A las FAR que secuestraron a madres delante de sus hijos y a hijos delante de sus madres. que pusieron bombas en plazas llenas de gente, que reclutaron a niños de 8, de 10, de 12 años para convertirlos en soldados que vivieron del narcotráfico y que con ese dinero compraron armas, compraron complicidades y compraron silencios en los lugares más altos del poder colombiano.
Esas FAR tenían jefes, tenían hombres que dirigían desde la sombra las operaciones criminales de una organización que en su momento fue considerada la guerrilla más poderosa y más peligrosa de América Latina. Y entre esos jefes había uno que era diferente a los demás, no porque fuera el más violento ni el que daba las órdenes de las masacres más grandes, sino porque era el más inteligente de todos, el más estratégico, el que entendía que la guerra no se gana solo con fusiles, sino también con palabras, con imagen, con relaciones
internacionales, con la capacidad de convencer al mundo de que los asesinos son en realidad luchadores por la paz. Ese hombre se llamaba Luis Edgar de Via Silva, pero nadie lo conocía por ese nombre. El mundo entero lo conocía por su alias. El nombre que usó durante décadas para moverse por los campamentos de la selva, para viajar a capitales extranjeras, para reunirse con presidentes y con ministros y con periodistas que no sabían o no querían saber exactamente con quién estaban hablando. El mundo lo conocía como Raúl
Reyes. Raúl Reyes era el canciller de las FARC, así lo llamaban, con ese título que suena oficial y serio, que suena a protocolo y a diplomacia, pero que en realidad describía algo mucho más oscuro y mucho más peligroso. era el hombre que construyó para las FARC una red de contactos y de aliados en todo el mundo, que fue tejiendo durante años una tela de araña de relaciones que llegaba desde los campamentos de la selva colombiana hasta los despachos del gobierno venezolano, hasta las reuniones del gobierno ecuatoriano, hasta los
parlamentos de países europeos, hasta las oficinas de organizaciones de izquierda en Argentina, en México, en España, en los Países Bajos, desde su campamento en la frontera entre Colombia y Ecuador. Raúl Reyes coordinaba todo eso con una paciencia y una precisión que sorprendería a cualquiera que imaginara que los jefes guerrilleros eran hombres rudos y primitivos que vivían entre el barro y las serpientes.
No, Reyes era un hombre moderno, era un hombre de computadores y de correos electrónicos, un hombre que entendía el poder de la comunicación y que usaba la tecnología con una habilidad que muchos políticos legales de su época no tenían. Y esa habilidad, esa obsesión por documentar todo, por guardar todo, por registrar en correos y en archivos cada conversación y cada acuerdo y cada plan, fue al mismo tiempo su herramienta más poderosa y su error más grande.
El error que con el tiempo iba a convertirse en la mayor amenaza para todos los que habían tenido negocios con él. Raúl Reyes guardaba todo en sus computadores. Guardaba los correos con los jefes de las FARC, guardaba los registros de las operaciones de narcotráfico. Guardaba los acuerdos financieros con el gobierno venezolano.
Guardaba las conversaciones con funcionarios del gobierno ecuatoriano. Guardaba los planes para las marchas, para las campañas de imagen, para las operaciones de propaganda que intentaban limpiar la cara de una organización que el mundo reconocía como terrorista y que necesitaba desesperadamente cambiar esa percepción.
y guardaba nombres, muchos nombres, nombres de políticos colombianos, nombres de periodistas, nombres de académicos y de activistas, nombres de personas que de diferentes maneras, con diferentes grados de conciencia y de complicidad habían tenido algún tipo de relación con la organización o habían sido útiles para sus fines.
A veces sin saberlo, a veces sabiéndolo perfectamente. Muchos computadores eran una bomba, una bomba de información que dormía en la selva ecuatoriana mientras Reyes se sentía seguro, protegido por la distancia, por la espesura del monte y por la certeza de que las fuerzas militares colombianas no se iban a atrever a cruzar la frontera para buscarlo.
