1000 elementos federales llegaron por él y aún así desapareció. Era el 20 de mayo cuando las fuerzas del gobierno de México cerraron las calles de Cuautla, la segunda ciudad más importante de Morelos. Buscaban a un hombre en específico, no a un sicario, no a un operador de plaza. Buscaban al presidente municipal en funciones, pero cuando los agentes entraron, él ya no estaba.
Durante 10 días, Jesús Corona Damián se convirtió en un fantasma. El alcalde de una ciudad de casi 200,000 habitantes, el político que gobernaba desde el palacio municipal, ahora huía de las mismas instituciones que decían perseguir el crimen. 10 días sin aparecer, 10 días en los que nadie sabía dónde estaba, hasta que lo encontraron muy lejos de casa.
La tarde del sábado 30 de mayo, en una colonia frente al mar en Acapulco, Guerrero, el hombre más buscado de la política morelense fue finalmente detenido. Llevaba consigo un arma corta, no opuso resistencia. Y así terminó una de las fugas más comentadas del año. Detengámonos un segundo en lo insólito de esa imagen.
No hablamos de un capo escondido en la sierra, ni de un sicario buscado durante años. hablamos de un presidente municipal en ejercicio electo en las urnas que en lugar de presentarse ante la justicia decidió esconderse de ella. Un alcalde convertido en prófugo. En la política mexicana eso no se ve todos los días. Pero, ¿quién es Jesús corona Damián? Y sobre todo, ¿cómo es que un alcalde en funciones terminó escondido en una playa perseguido por la Fiscalía General de la República? Corona no era un improvisado, es un político de carrera, un hombre que
conoce los pasillos del poder en Cuautla como pocos. Ocupó cargos dentro de la administración municipal durante años antes de llegar, no una, sino dos veces, a la presidencia de la ciudad. Conocía el sistema desde adentro, sabía cómo funcionaba y, según las autoridades federales también supo cómo aprovecharlo.
Lo más inquietante es que él mismo había retado a que lo investigaran. En más de una ocasión, frente a cámaras y micrófonos, negó cualquier vínculo con grupos criminales. Llegó incluso a presentar denuncias después de ser señalado en público. “Que se me investigue”, dijo. Y vaya que lo investigaron. Lo que no imaginaba, o quizá lo que esperaba que nunca saliera la luz es que para entonces ya existía una carpeta abierta en su contra, una investigación que llevaba meses tomando forma en silencio, alimentada por algo que las cámaras ya habían captado tiempo
atrás. En realidad, el reloj de este caso había empezado a correr más de un año antes. Desde principios de 2025, la Fiscalía Federal ya tenía abierta una indagatoria que apuntaba al alcalde de Cuautla y a otros funcionarios de la zona oriente del estado. El expediente crecía en silencio, sumaba documentos, reunía testimonios y mientras tanto, Corona seguía despachando como si nada, repitiendo que no tenía nada que ocultar, porque antes de la fuga, antes del operativo, antes de Acapulco, hubo una reunión. Una reunión que Corona
jamás debió permitir que quedara grabada y el hombre que estaba sentad
o frente a él esa tarde no era cualquiera. El hombre se hacía llamar el Barbas. Su nombre, según las indagatorias federales, es Júpiter Araujo y no era un delincuente más. Las autoridades lo identifican como uno de los líderes del cártel de Sinaloa en la zona oriente de Morelos, el operador que presuntamente controlaba la plaza en municipios como Cuautla, Ycapiktla y Atlatlaucan.
En el material que llegó a manos de la fiscalía aparecen varios funcionarios sentados frente a él, entre ellos, de acuerdo con la autoridad, el alcalde de Cuautla. ¿De qué hablaban? La versión que sostiene la fiscalía es tan simple como escalofriante. El Barbas habría ofrecido algo que en política vale oro, votos, estructura, apoyo en las urnas.
A cambio pedía una cuota mensual y sobre todo una sola cosa, que lo dejaran operar, que la autoridad municipal mirara hacia otro lado mientras su célula cobraba piso, vendía droga al menudeo y extendía el miedo en las calles. Era, en pocas palabras, un pacto. El poder político y el poder criminal sentados en la misma mesa.
