8 UNIFORMADOS INFILTRADOS DURANTE AÑOS: LA INVESTIGACIÓN QUE REVELÓ A LOS TRAIDORES DE MANZANILLO

de vigilancia, se rastrean reportes ciudadanos, información que debería usarse para proteger, no para atacar.
Estos uniformados tenían acceso privilegiado. Cada vez que llegaba un reporte de actividad sospechosa, ellos lo sabían. Cada vez que se planeaba un operativo ellos lo sabían. Cada vez que se instalaba un punto de revisión ellos lo sabían. Y segundos después el CGNG también lo sabía. La aplicación Treema funcionaba como un canal directo entre la policía municipal y las células criminales.
Un mensaje cifrado, una ID aleatorio sin nombre ni número telefónico asociado. Imposible de rastrear a simple vista. Los sicarios recibían alertas en tiempo real. Retén en la salida a Tecomán, operativo en la colonia Las Brisas, detención en proceso cerca del malecón y entonces desaparecían. Cambiaban de ruta, escondían la droga, movían las armas, dejaban a sus víctimas en otro lugar.
Las autoridades llegaban siempre tarde, nunca encontraban nada. Las investigaciones se estancaban, los criminales seguían libres y la gente de Manzanillo seguía muriendo. Pero había algo más. No solo filtraban información defensiva para evitar detenciones, también pasaban datos ofensivos, nombres de testigos protegidos, direcciones de víctimas potenciales, movimientos de empresarios que se negaban a pagar extorsión, ubicaciones de rivales del cártel.
Información que no debía salir jamás de las oficinas de seguridad terminaba en manos de quienes la usaban para secuestrar, extorsionar y asesinar. El caso, que finalmente los descubrió, comenzó con un crimen que sacudió a Colima 2 años antes. El 9 de febrero de 2024, Alfredo Chávez González, secretario general del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, fue asesinado, un funcionario público eliminado en plena luz del día.
Las investigaciones comenzaron inmediatamente durante el cateo en la colonia Santa Amalia de Colima. Los agentes aseguraron evidencia crucial, teléfonos celulares. Al extraer la información, descubrieron algo que nadie esperaba. Conversaciones entre EMA, mensajes entre policías y miembros del CNG, coordenadas, horarios, reportes del C5A copiados y pegados textualmente.
La fiscal general del Estado, Briant Alejandro García Ramírez, confirmó que el tipo de información compartida solo podía provenir de corporaciones de seguridad. Nadie más tenía acceso a esos datos. La conclusión era inevitable. Había infiltración desde adentro y no eran policías nuevos ni inexpertos. Eran veteranos, gente con una década o más de servicio.
Rolando, con 21 años, prácticamente había construido su carrera entera mientras trabajaba para el enemigo. Miguel Ángel, con 25 años, llevaba un cuarto de siglo vistiendo un uniforme que estaba manchando cada día. ¿Cuántas operaciones fracasaron por culpa de ellos? ¿Cuántos sicarios escaparon gracias a sus alertas? ¿Cuántas víctimas podrían haberse salvado si estos traidores hubieran hecho su trabajo? La presidenta municipal de Manzanillo, Brosa María Ballardo Cabrera, lo resumió con palabras duras pero precisas.
Traicionaron la confianza del pueblo al coludirse con quienes buscan arrebatarle la paz a la población. Pero las preguntas seguían sin respuesta. ¿Cuánto dinero recibían? ¿Desde cuándo operaban así? ¿Quién más estaba involucrado? Lo que los investigadores encontrarían después revelaría la verdadera magnitud del horror.
La tecnología que los protegió durante años terminó siendo su perdición. Trema es una fortaleza digital. Cifrado de extremo a extremo. Servidores en Suiza sin rastro de metadatos. Los mensajes se borran automáticamente después de ser entregados. Incluso si las autoridades interceptan las comunicaciones, lo único que ven es código ininteligible.
Por eso la usan periodistas de investigación en países autoritarios. Por eso la prefieren activistas que defienden derechos humanos bajo amenaza y por eso la adoptó el cártel Jalisco Nueva Generación. Documentos obtenidos de las cabañas que usaban Nemesio o Ceguera Cervantes, conocido como El Mencho, antes de su captura en febrero pasado, revelaron que el cártel pagaba mensualmente por decenas de cuentas de esta aplicación.
No solo para narcotráfico, también para coordinar hackers que vulneraban sistemas financieros y bases de datos gubernamentales. Pero había un punto débil. Los teléfonos físicos, el cateo en la colonia Santa Amalia fue la grieta en el muro. Dos celulares asegurados durante la investigación del asesinato de Alfredo Chávez González contenían información que los peritos forenses tardaron meses en extraer completamente, conversaciones fragmentadas, identificadores de usuarios sin nombres reales, pero los patrones eran claros.
