Un grito de verdad tras casi tres décadas de silencioLa historia de Colombia está marcada por heridas profundas, muchas de las cuales han sido cubiertas por el manto de la impunidad. Sin embargo, hay momentos en los que la memoria, guardada con celo y dolor, decide salir a la luz para exigir justicia. Han pasado exactamente 28 años desde aquel fatídico 27 de febrero de 1998, cuando el defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo fue asesinado en su oficina del edificio Colón, en el centro de Medellín. Hoy, ese crimen, largamente rodeado de preguntas, cobra una relevancia renovada gracias a un testimonio revelador que sacude el panorama político del país.
Carlos Fernando Jaramillo Correa, amigo de infancia y testigo presencial de aquel asesinato, ha decidido romper su silencio. Durante más de dos décadas, guardó en su memoria un rostro que no pudo olvidar: el hombre que, arma en mano, le perdonó la vida mientras ejecutaba a su compañero de lucha. Según Jaramillo, esa persona es el coronel retirado del ejército Jorge Eliéser Plazas Acevedo.
comprender el peso de este testimonio, es necesario volver al 27 de febrero de 1998. Jaramillo relata cómo, cerca de las 2:00 p.m., el ambiente en la oficina de Jesús María Valle cambió abruptamente. Un grupo de personas irrumpió en el lugar, identificándose falsamente como parte de una “coordinadora guerrillera” para despistar, mientras procedían a amordazar a los presentes con cinta de embalaje.
“Estamos en sus manos”, le dijo Jesús María a Jaramillo cuando este intentó reaccionar. El testigo recuerda con precisión escalofriante cómo los sicarios los obligaron a ponerse contra la pared mientras procedían a cometer el crimen contra el defensor de derechos humanos. Después de que se escucharan los disparos que le arrebataron la vida a Valle, los atacantes se llevaron a Jaramillo hacia la recepción. Fue allí donde, encañonado y boca abajo, el sicario le pronunció una sentencia de vida: “Le voy a perdonar la vida, pero usted no me ha visto ni me reconoce”.
Ese rostro quedó grabado indeleblemente en la memoria de Jaramillo. Años más tarde, en 2014, al ver las noticias sobre la captura del coronel Plazas Acevedo en los Llanos Orientales, Jaramillo supo que la espera por la justicia había entrado en una nueva fase.
Las sombras del poder y la connivencia
El asesinato de Jesús María Valle no fue un hecho aislado. Fue la consecuencia directa de una serie de denuncias valientes que Valle venía realizando sobre la connivencia entre grupos paramilitares, sectores del ejército —específicamente la Cuarta Brigada en aquel entonces— y la gobernación de Antioquia.
Valle había denunciado con insistencia las masacres de La Granja y El Aro, advirtiendo sobre el desplazamiento forzado y la violencia que azotaba a Ituango. En sus denuncias, Valle señalaba directamente la responsabilidad de la administración departamental de la época. Testimonios posteriores, como los entregados por Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), han reforzado la tesis de que existió una coordinación de alto nivel para silenciar a quienes, como Valle, se atrevían a confrontar el proyecto paramilitar en la región.
El coronel Plazas Acevedo, señalado por Jaramillo, no es un nombre menor en la historia del conflicto colombiano. Ha sido vinculado a otros magnicidios, como el del periodista Jaime Garzón y el del empresario Benjamín Khoudari. Esta cadena de crímenes, según el análisis de diversos sectores, sugiere una estructura criminal persistente que operaba bajo el amparo de la impunidad.
Un llamado a la justicia, no a la venganza
Carlos Fernando Jaramillo, tras años de exilio y silencio por temor a represalias contra su familia, hoy afirma que no busca venganza, sino el cumplimiento de un deber moral. “He sido un buen ciudadano. La vida mía entera ha sido una lucha. He cumplido con la vida, me voy tranquilo”, expresa, dejando claro que su testimonio es un homenaje póstumo a su amigo, quien prefirió quedarse en Colombia a enfrentar su destino antes que abandonar su labor como defensor de derechos humanos.
La persistencia de la impunidad en casos como el de Valle, Eduardo Umaña Mendoza, Jaime Garzón y tantos otros, sigue siendo una herida abierta en la democracia colombiana. Jaramillo es enfático al criticar el papel de la fiscalía en años anteriores, a la que cataloga de manera severa como un “tribunal de la inquisición” que, lejos de investigar con rigor, ha servido a intereses políticos para proteger a los victimarios.
El contexto actual y la exigencia de verdad
En el marco de la conmemoración de los 28 años del asesinato, el testimonio de Jaramillo llega en un momento de efervescencia política. El debate sobre la responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe Vélez en este y otros crímenes de Estado ha vuelto a ocupar la agenda pública. Las declaraciones ante la JEP han sido fundamentales para reconstruir los hechos de una época en la que la frontera entre el Estado y el paramilitarismo parecía borrarse.
Para Jaramillo, y para muchos otros defensores de los derechos humanos, la verdad es el único camino hacia una paz real. “Si no paramos esta ola de violencia, llegará el momento en que las ciudades van a ser incontenibles de las víctimas”, advirtió Valle en su momento, una profecía que, por desgracia, se ha mantenido vigente a lo largo de los años.
El valor civil de quienes se atreven a hablar hoy es un recordatorio de que la memoria es una herramienta fundamental contra el olvido. Aunque la justicia en Colombia ha avanzado a paso lento y entre grandes obstáculos, testimonios como el de Carlos Fernando Jaramillo Correa demuestran que las piezas del rompecabezas terminan por encajar. El asesinato de Jesús María Valle, lejos de ser un caso cerrado, sigue vivo en la voz de quienes, como él, creyeron y lucharon por un país donde la vida y la justicia sean el estándar, y no la excepción.
Este 27 de febrero, mientras se conmemora un año más de su partida, el país reflexiona no solo sobre la pérdida de un gran líder, sino sobre la urgencia de esclarecer quiénes fueron los determinadores de una era de terror. La verdad, aunque sea tardía, es la única deuda pendiente que el Estado colombiano tiene con las víctimas y con la historia de sus regiones.