¿Y de dónde salió todo esto? Buena parte del material que la fiscalía integró a su carpeta provino de reportes periodísticos y videos difundidos en medios de comunicación, donde se observaba a funcionarios morelenses electos apenas un par de años atrás en presunto contacto con el llamado barbas. Lo que circuló en las pantallas terminó convertido en prueba dentro de un expediente judicial.
Y aquí conviene hacer una pausa importante porque todo lo que se describe son señalamientos de la autoridad hasta el momento de su captura. Jesús N. No había sido vinculado a Proceso. La ley lo respalda, es un acusado, no un sentenciado. Pero las imputaciones de la fiscalía son graves y la evidencia que dice tener contundente.
Resulta que esa reunión no fue un hecho aislado, era apenas una pieza de una red mucho más grande. El despliegue que cerró las calles de Cautala no buscaba un solo hombre. Esa jornada las fuerzas federales aseguraron a media docena de personas con responsabilidades públicas en la región. Cayó Agustín Toledano Amaro, presidente municipal del vecino Atlatucan.
Cayó Irvin Sánchez Tavala, exalcalde de Ycapixta y cayeron piezas clave del propio Ayuntamiento Cautlense, el secretario municipal, el tesorero y el oficial mayor, los hombres que manejaban la administración, las llaves del dinero público y las decisiones de cada día. Toda la estructura del municipio señalada de un solo golpe, todos menos uno.
Mientras sus colaboradores más cercanos eran presentados ante la autoridad, el alcalde lograba escabullirse. ¿Tuvo ayuda? ¿Alguien le avisó a tiempo? Esas preguntas siguen sin respuesta. Lo cierto es que en cuestión de horas pasó de ser la máxima autoridad de la ciudad a ser un prófugo de la justicia federal. La región oriente de Morelos llevaba años conviviendo con esa sombra.
Cuautla, según diversos reportes, llegó a encabezar la lista de municipios con más denuncias por extorsión en todo el estado, el cobro de piso a comerciantes, los levantones, la presencia de células que imponían sus propias reglas, comerciantes que pagaban para poder abrir sus locales cada mañana, familias que aprendieron a vivir con la amenaza del secuestro como telón de fondo.
Para muchos vecinos, lo que la fiscalía empezaba a documentar no era ninguna sorpresa, era lo que vivían todos los días. Lo que sí cambió fue el nivel de las acusaciones. Una cosa es que un grupo criminal opere en una ciudad, otra muy distinta es que, según la autoridad la propia presidencia municipal formara parte del engranaje.
Y entonces los investigadores empezaron a tirar de otro hilo, porque si el edil realmente había abierto la puerta al crimen organizado, esa puerta debía tener un precio, un rastro, números que no cuadraran. Y al revisar a fondo las cuentas de Cuautla, lo que hallaron no tenía que ver con el narco, tenía que ver con cientos de millones de pesos que simplemente no aparecían por ningún lado.
Un hueco tan grande que ninguna explicación oficial alcanzaba a cubrirlo, 480 millones de pesos. Esa es la cifra por la que un organismo del propio estado de Morelos ya había levantado la mano mucho antes de que el nombre de Corona se mezclara con el del cártel de Sinaloa. La entidad superior de Auditoría y Fiscalización, el órgano encargado de revisar en qué se gasta el dinero público en la entidad, detectó que durante el primer paso de corona por la presidencia de Cuautla quedaron sin aclarar 480,546,000.
recursos que entraron a las arcas del municipio y de los que según los auditores nunca se supo el destino. No fue un descuido contable menor. Cuando se sumaron las observaciones de otros ejercicios fiscales, el monto sin justificar superó los 600 millones de pesos. El auditor estatal lo dijo con todas sus letras.
Cuautla se había convertido en un foco rojo y la lista de irregularidades no se detenía ahí. A las observaciones por el manejo de recursos federales se sumaban deudas que parecían no tener fin. Cientos de millones de pesos reclamados por una empresa prestadora de servicios, adeudos con la autoridad del agua, pendientes con el fisco.
Una revisión federal previa había detectado además obras pagadas que no funcionaban, trabajos hechos a medias y sobre costos imposibles de explicar, dinero público que una y otra vez terminaba en el lugar equivocado. ¿Cómo es posible que tanto dinero se evapore sin que nadie lo note? La respuesta es tan reveladora como la cifra misma. De acuerdo con la información oficial, durante sus dos administraciones, el gobierno de Corona no realizó una sola auditoría interna, ni una.
