Eso significa que de acuerdo con esos registros, el [música] cártel estaba pagando el equivalente a casi un tercio de la nómina policial completa de Chiquilistlán. No compraba agentes sueltos, compraba la corporación. Pero la narconómina no se detenía en los municipios rurales. También aparecieron pagos a corporaciones estatales, 400,000es a una policía estatal identificada como los negros, 40,000 pesos a la estatal de caminos, 16,000 pesos a la policía vial del estado, distribuidos en entregas semanales de 2,000 pesos en Sayula y un
pago de 8000 pesos en Acatlán de Juárez, tres corporaciones distintas. en un solo mes recibiendo dinero del cártel más peligroso [música] de México. Y ese dato es el que conecta la narconómina con la estrategia de Harpunch. Porque lo que esos papeles mostraron no fue una red aislada de corrupción policial, fue un sistema organizado de protección institucional que funcionaba con la misma lógica que cualquier nómina empresarial.
Pagos fijos, periodicidad semanal, control de conceptos, distribución por zonas. El Mencho no sobornaba a policías de forma casual, [música] los tenía en nómina y esa nómina ahora está en manos de la FGR. Pero hay un detalle dentro de esos documentos que pocos han analizado con la profundidad que merecen. Las libretas no solo registraban los pagos, registraban los conceptos.
Es decir, no decían simplemente policía de Chiquilistlán, [música] 86,000. Desglosaban semana por semana con fecha el monto entregado a cada municipio, bajo qué concepto y en qué zona. Eso convierte a la narconómina en algo más que una prueba de corrupción. la convierte en un mapa operativo porque cada pago a una policía municipal es al mismo tiempo la confirmación de que esa zona estaba bajo control del cártel.
Y cada corporación que aparece en la lista es una zona donde el Estado no tenía presencia real, sino presencia nominal, una fachada institucional detrás de la cual operaba el CJNG sin ningún tipo de resistencia. Esos documentos no son solo evidencia judicial, son inteligencia. estratégica porque permiten reconstruir municipio por municipio, el mapa de protección que el CJNG tenía montado en Jalisco antes de que el cerco federal lo alcanzara.
Y esa reconstrucción es la que está permitiendo ahora identificar qué corporaciones siguen comprometidas, qué mandos policiales fueron parte del esquema y qué funcionarios locales facilitaron que el cártel operara como si tuviera derecho de piso. Institucional. Harf lo dejó claro en conferencia.
La Fiscalía General de la República ya tiene carpeta de investigación abierta. Las investigaciones incluyen a policías municipales, [música] policías estatales y a otras personas que presuntamente mantenían vínculos con el grupo criminal. Y aunque descartó por ahora la participación de políticos, fue enfático en algo que nadie debería pasar por alto, donde haya un indicio y una prueba clara para abrir o iniciar una investigación contra cualquier servidor público o civil. Así se hará.
Esa declaración no fue retórica. fue la señal de que el cerco ya no solo apunta a los criminales que disparan, apunta a los que visten [música] uniforme y miran para otro lado. Ahora bien, la historia no terminó en los papeles de Tapalpa, porque lo que vino después demostró que la infiltración del CJNG en las corporaciones policiales no era un problema exclusivo de Jalisco.
En febrero de 2026, tras el abatimiento del mencho en el operativo de Tapalpa, la violencia del CJNG estalló en 22 estados del país y en medio de los bloqueos, los incendios, las balaceras y las represalias, las autoridades no solo detuvieron a sicarios y operadores del cártel, también cayeron policías. En Michoacán, 11 policías municipales de Ecuandureo fueron asegurados durante los operativos posteriores al abatimiento.
[música] 11 uniformados que, según la Fiscalía Estatal estaban ni siquiera registrados como elementos activos ante el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es decir, operaban fuera de todo control institucional, portaban indumentaria táctica, llevaban parches de las fuerzas especiales del R1, una célula del CJ y su función era servir de halcones para la organización criminal desde dentro de la propia policía municipal.