Raúl Reyes se equivocó. La madrugada del primero de marzo de 2008 fue una de esas noches que cambian la historia de un país para siempre, aunque en ese momento nadie pudiera saber exactamente cuánto iba a cambiar ni en cuántas direcciones iba a ir ese cambio. Esa noche, las fuerzas militares de Colombia ejecutaron la operación Fénix, una operación de inteligencia y de fuerza aérea que había sido planeada durante meses con una precisión quirúrgica, que cruzó la frontera con Ecuador en la oscuridad de la madrugada y que bombardeó el
campamento de Raúl Reyes en la zona de Angostura, en la región ecuatoriana de Sucumbíos. El bombardeo mató a reyes. Mató también a otros guerrilleros que estaban en el campamento y dejó entre los escombros y la tierra revuelta del monte algo que nadie esperaba encontrar en ese estado. Algo que los soldados colombianos recogieron entre el humo y los escombros con la sensación de que acababan de encontrar algo cuyo verdadero valor todavía no podían comprender del todo.
Tres computadores, tres memorias USB, dos discos duros. Los aparatos habían sobrevivido al bombardeo. Eran equipos especiales fabricados para resistir condiciones extremas. Y el hecho de que siguieran funcionando después de que todo a su alrededor había sido destruido fue el primer indició de que lo que contenían era considerado tan valioso que Reyes había invertido recursos para protegerlo físicamente.
Cuando los técnicos colombianos empezaron a revisar esos archivos, cuando comenzaron a leer los correos y a abrir los documentos y a entender la dimensión de lo que tenían en sus manos, el presidente Álvaro Uribe fue informado de inmediato y la información que le llegó esa noche fue suficiente para que entendiera que Colombia acababa de encontrar algo que podía cambiar la política del país y tal vez de todo el continente, de maneras que nadie podía predecir todavía con certeza.
Lo que había en esos computadores era exactamente lo que muchos colombianos sospechaban, pero no podían probar. Había registros de las relaciones financieras entre las FARC y el gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez. Relaciones que iban mucho más allá de la simpatía ideológica y que incluían transferencias de dinero concretas, acuerdos sobre armas, coordinación de operaciones y respaldo logístico que convertían al gobierno venezolano en un cómplice activo de la organización narcoterrorista.
Había registros de las relaciones entre las FARC y el gobierno del presidente ecuatoriano, Rafael Correa. Relaciones que mostraban un grado de complicidad que el gobierno de Quito nunca había reconocido públicamente y que explicaban por qué los campamentos de la guerrilla podían operar con tanta comodidad en territorio ecuatoriano sin que el gobierno de ese país hiciera nada para impedirlo.
Había registros de las conexiones de las FARC con organizaciones y personajes de Argentina, de Uruguay, de Nicaragua, de Cuba, del socialismo del siglo XXI, que en ese momento estaba construyendo su proyecto político en América Latina y que mantenía con la guerrilla colombiana unos lazos que sus líderes nunca habrían reconocido en público.
Y había correos, correos muy específicos y muy concretos que mencionaban nombres de políticos colombianos, de personas que habían tenido relaciones con la organización, que habían coordinado acciones con ella, que habían recibido o enviado mensajes a través de los canales de comunicación de las FARC, personas que en ese momento seguían activas en la política colombiana y que tenían razones muy poderosas para temer que esos correos algún día salieran a la luz pública.
Uno de esos nombres era el de Iván Cepeda. Iván Cepeda Castro, hijo del senador Manuel Cepeda Vargas, que fue asesinado por grupos paramilitares en 1994. Un hombre cuya historia personal estaba marcada por el dolor de esa pérdida y por la lucha que emprendió durante años para que los responsables de ese crimen fueran juzgados.