El mecanismo que existe precisamente para vigilar el manejo del dinero, para encender alarmas, para frenar abusos, jamás se activó. Era como dejar la caja fuerte abierta y además apagar las cámaras. Y mientras los millones se perdían en el papeleo, otra señal de alerta había aparecido meses antes, casi sin hacer ruido.
En diciembre del año pasado, un familiar cercano del alcalde y un inspector del propio ayuntamiento fueron detenidos. El motivo portaban una pistola con el número de serie alterado y enfrentaron señalamientos relacionados con sustancias ilícitas. Un familiar del edil, un funcionario municipal, un arma irregular. Las piezas empezaban a encajar en un cuadro cada vez más incómodo.
Sumemos todo lo que para entonces ya estaba sobre la mesa. Una reunión grabada con un presunto jefe criminal, una ciudad asfixiada por la extorsión, cientos de millones de pesos sin comprobar, un círculo cercano salpicado, denuncias formales presentadas ante las fiscalías anticorrupción. Cualquiera diría que era imposible ignorar tantas señales juntas.
Y sin embargo, durante mucho tiempo no ocurrió absolutamente nada. Corona siguió gobernando, siguió apareciendo en actos públicos, siguió presidiendo sesiones de cabildo. Algunas de ellas, de hecho, terminaron convertidas en escándalo por sí mismas, con un comportamiento del alcalde frente al cabildo, que llegó a circular en video y a generar críticas en redes.
Pero ni siquiera el ruido mediático parecía moverle el piso. La maquinaria de la justicia parecía avanzar a paso de tortuga. Mientras el alcalde firmaba documentos y tomaba decisiones sobre el futuro de la ciudad. Para los ciudadanos que sufrían el cobro de piso, para los comerciantes que pagaban por trabajar en paz, la pregunta era inevitable y dolorosa.
Si todo esto se sabía, si los números estaban ahí, si las denuncias existían, ¿por qué nadie hacía nada? ¿De verdad iba a pasar una vez más lo de siempre? ¿Actuarían las autoridades o este sería otro expediente condenado a juntar polvo en un archivero? La respuesta llegó y llegó desde un lugar que pocos esperaban. No fue la Fiscalía de Morelos, no fue la policía estatal, fue la federación la que tomó el caso en sus manos.
La orden de aprensión salió de la Fiscalía General de la República a través de su área especializada en delincuencia organizada, La FEMDO. Los delitos que se le imputan a corona son de peso, delincuencia organizada, extorsión, tráfico de armas y delitos contra la salud. Cuatro acusaciones que juntas dibujan el retrato de un funcionario presuntamente al servicio de intereses muy distintos a los de sus gobernados.
La ejecución corrió por cuenta del gabinete de seguridad federal con información clave aportada por el Centro Nacional de Inteligencia y el Resp. una operación de alto nivel coordinada desde la Ciudad de México, no desde Morelos. El mensaje era claro. El caso se manejaría lejos de cualquier complicidad local. Y fue el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfus, quien dio a conocer la captura.
No lo hizo desde una tril ni en una conferencia. Lo anunció a través de sus redes sociales en cuestión de minutos enmarcando la detención dentro de la estrategia nacional contra la extorsión. una instrucción girada desde la propia presidencia de la República para ser comprimidor de las operaciones del reino de las estrategía después de subicitar un letrino como pidado de causa de la conmayería y le traía la manutención a de espectacularmente de sus criminales preguntados de este extremestable problema. El propio gobierno federal
resumió su postura en una sola frase, cero impunidad, frente a cualquier vínculo entre autoridades y grupos criminales. Una declaración que en un país acostumbrado a las promesas incumplidas, muchos recibieron con esperanza y con esceptecismo a partes iguales. Pero Corona no se quedó con los brazos cruzados durante su huida.
Mientras era prófugo, sus abogados movieron una carta legal, un amparo. Mucha gente creyó que con ese recurso el alcalde buscaba blindarse, evitar la cárcel, esquivar la orden de captura. La realidad fue más modesta. El amparo que obtuvo no impedía su detención. solo buscaba garantizar que en caso de ser capturado, fuera presentado de inmediato ante un juez y no permaneciera incomunicado.
En otras palabras, no era un escudo contra la justicia, era apenas una red de protección para sus derechos. Una vez detenido, la orden seguía firme y se cumplió. De hecho, mientras él seguía prófugo, la justicia ya avanzaba con los demás. Cinco de los funcionarios capturados en aquella primera redada fueron vinculados a proceso y enviados a prisión preventiva a la espera de juicio.