Ese dato no fue un escándalo menor, fue una radiografía del nivel de penetración que el CJNG [música] había logrado en corporaciones municipales enteras. 10 de los 11 detenidos eran originarios de Jalisco, no de Michoacán. Es decir, el cártel no había reclutado policías locales. Había enviado a sus propios hombres a infiltrar una corporación municipal en otro estado, vestirlos con uniforme y darles placa para que funcionaran como vigilantes del cártel desde dentro de la propia estructura del estado. Los parches que les encontraron
entre sus pertenencias hacían referencia directa a las fuerzas especiales del R1. una célula del CJNG liderada por Rubén Guerrero, hijo del tío Laco. El propio R1 también fue abatido durante los enfrentamientos del 22 de febrero, lo que confirma que los policías infiltrados [música] en Ecuandureo formaban parte de la misma estructura operativa que protegía al Mencho en la zona.
Y para Harfuch fue la confirmación de que la purga no podía limitarse a Jalisco, tenía que abarcar a todo el país. Pero la pieza que terminó de armar el rompecabezas vino después, [música] en abril de 2026, desde un lugar que pocos tenían en el radar, Manzanillo, Colima. La presidenta municipal Rosy Vallardo anunció la detención de ocho policías municipales de Manzanillo por sostener vínculos directos con el cártel Jalisco Nueva Generación.
No eran agentes recién ingresados. Tenían entre 8 y 25 años de servicio dentro de la corporación. Y el detalle que le dio una nueva dimensión al caso fue la forma en que se comunicaban con el cártel, una aplicación de mensajería cifrada llamada Trima, una plataforma diseñada para evitar cualquier tipo de rastreo que los policías usaban para reportar en tiempo real al CJNG, las detenciones que se realizaban, la instalación de puntos de revisión, la atención a reportes del C5I y los movimientos de las fuerzas federales en la zona. Eso significa que
cada vez que las autoridades montaban un operativo, el cártel ya lo sabía. Cada vez que se instalaba un retén, el cártel recibía la alerta. Cada vez que había una denuncia ciudadana que activaba al C5I, el cártel tenía la información antes de que la patrulla llegara al lugar. La policía municipal de Manzanillo no solo estaba infiltrada, funcionaba como central de inteligencia del CJNG [música] y ese es el tipo de hallazgo que convierte una detención local en un expediente de alcance federal. Porque si ocho policías con
décadas de servicio usaban mensajería cifrada para filtrar información al cártel en Manzanillo, la pregunta que llega al escritorio de Harf no es cuántos más había en esa corporación, es cuántas corporaciones más en el país [música] operan con el mismo esquema sin que nadie lo haya detectado todavía. Sumemos.
Cuatro policías en el sur de Jalisco, incluido un director municipal, detenidos en noviembre. 11 policías en Ecuandureo, Michoacán. capturados en febrero, operando fuera de cualquier registro oficial. Ocho policías en Manzanillo, Colima, detenidos en abril por filtrar información sensible al cártel con tecnología de encriptación y la narconómina del Mencho, que documenta pagos a policías municipales y corporaciones estatales en al menos cinco municipios de Jalisco.
Todo eso en menos de 6 meses. La lectura desde el gabinete de seguridad es clara. La infiltración policial no era un efecto colateral de la presencia del CJ. Era parte de su modelo de negocio. El cártel no solo compraba protección, construía redes institucionales paralelas que le permitían operar con impunidad en territorios donde el Estado creía tener presencia.
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Y esa es la razón por la que Harf ha insistido en que la estrategia no puede limitarse a perseguir capos. Tiene que alcanzar a los funcionarios que les abrieron la puerta. La cifra que el propio Harf presentó en conferencia lo dice todo. Más de 85 funcionarios y exfuncionarios han sido detenidos hasta ahora, incluidos siete presidentes municipales en funciones, siete alcaldes, no jefes de policía, no mandos medios, no agentes rasos, alcaldes.
