En el complejo tablero político colombiano, la coherencia suele ser el activo más valioso de un candidato. Sin embargo, en el caso de Abelardo de la Espriella, la trayectoria política reciente ha estado marcada por un fenómeno desconcertante: la capacidad del candidato para contradecir sus propias posturas, propuestas y lealtades con una frecuencia que resulta alarmante para el electorado. Lo que hoy es una verdad inamovible, mañana se convierte en “carreta” o malentendido, dejando a los ciudadanos frente a un espejo donde la imagen política cambia según la conveniencia del momento.
Uno de los episodios más documentados de esta volubilidad política es su postura respecto a Gustavo Petro. Años atrás, en entrevistas con medios de comunicación y en análisis jurídicos, De la Espriella no escatimó
en elogios hacia la figura de Petro, especialmente en el contexto de sus denuncias sobre el carrusel de la contratación en Bogotá. En su momento, lo describió como “un hombre honesto” que se había atrevido a desenmascarar las mafias que operaban en el distrito.
Hoy, ante un panorama político distinto donde sus intereses y posiciones han cambiado, el candidato argumenta que aquellos elogios fueron meros “argumentos jurídicos” en defensa de un cliente y no una valoración real de la personalidad o la integridad de Petro. Esta táctica de reescribir el pasado no solo erosiona la credibilidad de sus análisis actuales, sino que plantea una pregunta inquietante: ¿cuándo está diciendo la verdad? ¿Cuando defiende con fervor o cuando ataca con la misma intensidad?
La “Desaparición” de las Propuestas de Recorte
Quizás el punto de mayor fricción y preocupación para la clase trabajadora colombiana radica en sus propuestas de reforma al Estado. Abelardo ha hablado en múltiples ocasiones sobre la necesidad de hacer un Estado “más funcional” y “más pequeño”, llegando a afirmar que sobran más de 700,000 funcionarios y contratistas. Esta propuesta, que de concretarse implicaría una crisis social sin precedentes, fue defendida con vehemencia por el candidato en diversos foros y entrevistas.
Sin embargo, ante la evidencia del impacto negativo que estas medidas tendrían en la estabilidad económica de miles de familias —afectando sectores críticos como salud, educación y seguridad—, el discurso cambió. Cuando se le confrontó sobre listas específicas de ministerios o entidades a eliminar, la respuesta fue la negación: “Eso es falso también […] no tenemos esa lista”.
La contradicción se vuelve evidente al contrastar esta negación con sus propias declaraciones anteriores, donde mencionaba explícitamente entidades como el Ministerio de la Igualdad, el ICBF, o la Superintendencia de Notariado y Registro como objetivos de eliminación o recorte. Esta desconexión entre lo que se dice ante los micrófonos y lo que se admite posteriormente genera una desconfianza profunda entre los votantes.
¿Un Estado Inviable o una Propuesta Inviable?
Los expertos en economía han señalado que la propuesta de eliminar el 40% del Estado colombiano es, en términos prácticos, una receta para el colapso. Un recorte de esa magnitud no solo dejaría a cientos de miles de personas sin sustento, sino que afectaría gravemente la economía regional, que depende en gran medida de las transferencias y la dinámica laboral que genera el sector público.
Además, el costo de las indemnizaciones —que el mismo De la Espriella mencionó inicialmente como una forma de promover el emprendimiento— representaría un gasto fiscal gigantesco, posiblemente mayor al ahorro que se busca obtener, sin contar con la carga de litigios laborales que una medida de esta escala desencadenaría.
El Voto como Acto de Coherencia
La política exige responsabilidad con las palabras. Cuando un aspirante a liderar los destinos de una nación cambia su discurso al ritmo de las encuestas o de la presión mediática, el electorado tiene el derecho y la obligación de cuestionar la solidez de sus convicciones. La política no debe ser un ejercicio de improvisación donde las promesas se hacen y se deshacen según el clima de opinión.
En este contexto, los ciudadanos se enfrentan a un desafío: identificar quién propone soluciones reales basadas en datos y quién simplemente utiliza la polarización para ocultar la inviabilidad de sus propias propuestas. La coherencia no es solo un valor estético en un candidato; es la garantía mínima de que las decisiones que tome hoy serán las mismas que defenderá mañana, sin importar si el viento sopla a favor o en contra. Ante las dudas y las contradicciones, el escrutinio público es la única herramienta capaz de separar la estrategia electoral de la verdadera capacidad de gobierno.
