La respuesta fue una bala. El crimen cambia todo. El presidente Belisario Betancur, su que había prometido repetidamente no extraditar colombianos por filosofía política y respeto a la soberanía nacional, revierte dramáticamente su postura. Dos días después, en el funeral de Lara Bonilla, mientras el ataúd baja a la Tierra, Betancur anuncia ante cámaras nacionales que los narcotraficantes serán enviados a prisiones estadounidenses.
Las palabras resuenan como sentencia. La guerra está oficialmente declarada. Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el mexicano, Jorge Luis Ochoa, Juan David Ochoa y Fabio Ochoa Vázquez, junto con otros capos del cartel de Medellín, huyen inmediatamente del país. Se refugian en Panamá bajo la protección del general Manuel Noriega, quien cobra millones por el favor.
Intentan negociar desde el exilio. Sh. El expresidente Alfonso López Michelsen coordina los llamados diálogos de Panamá en mayo de 1984. Los narcos ofrecen desmantelar sus laboratorios, entregar rutas de tráfico, pagar miles de millones en reparaciones al Estado colombiano. A cambio, solo piden una cosa, no ser extraditados. El gobierno colombiano considera la propuesta, pero la prensa filtra las negociaciones.
La opinión pública estalla. Estados Unidos presiona. Los diálogos fracasan estrepitosamente. Los narcos regresan clandestinamente a Colombia y fundan una organización que entrará a los libros de historia, los extraditables. La proclama es simple, brutal, inolvidable. Preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos.
No es una declaración poética ni un eslogan comercial, es una amenaza literal. Comienza el narcoterrorismo y la estrategia es clara. Matar a todos los que apoyen la extradición hasta que el Estado se rinda. Jueces, magistrados, periodistas, policías caen asesinados con ritmo industrial. El sistema judicial colombiano entra en pánico.
En enero de 1985, los primeros cinco colombianos son extraditados hacia Estados Unidos. Entre ellos está Hernán Botero Moreno, expresidente del Atlético Nacional de Medellín, acusado de lavado de dólares del narcotráfico. Es condenado a 30 años de prisión. La noticia golpea como terremoto. Si pueden extraditar a un empresario respetable, pueden extraditar a cualquiera.
Pablo Escobar ordena una campaña de terror sistemática y escalable. En 1986, sicarios del cartel ejecutan al coronel Jaime Ramírez Gómez, jefe de la policía antinarcóticos. En octubre del mismo año matan al juez Gustavo Suluaga Cerna, ni quien investigaba la muerte de dos agentes del DAS, que en 1978 habían arrestado a Escobar por posesión y tráfico de estupefacientes.
En diciembre de 1986 asesinan a Guillermo Cano, director del diario El Espectador, el periódico que más duramente había denunciado al cartel. El crimen es público, desafiante, sin intentos de ocultamiento. En enero de 1987, un atentado terrorista en Budapest, Hungría, casi mata a Enrique Parejo González, exministro de justicia y embajador de Colombia en ese país.
Los sicarios viajan miles de kilómetros para cumplir la orden. Escobar no perdona geografías, tampoco olvida nombres. Quien apoya la extradición muere sin importar dónde se esconda. Es en ese contexto de colapso institucional donde Gustavo Salazar Pineda encuentra su nicho de supervivencia.
Él comprende rápidamente una regla simple. Los abogados que mueren son los que cruzan la línea entre defensa legal y facilitación criminal. Los que transportan mensajes, los que organizan fugas, los que administran propiedades, los que negocian secuestros, todos ellos terminan ejecutados. Pero si un abogado se limita estrictamente a su rol constitucional de defensor, si nunca sabe más de lo necesario, si mantiene distancia profesional, tal vez pueda sobrevivir.
Salazar decide apostar por esa estrategia. No será mensajero, no transportará cartas entre Escobar y sus sicarios. No negociará rendiciones con el gobierno. No administrará dineros sucios. Solo litigará. Solo defenderá en estrados judiciales usando tecnicismos legales y vacíos procedimentales. Argumentará violaciones al debido proceso con precisión quirúrgica.
Nunca sabrá dónde está escondido su cliente en un momento dado. Nunca conocerá los detalles operativos del cartel. Esa ignorancia voluntaria y calculada será su armadura invisible, porque los Pepes, cuando lleguen en 1992, ejecutarán a quienes saben demasiado. Y Gustavo Salazar Pineda se asegura meticulosamente de no saber absolutamente nada más allá de lo estrictamente jurídico y procesal.