La operación enjambre coordinada desde el gabinete de seguridad ha alcanzado a directores de seguridad pública, subdirectores operativos, titulares de DIF municipal y mandos de corporaciones estatales que facilitaban las actividades del crimen organizado en sus demarcaciones. Pero aquí aparece la pregunta que nadie quiere formular en voz alta.
Si la narconómina del Mencho registraba pagos a corporaciones municipales y estatales con la misma regularidad con la que cualquier empresa paga su nómina quincenal. Y si esos pagos aparecen documentados mes tras mes, semana tras semana, peso por peso, la pregunta no es si había más policías involucrados. La pregunta es, ¿cuántos funcionarios de más alto nivel sabían que sus corporaciones estaban en nómina del cártel y no hicieron nada? Harf ya dejó abierta esa línea cuando dijo que hay autoridades locales bajo investigación, pero que de políticos no
tienen el caso todavía. Lo que en realidad dijo es que la investigación está subiendo y que la FGR está analizando los documentos de la cabaña del Mencho con peritos, con análisis grafológicos, con cruces de información para determinar si los pseudónimos que aparecen en esas libretas corresponden a funcionarios de nivel superior.
Y esa parte de la historia [música] es la que todavía no ha terminado de contarse. Ahora pensemos en lo que esas libretas revelan sobre la operación cotidiana del CJNG en el sur de Jalisco. Porque la narconómina no solo registra pagos a policías, registra toda la economía del cártel en la zona. Pagos semanales a entre 30 y 32 halcones en Tapalpa, cada uno con un sueldo de entre 2,500 y 3,000.
26 pistoleros identificados como muchachos de choque con un sueldo de 4,000es semanales. Comandantes que cobraban hasta 7,000 pes. Gastos de gasolina para las camionetas de vigilancia, renta mensual de una oficina de halcones, renta de una base para el grupo armado, despensas, reparaciones mecánicas, ingresos por la operación de máquinas tragamonedas.
De acuerdo con los registros de diciembre de 2025, ingresos superiores a 8 millones de pesos por venta de droga en un solo mes. Esos [música] números no describen una banda callejera, describen una empresa criminal con presupuesto, nómina, logística, ingresos contabilizados y gastos operativos controlados. Y dentro de esa empresa, las policías municipales aparecían como un gasto fijo, no como un soborno ocasional, como una partida presupuestaria recurrente semana tras semana, municipio por municipio, con concepto y monto. Y ahí es donde la
lectura de Harf cambia de nivel, porque una cosa es detener a un policía corrupto, otra cosa es desmontar un sistema entero de protección institucional que funcionaba como infraestructura operativa del cártel. Y eso es lo que la estrategia federal está haciendo ahora, no solo perseguir a los uniformados que aparecen en la narconómina, sino entender cómo funcionaba el sistema, [música] quién lo coordinaba desde arriba y qué otros municipios del país replicaban el mismo modelo.
Los datos más recientes lo confirman. En junio de 2026, ocho policías municipales de Coeneo, Michoacán, incluida la propia directora de Seguridad Pública del municipio, fueron detenidos por la Fiscalía Estatal y la Secretaría de Seguridad. Las indagatorias los vinculan con el CJNG y con un doble ataque armado contra la Guardia Civil en el municipio de Nahwatsen, que dejó cinco oficiales muertos y cinco más heridos.
Los uniformados fueron interceptados durante [música] operativos de prevención portando indumentaria táctica que no correspondía a su corporación. Eso significa que la infiltración no terminó con la muerte del mencho. Sigue activa, sigue operando y sigue cobrando vidas. Pero ahora hay una diferencia fundamental.
Ahora hay expedientes abiertos. Ahora hay narconóminas en manos de la FGR. Ahora hay nombres, montos, municipios y corporaciones [música] identificadas. Y ahora hay una estrategia federal que no distingue entre el pistolero que jala el gatillo y el policía que le abre la puerta para que lo haga. Y eso es lo que hace diferente este momento.