Un hombre que construyó su carrera política sobre la denuncia de los crímenes de estado y sobre la defensa de los derechos humanos. un hombre que con los años se convertiría en uno de los senadores más conocidos y más polarizantes de Colombia, amado profundamente por unos y rechazado con igual intensidad por otros. En los correos encontrados en los computadores de Raúl Reyes, el nombre de Iván Cepeda aparecía en un contexto que sus defensores explicarían de una manera y sus críticos de otra completamente diferente, pero que en cualquier caso
era un contexto que nadie que estuviera en política podía desear que el mundo conociera. El 18 de febrero de 2008, 15 días antes de la operación Fénix, alguien que usaba el alias Ingrid presentada en los documentos como colaboradora de la Comisión Internacional de las FART, la estructura que Raúl Reyes dirigía desde el exterior y que era conocida como la Cominter, escribió un correo a un destinatario que no estaba especificado, pero que estaba en los archivos de Reyes.
En ese correo, alias Ingrid decía algo que 18 años después seguía siendo una piedra en el zapato de la política colombiana. decía que por pedido del compañero Iván Cepeda estaba coordinando la unidad de las marchas que se harían en todos los países el próximo 6 de marzo, que era imprescindible que todo se unificara para dar un golpe de efecto mucho mayor y que ya habían respondido los compañeros de Ecuador y que esperaba la forma de contactar a Iván con los contactos de la Agencia de los Pueblos en pie y la marcha que se organizaría en
ese país. Para entender el peso de ese correo, hay que entender el contexto en que fue escrito, porque ese contexto es lo que convierte un mensaje de correo electrónico en un documento con consecuencias políticas que llegan hasta el presente. Dos semanas antes, el 4 de febrero de 2008, Colombia había vivido uno de los momentos más emotivos y más poderosos de su historia reciente.
Uno de esos momentos que la gente que los vivió lleva grabados en el corazón con la precisión de las cosas que no se olvidan porque son demasiado grandes para caber en el olvido. Ese día millones de colombianos salieron a las calles. No en una ciudad, no en dos, sino en todo el país, en 193 ciudades y municipios, en las capitales y en los pueblos pequeños, en las plazas centrales y en las esquinas de los barrios populares.
Salieron a marchar contra las FARC. Salieron a decir en voz alta y con sus cuerpos en la calle lo que llevaban décadas sintiendo en silencio, que ya era suficiente, que Colombia estaba cansada del miedo, que nadie que hubiera secuestrado niños y puesto bombas en plazas llenas de gente merecía ser llamado combatiente por la paz o luchador social.
Más de 6 millones de personas marcharon ese día. 6 m000ones. Fue la marcha más grande que ha visto Colombia en toda su historia y el mensaje que mandaron esos 6 millones de colombianos que salieron a la calle con pancartas y con banderas y con los ojos llenos de rabia y de esperanza al mismo tiempo.
Fue un mensaje que el mundo entero escuchó y que las FARK escucharon con un miedo que no habían sentido en mucho tiempo. Ese miedo era real. La marcha del 4 de febrero había golpeado la imagen de las FARC en el mundo de una manera que ninguna operación militar había logrado golpearla. Porque una cosa es que el ejército de un país persiga a una guerrilla y otra cosa completamente diferente es que 6 millones de ciudadanos salgan voluntariamente a la calle a decirle al mundo que esa guerrilla no tiene ningún respaldo popular, que es rechazada por el mismo
pueblo en cuyo nombre dice luchar. Las FARC necesitaban responder. Necesitaban mostrar que también tenían gente dispuesta a marchar por ellas o al menos por las causas que usaban como bandera, el intercambio humanitario, la salida negociada del conflicto, la paz con diálogo. Y para eso necesitaban movilizar a sus aliados y a sus contactos, los que tenían en Colombia y los que tenían en el exterior, y necesitaban hacerlo rápido antes de que el impacto del 4 de febrero se enfriara y el mundo siguiera hablando de la marcha millonaria contra
la guerrilla, sin que hubiera ninguna imagen que contrarrestara ese mensaje. Ahí es donde entra el correo de alias Ingrid. Ahí es donde aparece el nombre de Iván Cepeda. El 6 de marzo, apenas un mes después de la marcha millonaria, se organizó en Colombia una contramarcha mucho más pequeña, convocada bajo la bandera del intercambio humanitario, defendida por quienes argumentaban que era necesario negociar con las FARC para liberar a los secuestrados.
y en los computadores de Raúl Reyes, en los correos que su estructura internacional intercambiaba en esos días, el nombre de Iván Cepeda aparecía como el hombre que coordinaba desde el lado colombiano la organización de esa marcha, el hombre con quien alias Ingrid hablaba para unificar las convocatorias en diferentes países.
