El Palacio Legislativo de San Lázaro fue testigo de uno de los momentos más dramáticos, y a la postre indignantes, de la historia política contemporánea de México. Frente al atril, con la voz entrecortada, los ojos humedecidos y un ademán teatral que golpeaba la madera, el presidente José López Portillo convertía su último informe de gobierno en una sesión de aparente catarsis y confesión pública. Prometió, al inicio de su mandato, “administrar la abundancia”, pero aquel día entregaba un país asfixiado por la deuda, con una moneda completamente desangrada y millones de familias sumidas en la incertidumbre financiera. Aquellas lágrimas presidenciales, lejos de conmover a una nación herida, se transformaron con los años en el símbolo de una de las mayores traiciones al pueblo mexicano: el llanto de un sistema que pedía perdón mientras, por detrás, terminaba de cerrar la caja fuerte de sus privilegios.
Para entender el tamaño del colapso, es necesario retroceder a 1976. López Portillo asumió la presidencia arropado por la maquinaria perfecta del viejo sistema priista, un régimen que controlaba los hilos del Estado sin contrapesos reales. En ese contexto, el descubrimiento de gigantescos yacimientos de petróleo en el golfo de México, particularmente en Campeche, alteró por completo la psicología del poder. El país pasó de gestionar la escasez a imaginar un futuro como potencia energética global. Pemex se convirtió en el motor de una fantasía de modernidad y soberanía. Cegado por un optimismo desmedido, el mandatario inyectó más de 27,000 millones de dólares en la industria petroquímica entre 1977 y 1981,
financiando proyectos y carreteras con una agresiva política de endeudamiento externo. La premisa era fatalmente simple: gastar el dinero del presente asumiendo que el petróleo del subsuelo pagaría las deudas del mañana.
Sin embargo, la abundancia petrolera no se tradujo en bienestar social, sino en una patrimonialización descarada del Estado. López Portillo comenzó a gobernar bajo la lógica de la sangre y el apellido, transformando la estructura pública en una extensión de su propia familia. El nepotismo alcanzó niveles sin precedentes. Su hijo asumió un rol clave en la Secretaría de Programación y Presupuesto; su primo recibió el control del ámbito deportivo; un cuñado fue colocado estratégicamente en la Comisión Federal de Electricidad; y su hermana, Margarita López Portillo, recibió el control absoluto del área de radio, televisión y cine a través de la dirección de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC). Cuando la opinión pública cuestionó estos nombramientos, la respuesta del mandatario desnudó la soberbia del régimen, defendiendo públicamente el derecho de colocar a los suyos en puestos clave.
El manejo dinástico de la cultura por parte de Margarita López Portillo desencadenó una de las mayores tragedias de la memoria histórica nacional. Diversos expertos de la época habían advertido repetidamente sobre las precarias condiciones de almacenamiento de los archivos cinematográficos de la nación, materiales altamente inflamables que requerían un cuidado técnico riguroso. Las advertencias fueron ignoradas por la prepotencia del apellido. El 24 de marzo de 1982, la Cineteca Nacional ardió en un incendio devastador que consumió pasillos, salas y miles de negativos de incalculable valor histórico. El siniestro dejó un saldo oficial de al menos cinco muertos, decenas de heridos y la pérdida irreparable de décadas de memoria visual. Tras la catástrofe, la maquinaria estatal operó para diluir responsabilidades, sepultando las exigencias de justicia bajo un manto de silencio institucional.
Paralelamente, la vida privada del mandatario y sus afectos se entrelazaban de forma escandalosa con la administración pública. Rosa Luz Alegría hizo historia al convertirse en la primera mujer en ocupar una Secretaría de Estado en México al asumir la cartera de Turismo. No obstante, detrás del hito político se murmuraba intensamente sobre la estrecha e íntima relación que mantenía con el presidente. El erario financió una vida de recepciones, viajes y comitivas gubernamentales que desdibujaban los límites entre el ejercicio del cargo y los favores personales. Décadas más tarde, tras el ocaso del régimen y el retiro de la protección presidencial, la vida de Alegría daría un vuelco trágico hacia el aislamiento, el deterioro emocional y episodios de violencia física extrema, evidenciando la crudeza con la que el poder absoluto suele abandonar a quienes alguna vez encumbró.