No es que la corrupción policial sea nueva. Lo nuevo es la escala de [música] la respuesta. Más de 85 funcionarios detenidos, siete alcaldes capturados, directores de policía en el banquillo, corporaciones enteras bajo revisión y una narconómina que funciona como mapa para identificar a cada eslabón de la cadena de protección que mantenía al CJNG operando con impunidad en el sur de Jalisco.
Para Harf, este no es un caso aislado, es el frente interno de la guerra contra el crimen organizado, porque puedes desplegar miles de elementos, [música] puedes catear ranchos, puedes asegurar arsenales y laboratorios, puedes incluso abatir al líder del cártel más peligroso del país.
Pero si la policía municipal del municipio de al lado sigue en nómina del cártel, si cada operativo se filtra por una aplicación cifrada antes de que la primera patrulla salga de la base, si el director de policía de un pueblo a 25 km del objetivo reporta cada movimiento de las fuerzas federales, [música] entonces el cerco nunca se cierra.
Y eso es exactamente lo que Harf está cortando ahora. La señal para las corporaciones municipales de todo el país es clara. La narconómina del Mencho no fue el final de la investigación, fue el principio. Y cada nombre, cada monto, cada municipio que aparece en esas libretas es una puerta que la FGR va a abrir.
El operativo visible fue la caída del mencho. El operativo silencioso es la purga que viene después. Y ese operativo no se mide en balaceras ni en helicópteros, se mide en órdenes de aprensión, en carpetas de investigación, en audiencias de vinculación a proceso y en policías que van a pasar del uniforme al penal.
Pero el verdadero golpe no está en los detenidos que ya [música] cayeron, está en los que todavía no han sido nombrados, porque la narconómina del Mencho tenía más páginas de las que se han publicado. Y según la información disponible, los peritos de la FGR siguen analizando pseudónimos, cruces contables y registros que podrían apuntar a funcionarios de nivel superior al que hasta ahora se ha tocado.
Harf ya lo dijo. Donde haya un indicio claro, la investigación avanzará. caiga quien caiga. Y ese es el siguiente cerco que el gabinete de seguridad tiene por delante. No otro capo, no otro cártel, sino la red institucional que permitió que el cártel operara como estado paralelo durante años en el sur de Jalisco.
Esa redes, tiene montos, tiene municipios y ahora tiene expedientes abiertos. El golpe ya fue dado. La narconómina ya habló. Ahora falta saber hasta dónde llegan los nombres que todavía no se han leído en voz alta. Y ese expediente, ese que todavía está sobre el escritorio de Harf, es el que puede cambiar por completo la relación entre crimen organizado e instituciones en Jalisco y no solo en Jalisco.
Porque hay algo que la narconómina también dejó claro y que pocas veces se menciona. Los registros contables del Mencho no se limitaban a Jalisco. Había referencias a pagos en otros estados, incluyendo Chiapas, donde también aparecieron menciones a la fuerza de élite pacal. Lo que encontraron en esa cabaña no era el libro contable de una plaza local, era el libro contable de una organización con alcance nacional.
Y si el modelo de compra de policías se aplicaba en el sur de Jalisco, con esa precisión, la pregunta que queda abierta es, ¿en cuántos otros estados del país se replicó exactamente el mismo sistema? Harf ya tiene las libretas, la FGR ya tiene las carpetas abiertas. Los peritos ya están cruzando nombres con nóminas oficiales, con registros del secretariado, con bases de datos de corporaciones municipales y estatales.
Y cada nombre que coincida es una orden de aprensión en [música] espera. Porque si el modelo del mencho se replicó en otros estados, si otras organizaciones tienen sus propias narconóminas con policías municipales, directores de seguridad y corporaciones enteras en nómina, entonces lo que empezó en Tapalpa puede ser solo la primera línea de una purga mucho más grande.
Y esa esa es la historia que apenas está empezando.
