimado y número de escritura. Todo documentado ante un juez, todo a nombre de Cano, todo pagado con dinero que venía de un solo lugar, el pacto entre el gobernador de Tamaulipas y el cártel del Golfo.
Un divorcio en Texas destapó lo que ni el FBI en 5 años de investigación, ni la PGR en años de intentos, ni la DEA con todos sus recursos habían logrado poner sobre la mesa de un juez con nombres, números y direcciones. La exesposa de un prestanombres hizo más daño a la estructura financiera de Jrington que todas las agencias de seguridad de dos países combinadas.
Porque a Sonia de Pau García no le importaba proteger a Yarrington, le importaba quedarse con la mitad de los bienes. Y para quedarse con la mitad, primero tenía que revelar el total. Pero había una propiedad que superaba a todas las demás, una propiedad que por sí sola resume la megalomanía de Thomás Yarrington. La isla Frontón.
La isla Frontón está ubicada en el municipio de Ozuluama, en el norte del estado de Veracruz. Es una isla real, no una metáfora, no un terreno grande al que le pusieron nombre, una isla de verdad rodeada de agua por todos lados, frente a la laguna de Tamiagua, una de las lagunas costeras más grandes de México. Menos de 20 habitantes vivían en ella cuando Yaringrington la adquirió a través de su prestanombres.
un lugar tan remoto, tan aislado, tan difícil de acceder, que ni siquiera tenía camino por tierra. Para llegar había que cruzar la laguna en lancha. Era literalmente un pedazo de tierra en medio del agua al que solo se podía llegar por agua. Jerrington la compró a través de Antonio Pela Pier, otro de sus testaferos. A nombre de Pelaes quedó registrada la propiedad en los registros públicos, pero todo el mundo en la región, los pescadores, los funcionarios locales, los ejidatarios de las comunidades cercanas, sabía perfectamente quién era el verdadero
dueño. Y la prueba más obscena, más descarada y más reveladora de esa propiedad no era la isla en sí misma, era lo que el gobernador de otro estado hizo para complacer a Yarrington, Fidel Herrera. Gobernador del estado de Veracruz entre 2004 y 2010, mandó construir un puente de 400 m de longitud para conectar la isla Frontón con tierra firme, un puente de concreto y acero que costó 74 millones de pesos de dinero público del presupuesto del Estado de Veracruz, 74 millones de pesos.
para construir un puente hacia la isla privada de un exgobnador de otro estado, un gobernador gastando el dinero de sus ciudadanos para hacerle un puente al gobernador del estado de al lado. La justificación oficial del gobierno de Veracruz fue que el puente serviría para transportar productos ganaderos y pesqueros de las comunidades locales de la zona costera, pero la isla tenía menos de 20 habitantes.
No había producción ganadera significativa, no había industria pesquera que justificara una inversión de esa magnitud. El puente se construyó para que Tomás Jarrington pudiera llegar a su isla sin mojarse los pies. Eso es lo que era Tomás Jarrington, un hombre tan poderoso que el gobernador de otro estado le construía un puente con dinero público para acceder a su isla privada.
un hombre que tenía yates, aviones, ranchos, una isla y un equipo de fútbol de primera división a su nombre a través de prestanombres, pero a su nombre un hombre que aspiraba a ser presidente de México. Y todo eso se pagó con dinero del cártel del Golfo, con dinero manchado de sangre de las miles de personas que murieron en la guerra del narco en Tamaulipas mientras él gobernaba.
Pero la caída de Thomás Jarrington no empezó con una redada ni con una confesión. Empezó con algo mucho más banal, con una mujer detectada en el lugar equivocado, en el momento equivocado. En algún momento de 2016, la esposa de Thomás Jarrington fue detectada en Roma, Italia, por agentes de inteligencia. Ese dato, un simple avistamiento, activó una cadena de investigación que conectó a las autoridades estadounidenses con la policía italiana.
Si la esposa estaba en Italia, el marido no podía estar lejos. El Servicio Central de Operaciones de la Policía Italiana empezó a rastrear los movimientos de personas vinculadas a Yarrington en territorio italiano y lo encontraron. No viviendo como un fugitivo en un sótano ni escondido en una casa rural, viviendo, según el jefe de la policía que lo capturó, tranquilo como un jubilado, como si no tuviera una ficha roja de Interpol con su nombre, como si el gobierno de México no hubiera puesto 15 millones de pesos de
recompensa por su cabeza. El 9 de abril de 2017, Tomás Jarrington llegó en tren a la estación de Paola en Calabria, en el sur de Italia. Llevaba una maleta, una sola maleta. El hombre que tuvo un avión privado, una isla yates de lujo. Ahora viajaba en tren por la Italia rural con una maleta.