La relación entre Pablo Escobar y Gustavo Salazar no es personal ni emocional, es estrictamente transaccional. Escobar no confía en abogados como categoría, los ve como herramientas intercambiables. Si funcionan, los usa. Si fallan, los descarta sin ceremonias. Salazar lo entiende perfectamente desde el primer día.
No intenta ser amigo del capo, no busca su aprobación emocional. ni su simpatía personal. Sun solo hace su trabajo con eficiencia mecánica. Encontrar grietas microscópicas en el sistema judicial colombiano para evitar la extradición. Y esas grietas existen. Son enormes, evidentes, escandalosas. El tratado de extradición firmado entre Colombia y Estados Unidos en 1979 durante el gobierno de Julio César Turbay tiene vicios legales devastadores.
La Ley 27 de 1980 que lo incorpora formalmente a la legislación colombiana fue sancionada irregularmente. El presidente Turbay no la firmó personalmente. delegó esa función a Germán Sea Hernández, ministro delegatario de funciones presidenciales. Es un error procedimental, un vicio de forma que parece menor, pero en derecho constitucional los errores de forma son tan letales como los errores de fondo.
Chen Gustavo Salazar Pineda y un grupo de abogados coordinados presentan múltiples demandas ante la Corte Suprema de Justicia. argumentan meticulosamente que la ley es inexequible por vicio en el trámite. Citan precedentes, referencias constitucionales, jurisprudencia internacional. La estrategia es técnica, no política.
No argumentan que la extradición sea injusta o inmoral. Simplemente demuestran que es ilegal según el propio derecho colombiano y ganan. El 12 de diciembre de 1986, en una sentencia histórica que sacude al país, la Corte Suprema de Justicia declara inexequible la ley 27 de 1980. La extradición colapsa instantáneamente.
Colombia queda sin mecanismo legal para enviar narcotraficantes a Estados Unidos. Todos los autos de detención con fines de extradición quedan suspendidos. Es la victoria más grande del cartel de Medellín, sin disparar un solo tiro, sin poner una sola bomba. Pablo Escobar celebra en su escondite. Gustavo Salazar Pineda se convierte automáticamente en el abogado más valioso de la mafia colombiana.
Su tarifa se multiplica, su demanda se dispara. Todos los narcotraficantes del país quieren contratarlo, pero el triunfo dura exactamente 48 horas. Dos días después, el 14 de diciembre de 1986, el presidente Virgilio Barco resanciona personalmente el tratado como ley 68 de 1986. Intentan cerrar el agujero legal con velocidad administrativa.
Barco firma el documento en persona, eliminando el vicio de forma. El gobierno cree que ha solucionado el problema. Se equivoca. En 1987, apenas unos meses después, la Corte Suprema vuelve a tumbar la ley. Esta vez por falta de trámite legislativo completo. Chiombia queda sin extradición nuevamente. El Estado está desarmado.
Los narcotraficantes respiran. Pero la victoria tiene fecha de caducidad. En febrero de 1987, apenas semanas después del segundo fallo favorable, Carlos Leder Rivas, otro capo del cartel de Medellín, es capturado en una finca rural en menos de 24 horas, sin juicio, sin audiencias, sin proceso de apelación, es extraditado directamente a Estados Unidos.
Lo hacen bajo un decreto de emergencia saltándose todos los protocolos. Es extradición por vía administrativa pura. Pablo Escobar entiende el mensaje. Cuando el Estado decide jugar sucio, las leyes no importan. La única protección real es el poder para aterrorizar al gobierno hasta que prefiera negociar antes que combatir.
Mientras tanto, Chan Gustavo Salazar Pineda trabaja en otro frente crítico. Proteger los bienes del cartel. Después del asesinato de Lara Bonilla, el presidente Betancur lanza una campaña agresiva para confiscar propiedades de los narcotraficantes. Haciendas valoradas en millones, apartamentos de lujo en Bogotá y Medellín, empresas legítimas usadas para lavar dinero.
Todo está en la mira de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Salazar litiga cada caso con meticulosidad obsesiva. argumenta que los bienes fueron adquiridos legalmente, que no hay pruebas directas documentadas de origen ilícito, que la presunción de inocencia debe prevalecer hasta que se demuestre lo contrario. Gana más casos de los que pierde.
No porque sus clientes sean inocentes, sino porque el Estado colombiano es espectacularmente incompetente. Las evidencias están mal recolectadas. Los testimonios son cuestionables porque provienen de informantes pagados. Las cadenas de custodia están rotas por negligencia o corrupción. Los allanamientos se realizan sin órdenes judiciales válidas.
