El Palacio de la Prensa de Madrid se vistió de gala para la celebración de los Premios Público de 2026. Sin embargo, lo que inicialmente estaba planificado como un tradicional evento de reconocimiento profesional, se transformó de manera abrupta en un hito de la crónica periodística y política de España. En un clima de profunda expectación y ante un auditorio repleto de personalidades de la cultura, la judicatura y la comunicación, la veterana periodista de 64 años, Nieves Concostrina, subió al estrado para recoger el Premio de Periodismo. Lejos de limitarse a pronunciar los habituales agradecimientos institucionales, Concostrina se adueñó del micrófono para pronunciar una alocución de un calibre demoledor que dejó a la sala en un silencio sepulcral, sacudiendo los cimientos de la élite judicial y mediática del país.
“En España hay un golpe de estado mediático y judicial”, sentenció la comunicadora sin ambages ni eufemismos. Sus palabras, precisas como un escalpelo, no apuntaban al aire, sino que señalaban de manera directa e inequívoca las disfunciones de un sistema donde una parte del poder judicial y ciertos medios de comunicación parecen actuar coordinadamente para proteger intereses partidistas particulares y triturar reputaciones de adversarios públicos.
El eje vertebrador de la indignación de Concostrina y del posterior anális
is que ha sacudido las redes sociales radica en un acontecimiento sin parangón en la historia democrática española: la condena y posterior dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por parte del Tribunal Supremo. García Ortiz, presente en la gala tras haber sido designado como el “personaje del año”, se convirtió en el reflejo viviente de lo que muchos expertos califican como un caso de manual de “lawfare” o guerra judicial. La periodista denunció con suma vehemencia el “acoso y derribo público” al que fue sometido el ex fiscal, calificándolo como una “demostración insoportable de chulería” institucional por parte de un Tribunal Supremo cuya sentencia, según sus palabras, parecía dictada de antemano, desoyendo los testimonios exculpatorios de hasta 40 periodistas que declararon en la causa.
Un detalle escalofriante aportado por Concostrina, y que pasó inadvertido para la gran mayoría de los analistas, fue la fecha elegida por el Alto Tribunal para comunicar el fallo: el 20 de noviembre. Se trata de la jornada más cargada de simbolismo del santoral franquista, al conmemorarse los fallecimientos de Francisco Franco en 1975 y de José Antonio Primo de Rivera en 1936. Para la galardonada, la elección de ese día específico entre los 365 disponibles en el calendario no constituye en absoluto una mera coincidencia. “Nos quisieron decir desde el Tribunal Supremo que Franco sigue siendo su guía”, aseveró con crudeza, abriendo un encendido debate sobre la politización y la falta de contrapesos democráticos en las altas esferas de la magistratura.
Para comprender el origen de esta tormenta institucional, es imprescindible recordar que el caso que acabó decapitando la cúpula del Ministerio Fiscal no nació de una sofisticada trama criminal o un complot de Estado, sino de los problemas personales con la Agencia Tributaria de Alberto González Amador, pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. González Amador fue investigado por dos delitos fiscales tras defraudar presuntamente a Hacienda mediante un entramado de facturas falsas y empresas pantalla en el contexto de sus millonarias comisiones por la intermediación en la compra de mascarillas durante el peor momento de la pandemia del COVID-19. Su propio abogado defensor reconoció los delitos por escrito en busca de un pacto de conformidad. La paradoja kafkiana del proceso judicial concluyó con el fiscal general inhabilitado y condenado a pagar una indemnización de 10.000 euros por daños morales al propio defraudador confeso debido a la filtración de una nota aclaratoria destinada a desmentir bulos informativos.
En este sentido, la alocución de Concostrina no se limitó a la crítica de la judicatura, sino que apuntó con idéntica dureza al segundo frente de la crisis: el papel de la prensa mercenaria. Retomando la clásica y corporativista máxima periodística de que “perro no come perro”, la escritora y columnista la rechazó de plano, sosteniendo que cada gremio tiene la obligación moral y profesional de vigilar la honestidad y la deontología de los suyos. Denunció la existencia de comunicadores dispuestos a actuar como mamporreros de resoluciones judiciales injustas y altavoces de falsedades destinadas a destruir liderazgos políticos incómodos para los intereses financieros de las grandes corporaciones mediáticas.
Sin embargo, el instante de mayor carga emocional del evento se produjo cuando Nieves Concostrina dirigió su mirada hacia las butacas para agradecer el rigor investigador de figuras como Manuel Rico, director de Público y autor del libro Vergüenza, en la eterna batalla por la dignidad y la memoria de las víctimas de la pandemia. Con una firmeza que conmovió a los asistentes, Concostrina rescató del olvido institucional la cifra de los 7.291 ancianos que fallecieron de forma indigna en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola pandémica de marzo de 2020.
La periodista recordó los tristemente célebres “protocolos de la vergüenza”, firmados de puño y letra por altos cargos del gobierno de Ayuso, que prohibieron de forma explícita la derivación hospitalaria de aquellos mayores que presentaran deterioro cognitivo o dependencia física grave. Una medida segregadora de clase que provocó que el 78% de los fallecidos en Madrid en ese período perecieran desasistidos, sin suministro de oxígeno ni cuidados paliativos básicos en sus centros residenciales, mientras aquellos ancianos que contaban con un seguro médico privado sí eran trasladados y atendidos en centros hospitalarios. Frente a los cinco años de sistemático bloqueo judicial que han padecido las querellas de los familiares de las víctimas, la impunidad política se ha mantenido incólume en la Real Casa de Correos.
El patrón de análisis expuesto en la gala conecta los tres frentes con una lógica meridiana: una justicia de excepción que fulmina con presteza a un fiscal general por defender la verdad institucional ante los desmanes del novio de la presidenta autonómica; una mandataria política envuelta en la impunidad de la muerte de 7.291 mayores desatendidos; y un aparato de prensa sumiso que se encarga de emborronar el campo de juego para que la ciudadanía desvíe la mirada del dato principal.
La ceremonia concluyó con la intervención del propio Álvaro García Ortiz, quien con un tono de profunda serenidad reconoció que sobre la sociedad actual sobrevuelan tres conceptos capitales: la verdad, la justicia y el miedo moral. Advirtió que la finalidad última de la guerra judicial es inocular el temor al castigo mediático y judicial en los servidores públicos honestos para paralizar sus funciones legítimas. La demoledora intervención de Nieves Concostrina en el Palacio de la Prensa se erige, por tanto, como un rotundo llamamiento a la memoria democrática de los ciudadanos y a la resistencia civil frente a la impunidad de las élites, recordando que la única defensa eficaz de la democracia frente a sus propias cloacas reside en el firme empeño de una sociedad civil que se niega rotundamente a olvidar su historia.