Los mensajes seguían una estructura repetitiva, horarios exactos de operativos, coordenadas geográficas de retenes, nombres en clave de objetivos del cártel y algo más revelador, reportes textuales del seting coai copiados palabra por palabra, información tan específica y detallada que solo alguien dentro del sistema podía tenerla.
El fiscal García Ramírez explicó que el análisis cruzado de horarios fue fundamental. Cada vez que aparecía un mensaje sobre un reténema, los registros oficiales confirmaban que efectivamente se había instalado ese retén a esa hora. Cada vez que se mencionaba una detención, los archivos policiales mostraban que esa detención había ocurrido minutos antes del mensaje.

No había margen de error, la correlación era perfecta. Entonces comenzó la vigilancia interna. Sin que los sospechosos lo supieran, cada movimiento fue monitoreado. ¿Quién accedía al sistema del Secoai? ¿Y cuándo? ¿Quién consultaba información sensible sin justificación operativa? ¿Quién enviaba mensajes? Justo después de recibir reportes confidenciales.
Los patrones señalaban a los mismos ocho nombres, siempre los mismos, coordinados como si fueran una célula dentro de la célula. Pero la investigación también reveló algo inquietante. No estaban solos. Otros casos similares habían ocurrido en Colima recientemente. En agosto de 2024, otros ocho policías municipales de los municipios de Colima y Villa de Álvarez habían sido detenidos por exactamente los mismos cargos.
Siete hombres y una mujer acusados de filtrar información al CGY. ¿Era una coincidencia o había una red mucho más grande infiltrada en las corporaciones de seguridad de todo el estado? Las autoridades también encontraron evidencia de que algunos de estos uniformados mantenían contacto directo con operadores del cártel identificados con apodos como el Bolillo, un expicía estatal que había renunciado en 2014 y posteriormente fue detenido múltiples veces por su presunta participación en asesinatos para el CGNG. En Manzanillo, la línea entre
policía y criminal se había borrado completamente. Lo más perturbador era pensar en las víctimas. Familias que reportaron amenazas al C3 segundo, confiando en que las autoridades actuarían. Empresarios que denunciaron extorsiones creyendo que estarían protegidos. Testigos que colaboraron con investigaciones esperando anonimato.
Y todos esos datos terminaron en manos de los mismos criminales que los amenazaban. Pero la pregunta seguía sin respuesta. ¿Actuarían las autoridades esta vez? 15 de abril de 2026. El operativo se ejecutó al amanecer. Elementos de la Fiscalía General del Estado, apoyados por la Policía Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina rodearon las viviendas de los ocho sospechosos.
Las órdenes de aprensión estaban firmadas. Los cargos fundamentados en meses de investigación no hubo resistencia, no hubo violencia, solo el silencio pesado de quienes saben que fueron descubiertos. La rueda de prensa fue contundente. La presidenta municipal, Rosa María Vallardo Cabrera, no ocultó su indignación.
Habló de traición, de confianza rota, de uniformes manchados. Prometió que quienes vistieron la placa para proteger criminales enfrentarían todo el peso de la ley. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Fabián Ricardo Gómez Calcanio, anunció medidas inmediatas. El plan cuadrante se implementaría en Manzanillo con un despliegue de 24 nuevas patrullas, controles de confianza más rigurosos, monitoreo constante del personal, cero tolerancia a la corrupción, palabras fuertes, promesas necesarias. Pero
Colima ya había escuchado promesas antes. El problema no son ocho policías corruptos. El problema es un sistema que permite que ocho policías con más de 10 años de servicio operen para el crimen organizado sin ser detectados durante años. Un sistema donde la infiltración del narcotráfico no es la excepción, sino un patrón recurrente.
Agosto de 2024, ocho policías detenidos. Abril de 2026, otros ocho detenidos. ¿Cuántos más siguen activos? ¿Cuántos pasaron desapercibidos? ¿Cuántos están en este momento leyendo reportes del SECOI para enviarlos al cártel? Las evaluaciones de control de confianza existen en papel. Los protocolos de supervisión están escritos en manuales.
Las sanciones están contempladas en reglamentos. Pero en la práctica, veteranos con décadas de servicio pueden trabajar para el enemigo sin levantar una sola alarma. Hay otra pregunta que nadie quiere hacer en voz alta. ¿Cómo pagaban los superiores de estos ocho? Los comandantes sabían los directores de seguridad municipal estaban al tanto hasta dónde llega realmente la infiltración, porque si ocho policías rasos pueden filtrar información del Secoai, ¿qué impide que alguien en un puesto más alto haga lo mismo? La gobernadora Indira Biscaíno
Silva expresó su respaldo total a las investigaciones y prometió recursos para fortalecer las corporaciones. Pero los recursos no resuelven el problema de fondo. Colima no necesita más patrullas, necesita policías en quienes se pueda confiar. El Estado tiene uno de los índices de violencia más altos del país.