Salazar Pineda explota cada error con frialdad quirúrgica. No inventa hechos, no falsifica documentos, solo expone la negligencia sistemática del sistema. Su especialidad es encontrar el detalle microscópico que invalida todo el caso. Un testimonio firmado sin abogado presente, una evidencia que estuvo 48 horas sin custodia verificable.
Un procedimiento realizado después de las 6 de la tarde cuando la ley exige que sea antes. Son tecnicismos. Pero en derecho los tecnicismos ganan casos. La defensa de Pablo Escobar, según el propio Salazar en entrevistas posteriores, nunca fue sobre demostrar inocencia. Su era sobre demostrar que el Estado era incapaz de probar culpabilidad más allá de duda razonable.
Y en Colombia de los 80 era espantosamente fácil. Los jueces estaban aterrorizados. Muchos renunciaban antes de emitir sentencias contra narcos. Los que no renunciaban recibían sobres con balas y fotografías de sus familias. Los que aún así se mantenían firmes eran asesinados. Entre 1984 y 1993, más de 50 magistrados y jueces fueron ejecutados.
Docenas más fueron heridos en atentados. El sistema judicial estaba literalmente paralizado por el terror. En ese caos institucional, Salazar Pineda se movía con frialdad profesional estudiada. Asistía a las audiencias, presentaba sus argumentos con tono académico, salía del tribunal y esperaba el fallo. Si ganaba, cobraba sus honorarios astronómicos.
Si perdía, Chick buscaba apelaciones técnicas. Nunca cruzaba la línea hacia la complicidad activa, nunca sobornaba jueces directamente, nunca amenazaba testigos personalmente. Esas tareas las hacían otros. Él solo litigaba. Esa división de roles estrictamente profesional lo mantenía técnicamente limpio.
Y esa limpieza técnica, aunque éticamente cuestionable, lo mantenía legalmente intocable. más importante, lo mantenía vivo. El 18 de agosto de 1989, sicarios del cartel de Medellín ejecutan a Luis Carlos Galán Sarmiento, candidato presidencial del Partido Liberal con altas probabilidades de ganar las elecciones durante un acto político masivo en Suacha, Cundinamarca.
Es un asesinato público descarado, brutal. Los sicarios disparan con fusiles automáticos frente a miles de testigos. Galán cae frente a las cámaras de televisión. El crimen sacude a Colombia hasta los cimientos. El candidato era la esperanza de millones. Su campaña prometía combatir la corrupción y el narcotráfico sin negociaciones.
Ahora está muerto. El mensaje del cartel es claro. Nadie está a salvo. El presidente Virgilio Barco responde inmediatamente con decretos de estado de sitio. El decreto 1830 restablece la extradición por vía administrativa sin necesidad de fallo judicial previo. Es una medida desesperada. probablemente inconstitucional, pero brutalmente efectiva.
Los narcotraficantes entran en pánico colectivo. Pablo Escobar intensifica su campaña de terror hasta niveles inimaginables. En noviembre de 1989 ordena colocar una bomba de alto poder explosivo en el vuelo 203 de Avianca, que viajaba de Bogotá a Cali. El avión explota en el aire a pocos minutos del despegue.
Si mueren 110 personas. La idea era asesinar a César Gaviria Trujillo, candidato presidencial que había reemplazado a Galán y que públicamente apoyaba la extradición. Gaviria canceló su vuelo en último momento. No estaba en el avión. Las 110 víctimas, entre ellas niños, murieron por un objetivo que no se cumplió. Es un crimen monstruoso, incluso para los estándares de Pablo Escobar.
Dos semanas después, en diciembre de 1989, el cartel coloca un camión bomba frente al edificio del Departamento Administrativo de Seguridad en Bogotá. La explosión destruye varias cuadras, mata a 70 personas yere a más de 600. La capital está aterrorizada. Gustavo Salazar Pineda observa la escalada con creciente inquietud personal. Sabe que está en una lista.
Los Pepes, aunque todavía no existen como organización en 1989, Shit, ya hay rumores de que enemigos de Escobar están planeando respuestas igualmente brutales. Los abogados del cartel comienzan a recibir amenazas sistemáticas. Salazar recibe coronas fúnebres enviadas directamente a su oficina de Medellín con su nombre completo impreso y la leyenda.