Abordó un primer tren con destino a Roma. En Roma hizo transbordo y tomó otro hacia el norte, hacia Florencia. Se hospedó en un hotel de medio pelo, no en un hotel cinco estrellas, no en una suite con vista al duomo, en un alojamiento modesto de una ciudad turística que recibe millones de visitantes al año, el tipo de hotel donde nadie te mira dos veces.
Esa noche salió a cenar. fue acompañado por un ciudadano de nacionalidad polaca que, según determinó la investigación posterior, no tenía antecedentes penales y no sabía quién era realmente su acompañante. Los dos entraron a un restaurante en la piaza de Yasignoria, la plaza más famosa y concurrida de Florencia, la misma plaza donde está la réplica del David de Miguel Ángel, la misma plaza donde Lorenzo de Medichi ejerció el poder 500 años antes, la misma plaza que recorren miles de turistas de todo el mundo cada día. Ahí
se sentó Tomás Jarrington a cenar como un turista más, como un hombre libre, como un jubilado que disfruta de la Toscana, pero la unidad antinarcóticos de la policía de Florencia ya lo había localizado. Llevaban días siguiéndolo. Tres cuerpos policiales italianos estaban coordinados para la operación. La policía de Florencia, la de Cosenza en Calabria, por donde había entrado al país, y la policía científica encargada de la identificación biométrica.
Lo siguieron hasta el restaurante, lo observaron mientras cenaba, esperaron pacientemente a que terminara. No iban a montar un operativo en una de las plazas más turísticas de Europa. No iban a arriesgarse a un escándalo internacional en la piaza de Yasinoria. Cuando Yrington salió del restaurante y caminó por las calles empedradas de Florencia en dirección a su hotel ubicado en la Plaza Becaria, los agentes lo interceptaron.
Según reportó el diario Florentino, La Naciones, Jarrington se dio cuenta en algún momento, tal vez al ver demasiados hombres caminando en la misma dirección, tal vez al notar las miradas de que iba a ser detenido, e intentó huir. Intentó acelerar el paso, intentó perderse entre las calles del centro histórico, pero ya era demasiado tarde.
Los agentes lo rodearon, lo detuvieron y le pidieron identificación. Y aquí viene el detalle más patético, más humillante y más revelador de toda esta historia. El momento que resume en una sola imagen quién era realmente Thomásrington. Thomas Yarrington, el hombre que quería ser presidente de México, el que tenía una isla privada con un puente de 74 millones.
El que George Bush llamó, estrella prometedora, sacó un pasaporte mexicano falso a nombre de José Ángel Márquez Pérez y negó ser quién era. Dijo, “Yo no soy Jarrington.” Mostró la credencial falsa, mostró el pasaporte falso, pero el pasaporte tenía un problema grotesco. Ese nombre, José Ángel Márquez Pérez, correspondía a una persona real.
Un niño de 12 años de Chihuahua. Le habían robado la identidad a un menor de edad para fabricarle documentos al exgobnador. La policía italiana no le creyó. Verificaron sus huellas digitales con las que el gobierno de Estados Unidos les había proporcionado y confirmaron. El hombre que negaba ser Jrington era Jarrington.
Lo trasladaron a la cárcel de Solichiano, la más grande de Florencia. Y ahí empezó la pelea legal entre México y Estados Unidos por quién se lo quedaba. Cuando le preguntaron si quería asistencia consular de México, la rechazó. Dijo que no tenía abogado. Le asignaron uno de oficio. El gobernador que aspiraba a la presidencia de México, con un abogado de oficio en una cárcel italiana, negando su propia identidad con el pasaporte robado de un niño, Estados Unidos ganó la disputa por la extradición.