Quizás el rostro más violento y explícito de la corrupción lópezportillista lo encarnó Arturo “El Negro” Durazo Moreno, amigo de la infancia del presidente, a quien este nombró jefe de la policía de la Ciudad de México. Bajo el mando de Durazo, la corporación policíaca se transformó en una estructura criminal organizada dedicada a la extorsión, el contrabando de armas y la administración del delito, operando bajo un régimen de terror hacia la ciudadanía. Durazo acumuló honores absurdos y grados militares de general sin tener carrera alguna, exhibiendo su impunidad con propiedades fastuosas. En el Ajusco levantó un rancho con caballerizas y colecciones de autos, pero su obra cumbre de la megalomanía fue “El Partenón” de Zihuatanejo, una grotesca mansión frente al mar inspirada en la arquitectura clásica griega, valuada en más de 700 millones de pesos de la época. Con el cambio de gobierno en 1982 y la llegada de la promesa de “renovación moral”, la cloaca se abrió; Durazo huyó del país, siendo finalmente capturado en 1984 y extraditado en 1986. “El Partenón”, confiscado tras largos litigios, fue transformado décadas después, en septiembre de 2024, en un centro cultural comunitario, intentando exorcizar la memoria del abuso.
El monumento definitivo al despojo patrimonial fue, sin duda, la “Colina del Perro”. En 1980, mientras los cimientos económicos del país crujían por la fuga de capitales y el déficit presupuestal, en la exclusiva zona de Bosques de las Lomas se edificaba un complejo residencial privado de 120,000 metros cuadrados destinado al retiro del mandatario. Cuatro mansiones componían este feudo custodiado por leones de piedra en la entrada, destacando la residencia principal de 639 metros cuadrados de construcción. Era el contraste físico más violento frente a la realidad de la población: un palacio amurallado para el gobernante saliente mientras la moneda nacional se desplomaba de 22 a casi 70 pesos por dólar, pulverizando el poder adquisitivo de los ciudadanos. Años después, en mayo de 1996, las hijas del expresidente pulverizaron el símbolo demoliendo la mansión principal para dar paso al desarrollo residencial de lujo “La Toscana”, canalizando los terrenos a través de entramados corporativos para convertir la antigua vergüenza pública en un negocio inmobiliario de alta gama.
La estocada final a la economía nacional llegó el mismo día de las lágrimas, cuando López Portillo, buscando un enemigo externo para evadir la responsabilidad de sus políticas erráticas, decretó la nacionalización de la banca y el control de cambios, acusando a los banqueros de ser los “sacadólares” que traicionaron a la patria. Si bien la medida fue aplaudida inicialmente por sectores nacionalistas, la realidad demostró que la crisis era consecuencia directa del gasto desbordado y la soberbia técnica de un régimen que confió el destino nacional a la volatilidad del mercado petrolero.
La decadencia final del expresidente se mudó de los escenarios políticos a las páginas de la prensa del corazón y las disputas de juzgado. En 1984, conoció en España a la actriz cinematográfica Sasha Montenegro, iniciando una relación que se trasladó formalmente a vivir dentro de la controvertida “Colina del Perro”. La pareja se casó civilmente en el año 2000, desatando una cruenta e interminable batalla legal y mediática con los hijos del primer matrimonio del mandatario por el control de los bienes y la fortuna remanente. Degradado físicamente por la enfermedad y expuesto públicamente en litigios de divorcio inconclusos, López Portillo falleció en 2004. Montenegro, legalmente reconocida como viuda, conservó por años una cuantiosa pensión gubernamental superior al millón seiscientos mil pesos anuales, pagada con los impuestos de los mismos ciudadanos cuyos ahorros se evaporaron en el sexenio de su esposo.
José López Portillo prometió defender la moneda nacional “como un perro”, pero la historia lo recuerda resguardando la abundancia mal habida detrás de los muros de su colina. El análisis de su sexenio deja una lección indeleble para el México contemporáneo: cuando los gobernantes confunden los recursos de la nación con el patrimonio de su estirpe y sus afectos, las lágrimas del poder nunca significan redención, sino el epílogo de un saqueo inolvidable.