En 2023, Colima fue clasificada como una de las ciudades más peligrosas del mundo, no por falta de elementos policiales, por falta de elementos honestos. Y mientras las autoridades anuncian planes cuadrantes y nuevos operativos, las familias que perdieron a alguien por culpa de información filtrada por estos traidores siguen sin respuestas.
Nadie les ha dicho cuántos casos quedaron impunes porque los sicarios fueron alertados a tiempo. Nadie les ha explicado por qué confiaron en un sistema que tenía el enemigo desde adentro. Los ocho detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales. Si son declarados culpables, enfrentarán de prisión, pero el daño ya está hecho.
Las vidas perdidas no regresan. La confianza destrozada no se reconstruye con comunicados de prensa y mientras las autoridades guardaban silencio sobre las fallas sistémicas, la gente comenzaba a exigir justicia. Las redes sociales de Manzanillo explotaron antes que las declaraciones oficiales terminaran.
Familias que habían perdido negocios por extorsiones, madres que buscaban a hijos desaparecidos, comerciantes que pagaban cuotas al crimen organizado para sobrevivir. Todos compartían la misma pregunta. Cuántas veces llamamos al 911 creyendo que nos protegerían sin saber que nuestra llamada terminaría en manos del cártel. La indignación no era solo por los ocho detenidos, era por todo lo que representaban, de impunidad, décadas de infiltración, generaciones de colimenses creciendo con la certeza de que las autoridades no estaban de su lado. Un usuario en redes
escribió, “Mi hermano fue levantado hace 3 años. Reportamos el carro sospechoso, dimos placas, nada pasó. Ahora entiendo por qué. Otro compartió, pagamos impuestos para que nos cuiden y resulta que los pagamos para que nos traicionen. Las protestas no se hicieron esperar. marchas en el malecón de Manzanillo, plantones frente a las oficinas municipales, exigencias de investigaciones más profundas, porque si ocho policías operaron durante años sin ser detectados, ¿cuántos más están todavía activos? La presidenta municipal
Ballardo Cabrera insistió en que las detenciones demuestran que el sistema funciona, que la justicia llega, que nadie está por encima de la ley, pero la gente ya no cree en palabras, cree en resultados. Este caso refleja algo más grande que Colima. Es el espejo de un país donde la corrupción no es un defecto del sistema, sino parte del diseño, donde el narcotráfico no infiltra las instituciones porque encuentran grietas.
sino porque las grietas fueron construidas para ellos. México tiene más de 350,000 policías. ¿Cuántos trabajan realmente para proteger? ¿Cuántos trabajan para el otro lado? ¿Y cuántos simplemente miran hacia otro lado porque saben que enfrentarse al sistema es más peligroso que tolerarlo? Los ocho detenidos en Manzanillo no inventaron el problema, solo lo ejecutaron.
Alguien los reclutó, alguien los protegió, alguien se benefició de su traición y ese alguien probablemente sigue libre. Mientras tanto, las familias de Colima intentan reconstruir su confianza en un sistema que les ha fallado repetidamente. Algunos siguen llamando al 911 cuando tienen problemas, aunque ya no están seguros de quién responderá del otro lado.
Otros han dejado de reportar crímenes completamente asumiendo que es inútil y el CJ sigue operando. Conocí estos ocho policías. Conocí la aplicación tremá porque los cárteles no dependen de la tecnología, dependen de la corrupción. Y mientras haya uniformes dispuestos a venderse, habrá criminales dispuestos a comprarlos.
La pregunta que nadie quiere hacer es la más importante. ¿Cuántos Rolandos, Noras, Sergios, Josés, Robertos Martínez y Migueles siguen patrullando las calles de México en este momento? La respuesta debería aterrarnos, porque si tardaron años en descubrir a estos ocho con toda la evidencia en su contra, ¿cuánto tardarán en descubrir a los que aprendieron a esconderse mejor? Manzanillo sigue esperando respuestas.
Colima sigue esperando justicia y México sigue esperando el día en que poder confiar en quienes juran protegerlo no sea un acto de fe ciega, sino una certeza fundamentada. Mientras tanto, la paz que tanto prometen las autoridades sigue siendo solo eso, una promesa. Y las promesas en un país donde los policías trabajan para el crimen organizado ya no significan nada.