México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para que Yaringrington fuera entregado al gobierno estadounidense, donde las penas eran mucho más severas y la evidencia mucho más sólida. El 20 de abril de 2019, 2 años después de su detención en Florencia, Jarrington, fue extraditado a territorio estadounidense. Lo internaron primero en el Centro Federal de Detención de Houston, Texas, el estado donde tenía propiedades de lujo, el estado donde sus prestanombres habían comprado 33 lotes con dinero del narco. Ahora volvía a Texas, pero no
como inversionista, como preso federal. Y ahí empezó un proceso judicial monumental que se extendió durante años, un proceso que por su escala y complejidad habría intimidado a cualquier equipo legal del mundo. El caso contra Yarrington contenía 15000 documentos digitales, más de 100,000 páginas de evidencia acumulada durante más de 15 años de investigación, reportes del FBI que databan de 2003, informes de la DEA sobre movimientos de droga en Tamaulipas, auditorías del Servicio de Recaudación de Estados Unidos, el IRS, que rastreaban cada
dólar que había pasado por las cuentas vinculadas a Yaringrington y a sus prestanombres. reportes del departamento de seguridad interna que documentaban las propiedades adquiridas en territorio estadounidense con dinero sospechoso, declaraciones de testigos protegidos, grabaciones, registros bancarios, escrituras de propiedad, actas constitutivas de empresas fantasma.
Los cargos iniciales sumaban 11 acusaciones separadas, delincuencia organizada, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, múltiples modalidades de fraude bancario, declaraciones falsas a instituciones financieras estadounidenses. Si lo encontraban culpable de todos los cargos, las dos cortes federales que lo reclamaban podían imponerle dos cadenas perpetuas y 90 años adicionales de cárcel.
Básicamente, Thomás Jarrington nunca habría vuelto a pisar una calle. Jaringrington hizo lo que hacen los hombres poderosos cuando se dan cuenta de que el poder ya no les pertenece. Negociar. Aceptar una derrota menor para evitar la derrota total. El 25 de marzo de 2021, en una audiencia privada cerrada al público y a los medios ante un juez federal de Brownsville, Texas, Thomás Jarrington se declaró culpable de un único cargo, conspiración para cometer lavado de dinero.
Y como parte de esa declaración de culpabilidad, admitió algo que durante años había negado públicamente con vehemencia. admitió que aceptó más de 3,500,000 en sobornos ilegales, 3,illones y medio de dólares de personas y empresas privadas mexicanas que querían hacer negocios en el estado de Tamaulipas mientras él era gobernador, a cambio de contratos, permisos, licencias y protección política.
Y con ese dinero ilícito compró propiedades de manera fraudulenta en territorio estadounidense. La fiscal federal interina Jennifer B. Lowery declaró públicamente que Yarington había admitido usar su cargo público como herramienta para enriquecerse a costa de su estado y de la legalidad. A cambio de declararse culpable, le retiraron los otros 10 cargos.
En lugar de dos cadenas perpetuas y 90 años, recibió una sentencia de 9 años. También aceptó entregar un condominio en Port Isabel, Texas, como parte de la confiscación de bienes. El 15 de marzo de 2023, un juez federal de Brownsville formalizó la condena de 9 años. Jarrington cumplió su sentencia en la penitenciaría Thompson en Illinois, a más de 15 km de Tamaulipas, una prisión federal de mediana seguridad en medio de la nada del medio oeste estadounidense.
Por buena conducta le redujeron un 15% de la condena. Fue liberado de Thompson en julio de 2024. Llevaba 7 años privado de libertad entre la cárcel de Soyciiano en Florencia, el Centro Federal de Detención de Houston y la Penitenciaría de Thomson. Y aquí es donde cualquier persona normal pensaría, “Ya pagó, ya cumplió, ya admitió los sobornos, ya perdió las propiedades, ya pasó 7 años encerrado.
Ahora va a volver a México, viejo, arruinado, humillado, pero libre. Va a pasar sus últimos años en alguna casa modesta de Tamaulipas, lejos de todo. Pero Tomás Jarrington no es una persona cualquiera y lo que le esperaba del lado mexicano de la frontera era infinitamente peor que lo que dejó del lado texano. El 9 de abril de 2025, exactamente 8 años y un día después de su detención en aquella plaza de Florencia, las autoridades de inmigración de Estados Unidos deportaron a Tomás Jarrington Rubalcava.
No lo soltaron, no lo dejaron ir, lo deportaron, que es muy diferente. Lo sacaron de una instalación federal estadounidense, lo subieron a un vehículo y lo entregaron en la garita internacional El Chaparral, en Tijuana, Baja California, en la frontera entre San Diego y Tijuana, la misma frontera que él, como gobernador de un estado fronterizo, había ayudado a convertir en una autopista de droga para el cártel del Golfo.
