La arquitectura de la seguridad en México está atravesando uno de sus momentos más críticos y reveladores de las últimas décadas. Lo que comenzó como un despliegue táctico en el norte del país ha destapado una intrincada red que entrelaza operaciones militares de alto impacto, severas acusaciones políticas a nivel estatal y una creciente fricción diplomática con los Estados Unidos. En el centro de este torbellino mediático e institucional se encuentra el denominado “Operativo Murciélago”, una intervención de fuerzas especiales que ha puesto en evidencia la profunda penetración territorial de los grupos delictivos, pero también la contundente respuesta que el Estado mexicano está intentando articular en múltiples frentes.
Todo estalló recientemente en el estado de Durango. El 19 de junio, elementos del ejército mexicano establecieron un férreo cerco militar alrededor de la ex hacienda de San Lorenzo Calderón, una joya arquitectónica con más de cien años de antigüedad, una capilla del siglo XIX y una extensión de treinta hectáreas. Lo asombroso no fue únicamente el valor histórico del inmueble, sino la impunidad con la que operaban sus ocupantes. El propietario legítimo había denunciado desde el año 2024 que un grupo de la delincuencia organizada lo había despojado de su rancho. Durante
dos años, el crimen organizado utilizó este patrimonio histórico como su fortaleza, operando a la vista de todos hasta que finalmente llegaron las fuerzas de élite.
La intervención tardó 24 horas en concretarse desde que se instaló el perímetro. Cuando finalmente los soldados ingresaron al predio el 20 de junio, los ocupantes habían logrado escapar, pero dejaron atrás un parque vehicular que refleja el poderío económico de estas células: camionetas Ford Raptor, Chevrolet Silverado, Cadillac Escalade, Ford Bronco y armamento de grueso calibre. Este golpe forma parte del arribo de 790 elementos militares a la entidad, entre ellos 70 integrantes del cuerpo de élite conocido como los “Murciélagos”, desplegados tras la captura de líderes criminales en la región.
Sin embargo, la onda expansiva de este operativo militar golpeó inmediatamente la esfera política. A la par de los despliegues, comenzaron a circular fuertes investigaciones no oficiales que vinculaban al gobernador de Durango, Esteban Villegas, con facciones del Cártel de Sinaloa. El mandatario tuvo que salir en conferencia de prensa para negar categóricamente cualquier indagatoria en su contra, argumentando que ninguna autoridad le había notificado nada. El eco de esta controversia llegó hasta Palacio Nacional, donde la presidenta Claudia Sheinbaum también negó tener conocimiento directo de la investigación, delegando toda responsabilidad a la Fiscalía General de la República.
Mientras Durango concentra la atención política, Sinaloa fue el escenario de un golpe económico demoledor para las estructuras delictivas. En la zona de Los Mochis, la Secretaría de la Defensa Nacional ejecutó un operativo de inteligencia que derivó en el segundo decomiso de drogas sintéticas más grande en la historia de México y el mayor en la actual administración. Las autoridades aseguraron 24,400 litros de metanfetamina líquida, además de toneladas de precursores químicos. Este aseguramiento masivo representa una pérdida estimada en 9,000 millones de pesos para el Cártel de Sinaloa. En el lugar fue detenido un operador identificado como “Jorge”, revelando la magnitud industrial con la que estas organizaciones están produciendo narcóticos para el mercado internacional.
La violencia, por desgracia, no se limita a los bastiones tradicionales del norte. Entidades que históricamente gozaban de mayor tranquilidad están experimentando una brutal descomposición. En la capital de Puebla, corporaciones de seguridad se movilizaron tras el hallazgo de un vehículo incendiado que albergaba un cuerpo calcinado y un mensaje amenazante firmado por La Familia Michoacana, dirigido específicamente a un vicealmirante. Este acto de terrorismo urbano se suma a la absurda pero alarmante serie de operativos contra una banda local conocida como “Los ASolos”, donde la fiscalía estatal arrestó a 20 de sus integrantes en apenas dos semanas tras múltiples cateos en los que los criminales, increíblemente, regresaban a las casas clausuradas rompiendo los sellos de seguridad. Por su parte, el estado de Guanajuato sumó otra tragedia cuando hombres armados abrieron fuego contra civiles junto a un campo de fútbol en Salamanca, cobrando la vida de cinco personas, a días de las celebraciones patronales de la comunidad.
Esta vorágine de inseguridad interna está intrínsecamente ligada al tráfico internacional de armas, un problema que ha exacerbado las tensiones entre México y su vecino del norte. En un lapso muy corto, la Guardia Nacional detectó cargamentos ilegales de armas en un autobús de pasajeros en Piedras Negras, Coahuila, procedente de Illinois. Simultáneamente, el choque de un jet privado en Texas dejó al descubierto otro arsenal con destino sospechoso, y autoridades estadounidenses en Arizona incautaron más de 40,000 cartuchos que pretendían ser cruzados para surtir a los cárteles mexicanos.
Este flujo incesante de armas es el telón de fondo de una guerra de declaraciones de alto nivel. El presidente Donald Trump arremetió recientemente señalando que las organizaciones criminales son las que realmente dictan las reglas en varias regiones de México, a lo que la presidenta Claudia Sheinbaum respondió tajantemente que esa visión no corresponde a la realidad. No obstante, el ambiente diplomático se enrareció aún más con las revelaciones del próximo libro de Ken Salazar, en el cual se asegura que el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró una profunda preocupación tras la sorpresiva captura de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos, temiendo la información que el capo pudiera revelar. Según el texto, este evento fracturó temporalmente la confianza y congeló la relación bilateral en su momento.
Finalmente, el panorama se vuelve todavía más sombrío cuando las propias autoridades mexicanas desvelan los secretos de las alianzas entre los gigantes del narcotráfico. Tras casi un año de evasivas, el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó públicamente lo que era un secreto a voces: existió una alianza estratégica, operativa y financiera entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y la facción de Los Chapitos. Esta coalición, impulsada durante la vida de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, implicaba la transferencia directa de dinero, armamento y sicarios desde Jalisco hacia las zonas de conflicto en Sinaloa. Aunque el gobierno federal sostiene que este mega pacto criminal se disolvió tras la muerte de Oseguera, la reciente aparición de monumentales arreglos florales en su tumba por el Día del Padre, presuntamente enviados por altos mandos que buscan heredar el control, demuestra que las estructuras de estas organizaciones siguen vigentes, operando en las sombras y desafiando permanentemente la capacidad del Estado para garantizar la paz en la nación.
