En el complejo tablero de la política y el poder en Venezuela, pocas figuras han logrado transitar por senderos tan diversos —y a menudo cuestionados— como la de Antonio Álvarez Cisneros, mejor conocido en el imaginario colectivo como “El Potro”. De las canchas de béisbol a los escenarios musicales y de ahí a la cúspide de la administración pública, su trayectoria ha sido, cuanto menos, heterodoxa. Sin embargo, lo que ha salido a la luz recientemente no es un relato de éxito deportivo, sino una red de influencias, acusaciones de corrupción y presuntas prácticas criminales que han dejado atónito al país y puesto en duda la integridad de las instituciones que una vez presidió.
La reciente destitución de Álvarez del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) bajo la administración de la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, ha sido interpretada por muchos analistas como un intento de reajuste dentro de una misma arquitectura de poder. Pero lejos de ser un cierre definitivo, esta salida ha actuado como una puerta entreabierta hacia un submundo donde el deporte hípico, bajo su mandato, habría funcionado más como una empresa de recaudación criminal que como un ente destinado al fomento de la actividad atlética.
Un entramado de poder centralizado
Durante años, Álvarez concentró en sus manos una influencia inusitada. Documentos y registros oficiales dan cuenta de cómo llegó a ocupar simultáneamente cuatro cargos estratégicos: presidente de la Junta Liquidadora del INH, Superintendente Nacional de Actividades Hípicas, Comisionado Nacional de Loterías y presidente de la Fundación Poliedro de Caracas. Esta acumulación de poder, según múltiples testimonios, no fue producto del azar, sino el resultado de un respaldo directo desde la cúpula del poder Ejecutivo.
Sin embargo, para los críticos de su gestión, el problema no era solo la acumulación de cargos, sino la manera en que estos fueron utilizados. Se le acusa de haber convertido la actividad hípica —un sector que mueve millones de dólares semanalmente— en una maquinaria de presión y control. Según denuncias de propietarios y trabajadores del sector, quienes se negaban a seguir sus directrices o cuyos caballos ganaban carreras contraviniendo sus intereses, se enfrentaban a una serie de represalias que iban desde el acoso policial hasta la “siembra” de expedientes criminales.
![Antonio El Potro Álvarez en un evento oficial]
El lado oscuro: Calabozos privados y vínculos con el crimen
Lo que verdaderamente ha causado horror en la opinión pública son los testimonios que describen la existencia de lo que algunos denominan “calabozos privados” dentro del hipódromo de La Rinconada. Según las denuncias, el control de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en estas instalaciones habría sido ejercido bajo la discreción de Álvarez, permitiendo la detención ilegal de personas que representaban un obstáculo para sus negocios.
Se estima, de acuerdo con fuentes que han seguido el caso de cerca, que bajo su órbita llegaron a estar privados de libertad entre 150 y 180 individuos, en un escenario donde la justicia parecía ser un instrumento de venganza personal. Pero el horror no termina ahí. Investigaciones sugieren que el hipódromo habría servido de santuario para figuras del crimen organizado. Se ha mencionado, incluso, la supuesta protección brindada a Carlos Luis Revete, alias “El Coqui”, uno de los criminales más buscados en su momento, antes de ser abatido en 2022. Las fotos de Álvarez con líderes de pranes (jefes de bandas criminales dentro de las cárceles) han circulado ampliamente, alimentando la narrativa de una alianza entre el poder político y el brazo armado del crimen organizado.
La red judicial: ¿Quién cuidaba a El Potro?
La impunidad de la que gozó durante tanto tiempo no puede entenderse sin un componente judicial que la blindara. Voces dentro del sistema judicial venezolano apuntan a una red de protección tejida en los niveles más altos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Se ha señalado a la magistrada Elsa Gómez, de la Sala de Casación Penal, y a su secretaria, Jennifer Fuentes, como figuras clave en este engranaje.
