El ajedrez político en la frontera norte de México se encuentra en uno de sus puntos más álgidos. Las declaraciones de los mandatarios estatales suelen tener un eco profundo debido a la delicada relación bilateral con los Estados Unidos, pero cuando los discursos abandonan la diplomacia para adentrarse en la confrontación mediática, la línea entre la estrategia electoral y la realidad institucional se desibuja por completo. Este es el escenario que actualmente envuelve a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos Galván, cuyas recientes e incendiarias afirmaciones sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) han encendido un debate nacional de proporciones mayúsculas, exponiendo agudas contradicciones dentro de su propia administración.
La mandataria chihuahuense causó un revuelo internacional al asegurar de forma categórica que el T-MEC se encontraba al borde de la cancelación y que existía un riesgo inminente de que no se formalizara su continuidad. Campos utilizó como argumento central la situación de seguridad en el país y las acusaciones que pesan sobre ciertos actores políticos del oficialismo, exigiendo de manera formal que el gobierno federal entregara al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a las autoridades estadounidenses. Esta postura, que fue interpretada por analistas y opositores como una asunción de funciones que no le corresponden —actuando casi como una vocera de los sectores más radicales de Washington o del propio Donald Trump—, encendió las alarmas de la opinión pública.
os intentó equilibrar su discurso manifestándose en contra de cualquier intervención militar unilateral por parte de los Estados Unidos en territorio mexicano, una idea que ha flotado en los círculos políticos del país vecino. La gobernadora enfatizó que la integridad territorial de México no es negociable; sin embargo, responsabilizó directamente a la administración federal de Morena por generar las condiciones que propician dicho debate. Según la mandataria del Partido Acción Nacional (PAN), la discusión extranjera sobre una intervención no surge de la nada, sino de la supuesta protección institucional a funcionarios señalados por agencias norteamericanas.
No obstante, esta narrativa de firmeza frente al crimen organizado y defensa de la legalidad internacional no tardó en fisurarse al ser contrastada con la realidad operativa de su propio estado. Voces críticas de la izquierda mexicana, encabezadas por la senadora chihuahuense Andrea Chávez, cuestionaron duramente la autoridad moral de la gobernadora para emitir tales juicios. Chávez arremetió contra lo que calificó como una “doble moral y cinismo sin precedentes”, recordando que el estado de Chihuahua ocupa los primeros lugares nacionales en índices de homicidios dolosos e inseguridad generalizada, una problemática que la administración local no ha logrado mitigar.
Además, los cuestionamientos escalaron al ámbito de la seguridad nacional. Se señaló de manera directa que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, una institución que constitucionalmente depende del Ejecutivo estatal y carece de la autonomía plena observada en otras entidades, mantuvo durante años a agentes encubiertos de agencias de inteligencia extranjeras, como la CIA, operando dentro de la Agencia Estatal de Investigación (AEI). Esta situación ha sido denunciada penalmente como una flagrante violación a las leyes de seguridad nacional vigentes en México, arrastrando a la gobernadora a un terreno de presunta ilegalidad del cual ha evitado declarar formalmente.
El escándalo de lavado de dinero en el gabinete de Chihuahua
La contradicción más severa para el discurso de Maru Campos provino directamente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la misma instancia judicial a la que ella apelaba para exigir justicia en otros estados. Documentos oficiales de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) revelaron un vínculo sumamente comprometedor que involucra a un alto funcionario de la estructura de seguridad de Chihuahua.
El subsecretario del Sistema Penitenciario Estatal, Ricardo Fernández Acosta —nombrado y respaldado bajo la gestión de Campos—, fue identificado como accionista de la empresa Grupo Especial Mamba Negra. Esta entidad comercial fue formalmente sancionada por las autoridades estadounidenses bajo acusaciones graves de lavado de dinero a gran escala en favor de una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas del país: el Cártel de Sinaloa.
“Para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. La gobernadora habla de narcogobiernos en el sur, pero guarda un silencio cómplice cuando los hilos del lavado de dinero internacional tocan las puertas de sus propias oficinas penitenciarias”, sentenció Andrea Chávez en una de las respuestas más severas dirigidas a la mandataria norteña.
Este hallazgo desarmó por completo la estrategia discursiva de la gobernadora, evidenciando que el entorno que coordina las prisiones del estado donde ella gobierna estaba infiltrado por intereses financieros bajo la lupa de Washington, sepultando la narrativa de que la impunidad y los nexos delictivos pertenecen en exclusiva a la acera política de enfrente.
La realidad económica: Marcelo Ebrard desmiente el colapso del T-MEC
Mientras el debate político local se encendía con acusaciones mutuas, la realidad del tratado comercial más importante del planeta tomó un rumbo diametralmente opuesto a las sombrías predicciones de Campos. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, junto con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ofrecieron un detallado informe tras concluir una ronda de conversaciones formales y de alto nivel en Washington D.C., echando por tierra cualquier rumor sobre una supuesta cancelación del acuerdo.
Ebrard aclaró que las mesas de trabajo con los representantes estadounidenses y canadienses no están discutiendo si el tratado continuará o no, sino bajo qué modalidades se estructurará su renovación a largo plazo. Las opciones sobre la mesa implican una extensión automática del acuerdo por 16 años o un esquema de permanencia por 10 años sujeto a revisiones periódicas y sistemáticas.
La propia presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el avance terso de las negociaciones, adelantando que el inicio formal del proceso trilateral está programado para este primero de julio de manera virtual, abriendo paso a la redacción final de los textos detallados a mediados del mismo mes en la Ciudad de México. El bloque comercial genera las mayores ganancias regionales del mundo según datos del Banco Mundial, lo que vuelve inviable una ruptura por mero capricho político.
Entre la desesperación del 2027 y la fantasía del 2030
Para los analistas políticos, el inusual y estridente comportamiento de Maru Campos obedece a un factor estrictamente electoral y de supervivencia política de cara al mediano plazo. Con la renovación de la gubernatura de Chihuahua programada para el año 2027, el partido de la mandataria enfrenta un desgaste natural y un avance considerable de las fuerzas de oposición en el estado.
En su desesperación por reposicionarse en la escena nacional y construir una narrativa que le permita aspirar a una candidatura presidencial hacia el año 2030, la gobernadora optó por la radicalización de su discurso, emulando estrategias utilizadas anteriormente por otras figuras de su partido que terminaron chocando con la realidad de las urnas. Al final del día, el intento de utilizar el T-MEC como un arma de golpeteo político naufragó ante la frialdad de los datos económicos internacionales y las deudas pendientes que su propia administración mantiene en materia de seguridad, transparencia y legalidad interna.
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