La mañana de hoy marcó un antes y un después en la historia reciente de México. Durante la habitual conferencia de prensa, el panorama nacional quedó completamente sacudido cuando el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, acompañado por la presidenta Claudia Sheinbaum, tomó la palabra para presentar información inédita y profundamente reveladora sobre el avance de la nueva estrategia de seguridad nacional. Lo que parecía ser un informe rutinario se transformó rápidamente en un despliegue sin precedentes de datos duros, revelando que el combate al crimen organizado ha entrado en una fase quirúrgica, implacable y con resultados que están cambiando el rostro del país.
Por décadas, los ciudadanos mexicanos estuvieron acostumbrados a escuchar discursos sobre la guerra contra las drogas basados exclusivamente en enfrentamientos armados y demostraciones de fuerza bruta que a menudo dejaban a las comunidades atrapadas en el fuego cruzado. Sin embargo, el informe presentado hoy dejó muy claro que esa era ha terminado. El gobierno de México ha implementado un giro radical en su metodología: ahora, la inteligencia estratégica prevalece sobre la fuerza desmedida, y el desmantelamiento financiero ha reemplazado a las persecuciones sin sentido. La instrucción central de esta administración es inquebrantable: la ley se aplica para todos, sin e
xcepciones, sin miramientos y sin privilegios de ningún tipo.
El aspecto más impactante de esta nueva estrategia es el ataque directo al verdadero corazón de las organizaciones criminales: su brazo económico. García Harfuch reveló que las autoridades ya no se conforman con capturar a los operadores de bajo nivel. En su lugar, el Estado está cerrando las llaves del dinero ilícito, persiguiendo implacablemente a extorsionadores y desarticulando redes de empresas factureras utilizadas para lavar millones de pesos. El mensaje enviado desde Palacio Nacional fue contundente y resonó en todos los rincones de la República: se acabaron los tiempos de los pactos y la complicidad.
Las cifras presentadas para respaldar este cambio de paradigma son asombrosas y reflejan un avance tangible en la pacificación territorial. Según los datos oficiales, se ha registrado una disminución histórica del 46 por ciento en los homicidios dolosos hasta el pasado mes de mayo de 2026, si se compara con los índices de septiembre de 2024. Esto no es solo un porcentaje en una gráfica; significa que hay 39 homicidios menos cada día en las calles del país. Tan solo en mayo, el promedio diario se ubicó en 47.3 homicidios, convirtiéndose oficialmente en el mes más bajo registrado en los últimos doce años. Además, los delitos de alto impacto, aquellos que más lastiman la percepción de seguridad de las familias, experimentaron una caída del 31 por ciento en el mismo periodo.
Este esfuerzo monumental no surgió de la noche a la mañana, sino que es producto de una continuidad institucional y un rediseño operativo. Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se sentaron bases cruciales al lograr la detención de más de 95,000 delincuentes, incluyendo a 39 líderes de alta relevancia dentro de la delincuencia organizada. Esta inercia no solo se ha mantenido, sino que se ha perfeccionado y acelerado en la actual administración de Claudia Sheinbaum. Desde octubre de 2024 hasta mayo de 2026, las autoridades han puesto tras las rejas a más de 56,000 personas por delitos de alto impacto. Entre ellos, destacan 57 jefes de organizaciones delictivas que operaban a nivel regional y nacional.
El informe desglosó capturas quirúrgicas que han debilitado a las principales mafias que operan en el país. Se mencionaron casos emblemáticos que demuestran que ningún cártel es intocable. En Sinaloa, fue detenido José Ángel “N”, pieza fundamental y operador de confianza dentro de una de las facciones más violentas del Cártel de Sinaloa. En Baja California, cayó Pablo Edwin “N”, vinculado al histórico Cártel de los Arellano Félix y responsable de extorsiones y tráfico internacional. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) también sufrió golpes devastadores con las capturas de Armando “N”, coordinador de violencia en Guadalajara; Rubén “N”, identificado como fundador regional; y Audías “N” en Nayarit. Todas estas detenciones evidencian que el Estado está golpeando a todas las organizaciones por igual, desmintiendo categóricamente cualquier narrativa de favoritismo o colusión institucional.
En términos de aseguramientos logísticos, los números son dignos de una película de acción internacional. Las fuerzas armadas y las corporaciones de seguridad han incautado cerca de 30,000 armas de fuego, retirando un arsenal letal de circulación. Además, se han decomisado aproximadamente 420 toneladas de drogas, bloqueando la llegada de narcóticos a las calles, incluyendo más de cinco millones de pastillas de fentanilo. Por si fuera poco, el Ejército y la Marina han localizado y desmantelado 2,407 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la producción de metanfetamina distribuidos en 22 estados de la República. La Secretaría de Marina, en una demostración de soberanía marítima, reportó el decomiso de más de 71 toneladas de cocaína en operaciones de altamar, cortando de tajo las rutas internacionales del narcotráfico.
Pero quizás la revelación que causó mayor impacto político fue el avance de la “Operación Enjambre”. La lucha contra la extorsión ha tomado un cariz diferente al atacar de frente la corrupción política local. García Harfuch expuso que, como resultado de esta operación, más de 85 funcionarios y exfuncionarios han sido capturados, incluyendo a siete presidentes municipales en funciones. Nombres como Jesús “N”, alcalde de Cuautla, o Agustín “N”, de Yecapixtla, figuran ahora en la lista de procesados por mantener vínculos con organizaciones delictivas y proteger esquemas de extorsión institucionalizada. Esta purga en los niveles de gobierno municipal subraya la determinación de la presidenta Sheinbaum de no tolerar ningún lazo entre autoridades y criminales.
Para consolidar esta estrategia, la presidenta Claudia Sheinbaum demostró personalmente cómo la tecnología y la “obsesión por los datos” se han convertido en las mejores armas del gabinete de seguridad. Exhibiendo un avanzado tablero de seguimiento digital en tiempo real, explicó cómo el gobierno monitorea diariamente, a nivel estatal, municipal e incluso por colonias, la incidencia de homicidios y robos de vehículos. Esta digitalización permite prever crisis, redireccionar a la Guardia Nacional a zonas calientes y exigir cuentas exactas a las autoridades locales, eliminando la improvisación del pasado.
El mensaje final de esta histórica conferencia es claro: la pacificación de México es un proceso en marcha, sustentado en la legalidad, la coordinación interinstitucional y el uso implacable de la inteligencia financiera y operativa. Si bien el propio secretario reconoció que no es una tarea terminada y que los retos persisten, la tendencia es irreversible. El Estado mexicano ha demostrado que ha retomado el control del país, demostrando que en esta nueva era de seguridad, el que la hace, la paga.