Las versiones que circulan en el entorno judicial sugieren una relación sentimental entre Álvarez y Fuentes, quien además es sobrina de la magistrada Gómez. Esta tríada, según las denuncias, habría facilitado decisiones judiciales a favor de El Potro, creando un escudo protector que le permitió operar con total libertad, independientemente de las acusaciones que pesaban en su contra. Es, en esencia, la institucionalización de la impunidad: un sistema que legaliza la persecución desde arriba mientras los líderes de los penales imponen el terror desde abajo.
![Instalaciones del Hipódromo La Rinconada, centro de la polémica]
El negocio de las apuestas: ¿A dónde iba el dinero?
El sector hípico y de apuestas, bajo el mando de Álvarez, fue denunciado sistemáticamente por falta de transparencia. Se hablaba de cifras millonarias —superiores al millón de dólares semanalmente— que ingresaban por concepto de apuestas y que, según los señalamientos, no siempre terminaban en las arcas del Estado.
Ante los cuestionamientos, el exfuncionario siempre se defendió alegando que los recursos eran destinados a obras sociales, como el financiamiento de quimioterapias en clínicas privadas. No obstante, la ausencia de pruebas documentales o de una rendición de cuentas pública ha mantenido la duda latente. ¿Eran estas obras de caridad una realidad o una cortina de humo para justificar el flujo de capitales proveniente de una actividad que muchos dueños de caballos describen como “arreglada” en casi un 100%?
¿Cambiarlo todo para que no cambie nada?
La destitución de Álvarez ha sido recibida con escepticismo por gran parte de la sociedad venezolana. Ver al exfuncionario asistiendo a eventos hípicos poco después de su salida del cargo, conversando con jinetes y mostrando una actitud desafiante, plantea una pregunta fundamental: ¿ha perdido realmente su poder o está simplemente esperando el momento para retomar su posición?
Muchos observadores sugieren que en el sistema actual, las lealtades y los equilibrios internos pesan más que cualquier cargo formal. El relevo institucional puede no ser más que un ajuste cosmético —”cambios retráctiles”, como algunos los llaman— diseñado para aliviar la presión pública sin alterar la estructura fundamental del poder.
La historia de Antonio Álvarez es, en definitiva, un espejo de la realidad institucional venezolana. Es la crónica de cómo una figura pública puede fundir su identidad con la del Estado, utilizando los recursos y las armas de la administración para fines privados, alianzas criminales y el ejercicio de un poder absoluto que, hasta ahora, parecía intocable. La investigación sobre su gestión apenas comienza a rasgar la superficie de un sistema donde la justicia y el deporte se convirtieron en herramientas de terror y beneficio personal.
La pregunta que queda flotando en el ambiente, a medida que los detalles sobre los calabozos privados, las apuestas ilegales y las alianzas oscuras siguen saliendo a la luz, es si el sistema venezolano es capaz de una verdadera ruptura o si, por el contrario, estamos ante una pieza más de un engranaje que, incluso cuando parece desgastado, encuentra la forma de seguir girando sobre el mismo eje. La caída de El Potro es, sin duda, un evento significativo, pero lo que revela es mucho más profundo: la existencia de una red de complicidades que ha convertido el ejercicio del poder en una carrera de fondo donde, para muchos, la ética fue siempre un obstáculo y el horror, un método más de control.
A medida que el país observa con atención el desenlace de esta etapa, la figura de Álvarez permanece como un recordatorio constante de los riesgos de la impunidad y la urgencia de una transformación real. La lealtad, que él mismo promovía como el valor supremo, parece haber sido el cimiento sobre el cual se construyó este imperio en la sombra. Y ahora, mientras los reflectores apuntan hacia sus posibles sucesores, la sociedad venezolana se pregunta si el cambio anunciado traerá consigo una verdadera transparencia o si simplemente estamos presenciando un nuevo acto en una tragedia que parece no tener fin.