Gustavo Salazar Pineda, descansa en paz. Recibe llamadas telefónicas nocturnas a las 3 de la mañana de agentes secretos anónimos diciéndole exactamente lo mismo. Vas a morir, hijo de [ __ ] por defender a ese criminal. Le envían sufragios con su fotografía. Los sobres llegan a su casa donde vive su familia.
No duerme, toma pastillas para la ansiedad, pero tampoco renuncia. Abandonar a un cliente como Pablo Escobar es firmar su propia sentencia de muerte. El capo no acepta traiciones ni renuncias. La única salida es seguir trabajando y mantener la disciplina profesional y rezar para que Escobar entienda que él solo es un defensor legal. No un cómplice operativo.
En 1991 todo el panorama político cambia radicalmente. La Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el presidente César Gaviria, redacta una nueva Constitución para Colombia. Uno de los puntos más debatidos y controvertidos es precisamente la extradición. Los narcotraficantes presionan con secuestros selectivos y asesinatos políticos.
Pablo Escobar ordena el rapto de periodistas prominentes, políticos influyentes y familiares de figuras públicas. Entre las víctimas están Francisco Santos Calderón, jefe de redacción del periódico El Tiempo y Maruja Pachón de Villamizar, directora de Foscine, hermana de la esposa de un político cercano al presidente.
También secuestra a Marina Montoya, hermana del exsecretario de la presidencia, Germán Montoya. Marina será ejecutada meses después, cuando las negociaciones no avanzan como Escobar desea. El mensaje es absolutamente claro. Si la constituyente no prohíbe la extradición, los secuestrados morirán uno por uno. En enero de 1991, para reforzar dramáticamente la amenaza, Escobar ordena el asesinato del exministro de justicia, Enrique Low Murtra. Lo matan con precisión militar.
Funciona. El terror cumple su objetivo. El 19 de junio de 1991, la Asamblea Constituyente vota y prohíbe constitucionalmente la extradición de nacionales colombianos. Por primera vez en la historia jurídica del país, la extradición se eleva a rango constitucional y se prohíbe explícitamente. Es la mayor victoria política de Pablo Escobar.
Ese mismo día, apenas horas después de conocerse el resultado de la votación, se entrega voluntariamente a las autoridades. La condición es simple y no negociable. No será enviado a Estados Unidos bajo ninguna circunstancia. Será recluido en una cárcel construida específicamente por él mismo en el municipio de Envigado, Antioquia, conocida como la catedral.
No es una prisión convencional, es un complejo de 3 hectáreas con canchas de fútbol, jacuzzi, bar completamente abastecido, billar, habitaciones con chimeneas decorativas, baños de lujo y vista panorámica privilegiada sobre el valle de Medellín. Escobar controla absolutamente todo desde ahí.
Sigue manejando el cartel, ordenando asesinatos selectivos, enviando toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Los guardias están sobornados. El estado colombiano hace como que no ve. Chie prefieren tenerlo aparentemente controlado dentro de su propia cárcel de lujo que persiguiéndolo por las montañas. Gustavo Salazar Pineda sigue trabajando oficialmente como su abogado.
Ahora las reuniones profesionales se son más fáciles logísticamente. Solo debe subir por la empinada carretera de 14 km hasta la catedral. Escobar lo recibe en su habitación principal. Discutenos legales pendientes, estrategias judiciales para otros miembros del cartel, maniobras para proteger bienes confiscados. Salazar sigue meticulosamente sin involucrarse en temas operativos criminales.
No pregunta por cargamentos de cocaína, no pregunta por rutas de tráfico, no pregunta por nombres de sicarios. No pregunta por ubicaciones de laboratorios. Solo habla estrictamente de derecho penal y procesal. Pero el 4 de julio de 1992, punto, Pablo Escobar comete su error fatal, el que desencadenará su destrucción final.
Desde la catedral, sin autorización judicial ni procedimiento legal alguno, ordena el asesinato brutal de dos de sus socios más cercanos, Fernando el Negro Galeano y Gerardo Kiko Moncada. los acusa de haberle robado millones de dólares escondidos en caletas secretas, de estar negociando tratos con el cartel de Cali, de planear traicionarlo, los convoca a una reunión supuestamente amigable dentro de la prisión, los tortura personalmente durante horas, los ejecuta con sus propias manos.
Los cadáveres son enterrados apresuradamente dentro del perímetro de la cárcel. El gobierno de César Gaviria se entera por filtraciones de guardias horrorizados. La prensa estalla con titulares escandalizados. La opinión pública exige acción inmediata. El 22 de julio de 1992, el gobierno decide intentar trasladar a Escobar a otra prisión de seguridad real.
