El detonante: Un juez “Solo ante el peligro”
El ambiente político y judicial en España ha alcanzado un nuevo y peligroso punto de ebullición. La reciente decisión del juez Juan Carlos Peinado de retirar el pasaporte a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha generado un terremoto sin precedentes en las más altas esferas del poder. Sin embargo, no fue solo la audaz medida cautelar lo que desató la furia de Moncloa, sino la impactante justificación esgrimida por el magistrado en su auto: la advertencia directa y sin rodeos de que los propios escoltas asignados a la acusada podrían, por iniciativa propia o siguiendo “órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar para facilitar su fuga y evitar que se ponga a disposición de la justicia.
Para gran parte de la clase política oficialista, se trata de una acusación insólita e insultante contra los cuerpos de seguridad del Estado. Pero para observadores agudos y voces veteranas del periodismo, como el analista Alfonso Rojo en Periodista Digital, es simplemente la aplicación del más puro y básico sentido común, un instinto de supervivencia legal que está profundamente sustentado en la historia reciente y oscura de las instituciones de España.
“No todo el monte es orégano”: Policías honestos frente al poder
En un encendido y analítico comentario, Alfonso Rojo ha salido al paso de las críticas vertidas por distintos sectores y sindicatos policiales que tachan la afirmación del juez Peinado de “barbaridad”. Rojo se dirige con profundo respeto a aquellos miembros verdaderamente honorables de los cuerpos de seguridad, reconociendo que la inmensa mayoría de los agentes jamás incumplirían la ley ni se doblegarían ante los caprichos de un poder político en descomposición moral.
No obstante, la memoria histórica del país es implacable y no permite el lujo de mantener una confianza ciega. “No todo el monte es orégano”, advierte de manera tajante el director de Periodista Digital. La triste realidad es que la maquinaria del Estado ha sido utilizada, retorcida y manipulada en múltiples ocasiones para encubrir, proteger o directamente facilitar la evasión de figuras “intocables” cobijadas por las élites políticas.
El fantasma de Luis Roldán y la corrupción institucional
Para comprender de raíz el escepticismo fundado del juez Peinado, es imprescindible hacer un ejercicio doloroso de memoria nacional. Alfonso Rojo rescata de los peores capítulos de la política española el infame caso de Luis Roldán, el primer civil en llegar a dirigir la Guardia Civil. Roldán no solo saqueó sistemáticamente las arcas públicas —llegando al extremo moralmente reprobable de vaciar la caja destinada a los propios huérfanos de la institución que comandaba— sino que, cuando el cerco judicial se estrechó de forma definitiva, protagonizó una fuga internacional propia de una novela de espionaje.
Aquella huida se perpetró, indiscutiblemente, ante la inacción complaciente y la posible colaboración de eslabones clave dentro del propio Estado. Han pasado más de treinta años desde aquel vergonzoso escándalo, pero las profundas heridas de esa traición siguen latiendo, demostrando que cuando un sistema se ve amenazado desde dentro, los engranajes de la impunidad y la fuga se activan con una velocidad y eficacia pasmosas.
Cloacas, maleteros y la burla de Puigdemont
Avanzando en la línea de tiempo, el panorama no se vuelve más transparente. El periodista evoca la lúgubre figura del excomisario José Manuel Villarejo y su extensa red de favores subterráneos, recordando una oscura etapa en la que dependencias clave, como la Comisaría General de Información, operaban al margen de la más estricta legalidad, llegando al escandaloso punto de intervenir teléfonos por tarifas de 5.000 euros. Esta era de las cloacas policiales demuestra fehacientemente cómo las instituciones pueden ser mercantilizadas al servicio de agendas políticas inconfesables.
Pero si existe un episodio contemporáneo que encarne el ridículo institucional y la connivencia más flagrante en materia de evasiones, es el protagonizado por Carles Puigdemont. El arquitecto del golpe separatista en Cataluña logró mofarse de toda la inteligencia nacional escapando escondido en el maletero de un coche. Y como si aquel primer truco de escapismo no fuera suficiente humillación para el Estado de Derecho, recientemente se le permitió cruzar la frontera, irrumpir en Barcelona a plena luz del día para dar un mitin televisado y, ante la mirada atónita de millones de ciudadanos, volver a esfumarse sin que los descomunales operativos policiales lograran detenerlo. Resulta imposible concebir tal nivel de impunidad sin asumir que existieron órdenes superiores o una directriz táctica de “mirar hacia otro lado”. Con estos antecedentes sobre la mesa, las aprensiones del juez Peinado respecto a la mujer del actual presidente cobran todo el sentido del mundo.
El escándalo de las 40 maletas en la madrugada de Barajas
El historial de privilegios extralegales no se restringe a las fugas; las recepciones en la sombra también forman parte de esta cuestionable coreografía del poder. Rojo trae al presente el turbio incidente ocurrido en las pistas del aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Pese a tener terminantemente prohibido pisar suelo o espacio aéreo del territorio Schengen debido a graves sanciones internacionales de la Unión Europea, Rodríguez aterrizó amparada por la oscuridad, siendo recibida por el entonces peso pesado del Ejecutivo, José Luis Ábalos.
En aquella tensa madrugada, se encontraban presentes agentes de servicio y comisarios mientras se descargaban hasta 40 misteriosas maletas cuyo contenido sigue siendo un secreto de Estado a día de hoy. La paralización forzada de los agentes en la pista, incapacitados para actuar ante la flagrante vulneración de la legalidad internacional, es un recordatorio gélido de cómo las decisiones de un ministerio pueden asfixiar el deber de las fuerzas del orden.
La doble vara de medir: De Nacho Cano a la pasividad de la UCO
El uso partidista de la influencia institucional queda en evidencia, según subraya el análisis periodístico, en la aplicación selectiva de la presión policial. Como ejemplo de excesos y operaciones fabricadas, se cita el reciente episodio del músico Nacho Cano. Tras su manifestación pública de simpatía política hacia la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Cano fue sometido a una detención desmedida, terminando en los calabozos de Leganitos. Según se detalla, se habría presionado duramente a un grupo de jóvenes artistas mexicanas con el fin de forzar declaraciones de abusos para destrozar su imagen.
En contraste absoluto, cuando las pesquisas judiciales apuntan hacia el círculo íntimo del Gobierno, la maquinaria parece detenerse de golpe. Se señala con preocupación cómo generales y altos mandos habrían instado a la habitualmente implacable Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a “arrastrar los pies” y abandonar su característica proactividad al investigar casos que salpican al entorno cercano de Pedro Sánchez. Esta doble vara de medir —velocidad destructiva contra el crítico y parálisis protectora con el allegado— erosiona mortalmente la confianza pública.