Del lado mexicano de la garita lo estaban esperando 15 agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, armados y en formación, tres vehículos blindados, una camioneta blanca donde lo subieron inmediatamente. Le informaron la primera orden de aprensión en su contra, la que llevaba 13 años esperándolo, girada el 8 de agosto de 2012.
Le leyeron sus derechos y lo trasladaron primero a las oficinas de la FGR en Tijuana para la certificación médica obligatoria y después vía aérea a la Ciudad de México bajo custodia permanente de agentes federales. A las 5 de la tarde con 58 minutos de ese mismo 9 de abril, la camioneta blanca, escoltada por tres vehículos blindados y 15 elementos de la AIC, atravesó las puertas del Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano.
Almoloya de Juárez, Estado de México. El altiplano no es un penal cualquiera, es el penal de máxima seguridad más importante de México. Es donde estuvo Joaquín el Chapo Guzmán. antes de escapar por un túnel donde estuvo el Cárdenas Guillén, el mismo líder del cártel del Golfo, que le financió la campaña a Yaringrington, donde ha estado la crema del narcotráfico mexicano, los más peligrosos, los más poderosos, los más violentos.
Y ahora entre esos muros también estaba un exgobernador que quería ser presidente de México. Jerrington pensó que 7 años en cárceles de Estados Unidos eran suficientes, que ya había pagado su precio, que la justicia mexicana no iba a tener la capacidad ni la voluntad de procesarlo después de que Estados Unidos ya lo había condenado y liberado.
Pensó que iba a cruzar la frontera y desaparecer en algún lugar de Tamaulipas. Pensó mal. México tenía tres órdenes de aprensión esperándolo, tres acumuladas durante años mientras él estaba preso en Italia y en Estados Unidos. Tres jueces diferentes las habían firmado y las tres estaban vigentes. La primera orden databa del 8 de agosto de 2012, 13 años sin ejecutarse.
Lo acusaban de delitos contra la salud en lenguaje llano, narcotráfico, por sus vínculos documentados con el cártel del Golfo y los Z, específicamente por colaborar al fomento para posibilitar la ejecución de delitos contra la salud durante su gestión como gobernador. Las pruebas incluían declaraciones de múltiples testigos protegidos, entre ellos el testigo Óscar, que lo señalaban como receptor de sobornos y facilitador de operaciones de narcotráfico en Tamaulipas.
La segunda orden era por operaciones con recursos de procedencia ilícita lavado de dinero por la adquisición de al menos tres inmuebles dentro y fuera de México, el Condralidez, con dinero proveniente de organizaciones criminales, utilizando la figura de interpósita persona, es decir, usando prestanombres para comprar propiedades con dinero sucio, exactamente lo que ya había admitido haber hecho en Estados Unidos.
La tercera orden era por delincuencia organizada agravada por ser servidor público combinada con lavado de dinero adicional. Esta era la más grave de las tres porque incluía la compra de la isla Frontón, el yate, los tres ranchos y las demás propiedades que la PGR había documentado como adquiridas con dinero del cártel del Golfo a través de los prestanombres Antonio Peláes Pier y Fernando Alejandro Cano Martínez.
En su primera comparecencia ante un juez federal realizada por videoconferencia desde una rejilla de prácticas del interior del altiplano, no desde una sala de audiencias, sino desde una rejilla. Jarrington guardó silencio absoluto. No declaró. No dijo una sola palabra en su propia defensa. Se reservó el derecho de declarar.
solo pidió que le duplicaran el plazo constitucional de 72 a 144 horas para que le definieran su situación jurídica. Quería tiempo. Necesitaba tiempo para hablar con abogados, para armar una estrategia, para encontrar alguna rendija legal por donde escapar. Pero el tiempo ya no estaba de su lado. Llevaba 8 años corriendo y ya no había a dónde ir.
En menos de 3 meses, tres jueces diferentes le dictaron tres autos de formal prisión. Uno por delitos contra la salud, otro por lavado de dinero, otro por delincuencia organizada. Tres martillazos judiciales consecutivos que enterraron cualquier esperanza de libertad inmediata. El primer auto cayó en abril de 2025.
El juez determinó que había elementos suficientes para procesarlo por colaboración con el narcotráfico. Las pruebas declaraciones de testigos protegidos del cártel del Golfo, entre ellos el famoso testigo Óscar, registros financieros que documentaban flujos de dinero entre la organización criminal y cuentas vinculadas al exgobnador y evidencia cruzada con la investigación estadounidense que ya lo había condenado.
