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La Isla Privada de Pablo Escobar Lleva 9 Años en Venta. Su Comprador en DESAPARECIÓ Antes de Firmar.

 

Un hombre transfirió $10,000 un martes por la mañana. Esa misma tarde llamó a su abogado para confirmar que todo estaba en orden. El abogado le dijo que sí, que el proceso iba bien, que en menos de dos semanas firmarían ante notario. El hombre colgó el teléfono, salió de su oficina en Bogotá y nadie volvió a saber nada de él.

 Eso ocurrió en octubre de 2019. La propiedad que ese hombre quería comprar es una isla privada en el Caribe colombiano que perteneció a Pablo Escobar. Lleva más de 30 años en el mercado. El precio ha cambiado seis veces. Ha tenido cuatro compradores potenciales. Ninguno llegó a firmar. Pasé 4 meses revisando 100 páginas de registros notariales, expedientes de la Fiscalía General de la Nación y reportes de tres periodistas de investigación que trabajaron este caso entre 2019 y 2022.

Lo que encontré no es lo que nadie espera cuando escucha la historia de la isla de Escobar, porque la isla no está técnicamente en venta, nunca lo ha estado y eso lo explica todo. Pero para entenderlo, necesito que veas primero cómo se construyó esta historia desde el principio.

 Quédate porque la revelación que viene al final de este documental va a cambiar completamente la forma en que entiendes qué significa poseer algo en este país. Hay algo que la gente no sabe sobre Pablo Escobar y su relación con el mar. Todo el mundo conoce la Hacienda Nápoles. Todo el mundo conoce los hipopótamos, los aviones de juguete, los parques temáticos en medio de la selva antioqueña.

 Pero muy pocos saben que Escobar tenía una obsesión diferente, más privada y más costosa, con las islas del Caribe colombiano. No era una obsesión estética, no era el capricho de un hombre rico que quería playas bonitas, era operativa. Las islas ofrecen algo que ninguna hacienda interior puede garantizar. Rutas de salida en todas las direcciones, sin carreteras que bloquear, sin retenes que montar, sin vecinos que puedan ver quién llega y quién sale.

 En el Caribe colombiano de los años 80, quien controlaba una isla privada controlaba un punto de paso que ni el Estado ni la competencia podían vigilar completamente. Escobar compró su isla a mediados de los años 80. Los documentos exactos de la transacción nunca fueron completamente verificados por las autoridades colombianas.

 Lo que sí consta en los registros de la época es que la propiedad fue adquirida a través de una empresa pantalla registrada en Panamá, que el precio declarado fue significativamente inferior al valor real de mercado y que la operación se completó en menos de 3 semanas desde el primer contacto con el vendedor original.

 Eso en el contexto de Colombia en 1985 era lo normal. Era el método estándar de un hombre que en ese momento movía más dinero en una semana de lo que el gobierno colombiano recaudaba en un mes. Pero la isla tenía algo que Hacienda Nápoles no tenía. La isla era silenciosa. No había empleados permanentes, no había turistas ni visitantes ocasionales, no había periodistas con cámaras tratando de fotografiar lo que ocurría dentro.

 La isla existía en un punto del mapa donde la privacidad era absoluta porque la logística de llegar hasta ahí era suficientemente complicada para disuadir a cualquiera que no tuviera una razón muy específica para ir. Los registros que existen de la actividad en esa isla entre 1986 y 1993 son fragmentarios.

 Hay testimonios de pescadores de la zona que recuerdan ver embarcaciones llegar de noche y salir antes del amanecer. Hay una declaración de un excaborador de Escobar que menciona la isla como punto de transferencia, sin dar más detalles. Y hay algo más, algo que no aparece en ningún expediente oficial, pero que tres fuentes independientes confirmaron de forma separada durante los 4 meses que tardé en investigar este documental.

La isla tenía infraestructura subterránea, no decorativa, no de almacenamiento de materiales de construcción, infraestructura funcional construida con técnicas que en aquel momento solo usaban dos tipos de personas en Colombia. Los que construían búnkeres militares del Estado y los que no querían que el Estado supiera lo que guardaban.

Eso es lo que hay debajo de esa isla y eso es lo que el comprador de 2019 descubrió cuando contrató a un equipo de ingenieros para hacer el estudio de suelos previo a la compra. Pero no me adelanto, porque antes de llegar a 2019 necesito que entiendas por qué esta isla lleva 30 años en un limbo legal que no es accidental, porque nada de lo que rodea a esta propiedad es accidental.

Cuando Escobar murió en diciembre de 1993, el Estado colombiano inició el proceso de incautación de todos sus bienes conocidos. La Hacienda Nápoles fue la más mediática. Las propiedades en Medellín, Bogotá y otras ciudades fueron intervenidas con mayor o menor éxito. Los activos financieros en el extranjero se perdieron casi en su totalidad.

La isla apareció en la lista inicial de bienes por incautar y entonces desapareció de la lista. No porque alguien la tachara deliberadamente, no porque hubiera una orden firmada que la excluyera del proceso. Simplemente en el proceso de depuración de los registros, la isla quedó fuera de los bienes formalmente incautados porque la titularidad legal seguía vinculada a la empresa panameña, que en términos técnicos no era propiedad de Escobar, sino de una persona jurídica distinta.

 Y esa persona jurídica, en el caos administrativo de los años posteriores a la muerte del capo, nunca fue liquidada ni sus activos transferidos al Estado de forma definitiva. Eso creó lo que los abogados especializados describen como un limbo de titularidad. La isla existe, tiene coordenadas, tiene valor de mercado, pero quien tiene el título legal es una empresa que en términos prácticos no existe, cuyos directivos originales están muertos o desaparecidos y cuya liquidación nunca se completó.

 El primer intento de venta registrado ocurrió en 1998. Un empresario venezolano contactó a través de intermediarios a los representantes legales de la empresa panameña. Las negociaciones duraron 6 meses. El precio acordado fue de 1.8 millones de dólares. Faltaban 4 días para la firma del contrato cuando el empresario venezolano retiró su oferta sin explicación y cortó todo contacto con los intermediarios.

No hubo comunicado, no hubo carta, no hubo reunión de cierre. Una mañana simplemente dejó de responder el teléfono. En 2003 hubo un segundo intento. Un grupo de inversión inmobiliaria con base en Miami llegaron con abogados, con un plan de desarrollo turístico, con financiamiento estructurado.

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