El operativo es un desastre completo, humillante, patético. Escobar toma rehenes, negocia durante horas, gana tiempo suficiente. Finalmente, simplemente se fuga caminando tranquilamente por la parte trasera de la catedral con nueve de sus lugarenientes más leales, incluyendo a su hermano Roberto. Sale disparar un tiro. Nadie lo detiene.
Los militares llegan tarde. Es el episodio más vergonzoso en toda la historia penitenciaria de Colombia, pero también es el inicio del fin, porque los familiares de Galeano y Moncada no olvidan y tienen dinero suficiente, armas abundantes y conexiones poderosas para vengarse. Diciembre de 1992. Nace los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar.
Es una organización paramilitar financiada por el cartel de Cali, hoy liderada por Fidel Castaño y Diego Murillo, alias Donberna, con apoyo clandestino del bloque de búsqueda, la DEA y la CIA. Su objetivo, destruir todo lo que Pablo Escobar ama. No van tras él directamente, van tras su familia, sus abogados, sus contadores, sus testaferros, sus sicarios.
Cada semana mueren seis personas. vinculadas al cartel de Medellín. Los Pepes bombardean las haciendas de Ermilda Gaviria, madre de Escobar. Incendian su colección de autos antiguos. Destruyen propiedades con obras de Picasso y Dalí. Secuestran y ejecutan a cualquiera que trabaje para el capo.
Dejan letreros por servir a Pablo Escobar. La guerra es total. El 16 de abril de 1993, los Pepes asesinan a Guido Parra. abogado de Escobar, junto a su hijo Guido Andrés Parra Sierra. Los torturan antes de matarlos. Un es un mensaje directo. Los abogados ya no están protegidos. Gustavo Salazar Pineda sabe que está en la lista.
Los Pepes tienen su nombre, su dirección, su rutina. Una noche recibe una llamada. Le dicen que preparen su ataúd. Salazar no huye, no se esconde, va a televisión nacional. aparece en noticieros rogando que no lo maten. Dice que solo es un abogado cumpliendo su deber constitucional de defensa, que no es mensajero del cartel, que no sabe dónde está Escobar, que no merece morir por hacer su trabajo.
Es humillante, pero efectivo. Los Pepes lo evalúan. Comprueban que Salazar nunca fue estafeta, nunca transportó mensajes, nunca administró dineros, nunca organizó logística, solo litigó. Deciden dejarlo vivo, pero la amenaza persiste. En junio de 1993, otra confusión casi lo mata. Ching un impostor entra a una cárcel de Medellín haciéndose pasar por Gustavo Salazar Pineda. Habla con sicarios del cartel.
negocia algo, sale del penal. Los Pepes lo interceptan y lo ejecutan. Los medios publican asesinado el abogado de Pablo Escobar. Aparecen fotografías de Salazar en los periódicos con la noticia de su muerte. Sus familiares lloran. Lo llaman al apartamento en Medellín. Él contesta, “Está vivo.” Fue otro.
Alguien que usó su nombre para entrar a la cárcel. Esa persona pagó con su vida. Salazar entiende el mensaje. Está a milímetros de morir. Su supervivencia depende de que los Pepes sigan creyendo que no sabe nada operativo. Y es verdad, no sabe nada. Esa ignorancia calculada lo mantiene respirando. Mientras tanto, Pablo Escobar está acorralado.
Su red de soporte colapsa, sus sicarios están muertos. y sus contadores están muertos. Sus abogados están muertos o aterrorizados. Solo le queda un guardaespaldas. Se refugia en una casa de clase media en el barrio Los Olivos de Medellín. Intenta negociar con el gobierno. Ofrece entregarse si garantizan asilo político para su familia.
Varios países rechazan la petición. Nadie quiere a la familia de Pablo Escobar. Él sigue escondido, moviéndose cada dos noches entre casas seguras. El bloque de búsqueda lo rastrea con tecnología de la DEA. Interceptan llamadas telefónicas. Lo localizan. El 2 de diciembre de 1993, a las 3:15 de la tarde, el bloque de búsqueda irrumpe en la casa de los Olivos. Disparan.
Escobar responde, intenta escapar por el tejado, las balas lo alcanzan. Cae muerto sobre el techo de Tejas Rojas. Tiene 44 años. Con él muere el cartel de Medellín. Los Pepes se disuelven. La guerra termina. Gustavo Salazar Pineda sobrevive. No celebra públicamente, no da entrevistas triunfalistas, simplemente sigue ejerciendo.