El segundo auto llegó en mayo de 2025. lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita. El juez encontró evidencia de que Yaringrington adquirió al menos tres inmuebles dentro y fuera de México utilizando dinero de una banda criminal a través de terceras personas, los famosos prestanombres, los mismos prestanombres que él mismo había admitido usar ante un juez de Brownsville 2 años antes.
El tercer auto fue en junio de 2025. Delincuencia organizada. La isla. el yate, los ranchos, todo documentado, todo rastreado, todo vinculado a dinero del cártel del Golfo. La FGR presentó evidencia de que ocho presuntos testaferros habían participado en la adquisición de propiedades con recursos ilícitos por instrucciones directas de Jarrington, tres autos de formal prisión en tres meses, tres procesos separados, tres jueces distintos, tres expedientes con evidencia independiente y cada uno por sí solo era suficiente para
mantenerlo encerrado durante años. Su defensa intentó sacarlo. Presentaron un recurso de queja ante un tribunal colegiado del Estado de México. Los abogados de Yarrington argumentaron que el juez de amparo debió haberle otorgado la suspensión provisional para evitar su detención tras ser deportado con base en el artículo 128 de la Ley de Amparo.
Era un argumento técnico, un recurso legal desesperado. Los magistrados Ricardo Garduño Pasten, Gigliola Taide Bernal Rosales y Germán Montes Rodríguez rechazaron el recurso por unanimidad, sin discusión, sin disenso. Los tres magistrados coincidieron en que no había razón legal para liberar a Yarrington. Sigue adentro.
En enero de 2026, su defensa logró una pequeña victoria. ganó un amparo contra uno de los tres cargos, una victoria parcial que sus abogados celebraron como si hubiera ganado la libertad, pero no la ganó porque los otros dos procesos siguen abiertos y con dos autos de formal prisión vigentes, el amparo contra el tercero es como ponerle una curita a una herida de bala.
No cambia nada. En junio de 2026 le dictaron formalmente el tercer auto de formal prisión, el de la isla, el yate y los ranchos. La FGR acreditó que esas propiedades fueron adquiridas por interpósita persona con recursos vinculados a una organización criminal, el tercer clavo en el ataúd legal de Jarrington.
Y en abril de 2026, un juez federal le concedió un amparo para que la Unidad de Inteligencia Financiera le devolviera el acceso a las cuentas bancarias que le había congelado desde 2019. 7 años con las cuentas bloqueadas le devolvieron el dinero, pero ese dinero no le sirve para nada dentro del altiplano. No puede pagar una fianza porque no hay fianza.
No puede negociar su salida porque no hay negociación. tiene dinero en el banco y una celda de máxima seguridad como domicilio. Es como ganar la lotería dentro de una tumba. Y así transcurren los días de Tomás Jarrington en el altiplano. Los mismos pasillos, las mismas paredes, la misma luz artificial que nunca se apaga del todo, el mismo horario, el mismo silencio industrial interrumpido solo por el sonido de las rejas abriéndose y cerrándose.
El mismo inodoro de acero a 1 metro de la cama. sin privacidad, sin dignidad, sin el poder que durante décadas lo protegió de todo. Los presos del altiplano no eligen cuándo comen, cuándo duermen, cuándo salen al patio. Todo está controlado, todo está vigilado, cada movimiento, cada visita, cada llamada telefónica. Un hombre que tuvo un avión privado, una isla con un puente de 74 millones, 17 empresas en Texas y 33 lotes en la frontera.
Ahora necesita pedir permiso para ir al baño. Las comparecencias judiciales se hacen por videoconferencia desde una rejilla metálica dentro del penal. No hay tribunal, no hay público, no hay periodistas, solo una pantalla, un micrófono y un secretario en funciones de juez del otro lado. Así comparece el hombre que George Bush llamó estrella prometedora de la política mexicana desde una rejilla ante un secretario sin juez titular siquiera.