El cerco se cerraba a su alrededor y cada día que pasaba lo dejaba más solo. Mientras tanto, otra dependencia trabajaba en silencio, golpeando donde más duele. El bolsillo, la unidad de inteligencia financiera, bloqueó las cuentas de 32 involucrados en esta red. 22 individuos y 10 compañías. El dinero, esa pieza que tanto había costado rastrear, empezaba a quedar congelado.
La diferencia con casos anteriores era notable. Esta vez sí hubo orden, esta vez sí hubo captura, esta vez sí hubo cuentas bloqueadas y una estructura completa exhibida. ¿Por qué ahora sí? La respuesta tiene que ver con algo mucho más grande que Cuauta. El caso de Corona no era un expediente solitario, era apenas un eslabón de una cadena que cruzaba el país de punta a punta.
Porque cuando las autoridades federales presentaron las cifras de la operación que había alcanzado al alcalde, soltaron un dato que dejó a más de uno sin palabras. Corona no era el único presidente municipal en la lista. Había seis más, siete alcaldes en funciones, señalados por lo mismo en distintos rincones de México y eso era apenas la superficie. Se llama operativo enjambre.
Y para cuando atrapó a Jesús Corona, ya había dejado más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos en al menos cinco estados del país. Lo que hoy es una ofensiva nacional nació en realidad como un operativo mucho más acotado en el Estado de México. Con el tiempo creció, cruzó fronteras estatales y se transformó en una herramienta del gobierno federal para perseguir un fenómeno tan viejo como difícil de nombrar.
lo que empezó como una investigación regional se transformó en una de las ofensivas más amplias contra la llamada narcopolítica, esa zona gris donde el servidor público y el grupo criminal dejan de ser enemigos y se vuelven socios, alcaldes, tesoreros, regidores, empresarios, operadores políticos. una radiografía incómoda de cómo el crimen organizado no solo dispara, también vota, financia campañas y se sienta en las oficinas de gobierno, compra voluntades, coloca candidatos y cuando le conviene se esconde detrás de un cargo público. Y aquí aparece uno de
los datos más reveladores de todo el caso, uno que impide reducirlo a la culpa de un solo partido, porque Corona no llegó siempre por la misma puerta. En su primer trienio gobernó bajo las siglas de Morena el partido en el poder para regresar a la presidencia municipal. Sin embargo, cambió de bando, ganó respaldado por una coalición opositora, la del PAN, el PRI y el PRD, el mismo hombre, dos banderas distintas, la misma ciudad y los mismos señalamientos.
Eso es quizá lo más perturbador de esta historia. No se trata de un color político ni de un solo personaje. Se trata de un sistema en el que, sin importar las siglas, la silla del poder municipal puede terminar ocupada por alguien presuntamente al servicio de quienes deberían estar del otro lado de la ley. Hoy Quutla intenta recomponerse.
La ciudad quedó sin su alcalde bajo una administración interina que carga con la tarea de devolver algo de confianza a una población golpeada. Los comerciantes que durante años pagaron cuotas observan como una mezcla de alivio y desconfianza. Han visto caer a poderosos antes. También han visto como con el tiempo muchos vuelven a las calles como si nada hubiera ocurrido.
Esa memoria tejida con promesas rotas pesa más que cualquier discurso oficial. Y ahí está la verdadera pregunta la que ninguna detención responde por sí sola. Una captura es solo el principio. Falta el proceso. Faltan los jueces. Faltan los años de litigio en los que un buen abogado puede convertir un caso sólido en un expediente lleno de huecos.
La historia reciente de este país está llena de detenciones espectaculares que terminaron en el más absoluto silencio con la puerta de una celda abierta de nuevo. ¿Será Jesús Corona Damián el ejemplo de que las cosas por fin cambiaron? ¿O será un hombre más en la larga lista de los que cayeron frente a las cámaras y se levantaron en los tribunales? Por ahora, el alcalde que se esfumó durante 10 días enfrenta a la justicia que tanto tiempo lo buscó.
Lo que ocurra después dirá, “En realidad, ¿qué tan en serio se toma México su propia palabra? Porque atrapar al poderoso siempre es noticia. hacerlo pagar, en cambio, sigue siendo la asignatura pendiente.