Regresa a su oficina en Medellín. como si nada hubiera pasado. Pero algo cambió. Ya no es solo un abogado penalista, es una leyenda, el hombre que defendió al indefendible y salió vivo. Otros juristas del cartel no tuvieron esa suerte. Más de 70 abogados fueron ejecutados entre 1989 y 1993. Guido Parra y su hijo fueron torturados y asesinados.
Muchos otros simplemente desaparecieron. Sus cuerpos nunca aparecieron. Salazar Pineda dice que sobrevivió porque nunca cruzó la línea, nunca fue estafeta, nunca fue cómplice, solo fue defensor. Pero hay quienes dudan. Hay quienes creen que Salazar jugó un juego más complejo, que tal vez colaboró con las autoridades en secreto, que tal vez entregó información estratégica a cambio de protección. Salazar lo niega.
Dice que su única estrategia fue la honestidad profesional. No mintió, no se involucró en negocios ilegales. Mantuvo distancia con sus clientes. Respetó el límite entre defender y facilitar. Esa disciplina lo salvó o tal vez simplemente tuvo suerte. En Colombia de los 90 la suerte también contaba. Años después, Gustavo Salazar Pineda escribe libros, publica El confidente de la mafia se confiesa.
Revela secretos que durante décadas guardó. Habla de políticos que recibieron dinero del cartel. Habla de jueces que negociaron penas con fiscales corruptos. Habla de altos jerarcas de la iglesia que aceptaron donaciones de narcotraficantes. Menciona nombres: Cardenal Alfonso López Trujillo, fiscal Alfonso Valdivieso, muchos otros.
La editorial española que publica el libro censura tres capítulos completos. Demasiado explosivo, demasiado peligroso. Salazar acepta la censura. al menos logra publicar algo. En 2021 aparece en el podcast de Jordi Wild, cuenta anécdotas de su vida con los capos. Habla de Pablo Escobar con una mezcla de respeto profesional y distancia emocional.
Lo describe como un psicópata creador, un artista de la maldad. Dice que Escobar no era realmente un gran narcotraficante, que el verdadero cerebro del negocio era Gustavo Gaviria, su primo, que Pablo era más político que narco, que su poder venía del terror, no de la inteligencia empresarial, que si las autoridades no lo hubieran perseguido tan brutalmente, tal vez nunca habría desatado el narcoterrorismo.
Es una teoría controversial, muchos la rechazan. Otros la consideran. Si Salazar no se disculpa. Dice que cuenta lo que vio. Hoy en 2026 Gustavo Salazar Pineda sigue vivo. Tiene más de 80 años. Ya no defiende narcotraficantes. Ahora se dedica a dar conferencias, escribir columnas legales, analizar casos históricos.
Viaja por Europa contando su historia. En octubre de 2024 visita Salamanca, España. Habla ante periodistas. Le preguntan si se arrepiente de haber defendido a Pablo Escobar. Responde que no, que estudió derecho para defender criminales, no para defender santos, que su trabajo era garantizar el debido proceso, no juzgar la moralidad de sus clientes, que si no hubiera abogados dispuestos a defender a los peores, el sistema judicial colapsaría.
Es una respuesta fría, pragmática, inquietante, pero también es honesta. La historia de Gustavo Salazar Pineda no es una historia de héroes y villanos, es una historia de supervivencia de un hombre que entendió que en Colombia de los 80 rechazar un cliente como Pablo Escobar era suicidio. Aceptarlo también podía hacerlo.
La única forma de salir vivo era trazar una línea invisible y nunca cruzarla. Salazar trazó esa línea, la respetó incluso cuando significaba perder dinero, perder poder, perder influencia. Nunca fue mensajero, nunca fue socio, solo fue abogado. Esa disciplina lo mantuvo fuera de las fosas comunes donde terminaron decenas de sus colegas.
Mientras Pablo Escobar moría en un tejado de Medellín con tres balazos en el cuerpo, Gustavo Salazar Pineda dormía en su apartamento tranquilo, vivo, esperando el siguiente caso, porque en Colombia siempre hay un siguiente caso, siempre hay otro criminal que necesita defensa y siempre habrá abogados dispuestos a defenderlos.
La pregunta no es si deben hacerlo. La pregunta es cómo hacerlo sin morir en el intento. Gustavo Salazar Pineda encontró la respuesta. No fue elegante, no fue heroica, pero funcionó. Y eso en Colombia de los 90 era lo único que importaba. M.
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