Y eso es lo que queda de Tomás Jrington, un hombre que nació en una casa rentada con 12 hermanos en Matamoros, Tamaulipas, que no tenía nada, que subió desde la pobreza más absoluta de la frontera norte hasta la gubernatura del estado más codiciado del narcotráfico en México, que tuvo al presidente de Estados Unidos diciéndole que era una estrella en público ante las cámaras, ante el mundo, que tuvo una isla privada con un puente de 74 millones de pesos construido con dinero público.
por el gobernador de otro estado, solo para complacerlo, que tuvo yates, aviones, ranchos ganaderos, equipos de fútbol, 17 empresas de bienes raíces en Texas y 33 lotes en un condado fronterizo, que tuvo prestanombres tan poderosos que uno de ellos era dueño de un club de primera división y que hoy duerme en una celda de máxima seguridad del altiplano a 2 horas de la Ciudad de México, en un penal rodeado de montañas y niebla en el Estado de México.
a los 68 años, con el pelo blanco, con la cara demacrada, con tres procesos penales abiertos que van a tardar años en resolverse, con la certeza de que aunque le desbloqueen las cuentas, aunque gane todos los amparos del mundo, aunque sus abogados encuentren cada resquicio legal que exista en el sistema de justicia mexicano, los procesos van a seguir y esos años, los que le quedan los va a pasar en el altiplan.
Lo más brutal de esta historia no es lo que Jarrington hizo. Lo que Jarrington hizo tomar dinero del cártel del Golfo, comprar propiedades con sobornos, usar prestanombres para esconder su fortuna, lavar millones de dólares en bienes raíces de Texas. Lo han hecho muchos gobernadores mexicanos antes que él y lo siguen haciendo después de él.
Lo más brutal de esta historia es la secuencia de humillaciones que Jarrington acumuló en su caída, una tras otra, sin pausa, sin clemencia. Fue detenido en un restaurante turístico de la plaza más famosa de Florencia, negando ser quien era, con el pasaporte robado de un niño de 12 años de Chihuahua.
fue encerrado en la cárcel de Solixiano, la más grande de Florencia, con un abogado de oficio porque rechazó la asistencia consular de su propio país, porque ni siquiera quería que México supiera dónde estaba. Fue extraditado a Estados Unidos y procesado durante años con 15,000 documentos y 100,000 páginas de evidencia en su contra.
admitió bajo juramento ante una corte federal haber aceptado 3,illones y medio de dólares en sobornos del narco. Pasó 7 años en cárceles de tres países distintos, Italia, Estados Unidos, mientras todo lo que había construido durante décadas se desmoronaba pieza por pieza. Fue deportado y entregado en una garita fronteriza como un paquete, como mercancía de vuelta, como un producto que nadie quiere.
entró al altiplano en una camioneta blanca rodeado de 15 agentes armados y desde dentro de una rejilla de prácticas no una sala de audiencias con tribunas y público, una rejilla metálica dentro de un penal de máxima seguridad, compareció ante jueces por videoconferencia mientras le leían acusaciones que llevaban 13 años esperándolo en un cajón.
El hombre que George Bush llamó estrella prometedora de la política mexicana compareció ante un secretario en funciones de juez. ni siquiera tenía juez titular asignado. El aspirante a presidente de México fue procesado por un funcionario interino y mientras Jarrington se pudre en el altiplano, el imperio que construyó con dinero del narco se desintegra como si nunca hubiera existido.
Pieza por pieza, propiedad por propiedad, empresa por empresa. La PGR decomisó la isla Frontón, la isla que tuvo un puente de 74 m00ones construido solo para él. Hoy esa isla no tiene dueño. El puente sigue ahí, cruzando la laguna de Tamiagua, conectando tierra firme con un pedazo de terreno que nadie reclama. 74 millones de pesos de dinero público convertidos en un puente hacia la nada.
Las casas en Macal, en Texas fueron abandonadas. Las propiedades en la isla del padre fueron confiscadas por el gobierno estadounidense. El condominio en Port Isabel lo entregó él mismo como parte de su declaración de culpabilidad. El avión privado fue incautado y sus registros de propiedad fueron anulados. Las cuentas bancarias estuvieron congeladas durante 7 años por la WIF, 7 años sin poder tocar un centavo, mientras él pudría en una celda de Thomson, Illinois.
Las 17 empresas de bienes raíces que Cano Martínez tenía registradas en Texas fueron clausuradas o abandonadas. Los 33 lotes en el condado de Cameron perdidos, el yate decomizado, los ranchos asegurados por la autoridad, la tequilera, la aerolínea, la compañía de cable, los centros comerciales, todo evaporado.
Fernando Alejandro Cano Martínez, el prestanombres principal, el empresario que llegó a ser dueño de un equipo de fútbol de primera división fue expuesto por la persona que menos esperaba, su propia esposa. El divorcio de Sonia de Pau García en 2008 destapó la fortuna entera. Lo que no logró el FBI en 5 años de investigación lo logró una mujer que quería la mitad de los bienes conyugales.
Antonio Peláez Pierre, el segundo prestanombres, el que tenía la isla a su nombre, fue catalogado como cómplice en la red de lavado. Los ocho presuntos testaferros identificados por la PGR fueron llamados a comparecer. La red entera se desilachó hilo por hilo, nombre por nombre. propiedad por propiedad, no queda nada, solo los expedientes judiciales y los muros del altiplano.
En 1998, un joven político ambicioso de Matamoros tocó la puerta del cártel del Golfo y pidió dinero para su campaña a gobernador de Tamaulipas. No lo obligaron, no lo amenazaron, no lo presionaron. Fue él quien tocó la puerta, fue él quien buscó al narco. Fue él quien ofreció el pacto. Fue él quien puso precio a un estado entero.
A cambio de dinero para ganar una elección, vendió la seguridad, la paz y la vida de millones de tamaulipecos que después pagaron con sangre la guerra del narcotráfico que él ayudó a financiar. En 2017, la policía italiana lo encontró cenando tranquilo en una plaza de Florencia con un pasaporte falso robado a un niño de 12 años, cenando como si fuera un jubilado europeo de vacaciones, como si no existieran las fichas rojas de Interpol con su cara, como si el gobierno de México no hubiera ofrecido 15 millones de pesos de recompensa por
su captura, como si el FBI y la DEA no llevaran 14 años acumulando evidencia en su contra. como si la historia no le estuviera pisando los talones. Entre esos dos momentos, entre el político que tocó la puerta del cártel en 1998 y el preso que comparece desde una rejilla en 2026, hay 3,illon y medio de dólares en sobornos admitidos bajo juramento.
Una isla privada con un puente de 74 millones de pesos de dinero público. 17 empresas fantasma en Texas, 33 lotes comprados con dinero del narco en un condado fronterizo, un equipo de fútbol de primera división usado como fachada de lavado. Un prestan hombres destapado por su propia esposa. Un pasaporte robado a un niño de 12 años de Chihuahua, 7 años de cárcel en dos países diferentes, una condena de 9 años en Estados Unidos y tres autos de formal prisión en México que le cayeron encima como losas de concreto cuando pensó que
ya era libre. Tomás Yarrington pasó de compartir una casa rentada con 12 hermanos en Matamoros a tener una isla privada frente a la laguna de Tamiagua con un puente construido solo para él. Hoy no tiene ni la casa rentada, no tiene la isla, no tiene el puente, no tiene el yate, no tiene los ranchos, no tiene las empresas, no tiene el avión, no tiene la libertad.
Hoy tiene tres procesos penales abiertos en Juzgados federales de México. Tiene un auto de formal prisión por narcotráfico. Tiene otro por lavado de dinero, tiene otro por delincuencia organizada. Tiene una condena ya cumplida de 9 años en Estados Unidos que no le sirvió absolutamente para nada porque México lo estaba esperando con 13 años de evidencia acumulada.
tiene las cuentas bancarias desbloqueadas, pero sin poder gastar un solo peso porque está encerrado en una celda de máxima seguridad sin derecho a fianza y tiene 68 años cumplidos y la certeza matemática de que los procesos judiciales que enfrenta van a durar más tiempo del que le queda de vida útil. George Bush lo llamó estrella prometedora de la política mexicana.
La policía italiana lo detuvo cenando pasta en Florencia con el pasaporte de un niño. Un juez de Texas lo condenó a 9 años por lavar dinero del narco. Y México su propio país, el país que gobernó durante 6 años, lo estaba esperando con tres órdenes de arresto que llevaban más de una década juntando polvo en un cajón de un juzgado de matamoros.
Porque en México la justicia a veces tarda, tarda años, tarda décadas, pero cuando llega llega con intereses y los intereses de 13 años son muchos. Si quieres saber cómo otro gobernador del PRI terminó con 800 caballos con silla de oro y diamantes, un fiscal que confesó haber matado a 10 personas por él y una celda en un penal de Tepic del que no ha salido en 5 años, dale al video de Roberto Sandoval que te aparece en pantalla. M.