Cuando esos correos salieron a la luz pública después de la operación Fénix, cuando Colombia comenzó a leer lo que había en esos computadores y a entender la red de relaciones que describían, la reacción fue exactamente la que Raúl Reyes habría temido si hubiera estado vivo para verla. Fue un terremoto político.
Presidentes de varios países latinoamericanos que aparecían en los documentos tuvieron que dar explicaciones que nadie les creyó del todo. Figuras políticas colombianas que aparecían en los correos entraron en un modo de crisis que muchos no habían vivido antes. Los medios de comunicación de medio mundo publicaban día tras día nuevas revelaciones de los archivos, nuevos correos, nuevos nombres, nuevas conexiones que iban ampliando el retrato de una red que era mucho más grande y mucho más profunda de lo que nadie había
imaginado públicamente. Y entonces pasó algo que Colombia no esperaba, algo que muchos colombianos que vivieron ese momento todavía recuerdan con esa mezcla de incredulidad y de rabia que uno siente cuando la justicia falla exactamente en el momento en que más la necesita. La Corte Suprema de Justicia de Colombia decidió que esos computadores no podían ser usados como prueba en ningún proceso penal colombiano.
La decisión llegó en 2011, 3 años después de la operación Fénix y el argumento que la Corte usó fue un argumento técnico, un argumento sobre procedimiento y cadena de custodia, sobre si los computadores habían sido manejados correctamente desde el momento en que fueron recogidos en el campamento hasta que llegaron a los laboratorios colombianos.
El argumento decía que había dudas sobre si la cadena de custodia se había roto en algún momento, que no había garantías absolutas de que nadie hubiera podido manipular los archivos entre el campamento de reyes y los técnicos colombianos, y que, por lo tanto, nada de lo que esos computadores contenían podía ser usado para acusar o condenar a nadie en la justicia colombiana.
Ese argumento tenía un problema que muchos juristas y muchos colombianos señalaron en ese momento con una indignación que no ha disminuido con los años. que la organización de policía criminal más grande y más respetada del mundo, la Interpol, con sus 196 países miembros y sus equipos de especialistas en informática forense, había revisado esos computadores con una profundidad y un rigor que pocas organizaciones del planeta podían igualar y había llegado a una conclusión completamente opuesta a la de la corte colombiana.
64 especialistas de la Interpol habían revisado 38,000 archivos, 452 hojas de cálculo, 210,000 imágenes, 10,537 archivos multimedia, 610 GB de información y habían llegado a una conclusión que el secretario general de la organización, Ronald Noble, pronunció en Bogotá con la claridad y la firmeza de quien ha revisado personalmente cada uno de esos datos.
Interpol concluye, dijo Noble, que no hubo ningún tipo de alteración, repito, ninguna alteración de los datos de la evidencia computacional, siguiendo a su incautación el primero de marzo de 2008. Ninguna alteración. La Interpol dijo que los computadores eran auténticos. La Interpol dijo que los archivos no habían sido manipulados.
La Interpol dijo que lo que estaba en esos computadores era exactamente lo que Raúl Reyes había guardado ahí. sin que nadie lo hubiera tocado después. Y la Corte Suprema de Colombia dijo que de todas maneras no servía como prueba. Esa decisión cerró una puerta que Colombia necesitaba que se abriera. Esa decisión permitió que los nombres que aparecían en esos correos, los políticos colombianos que de una u otra manera estaban mencionados en los archivos de la organización narcoterrorista más poderosa de la historia del país, siguieran sus vidas
sin tener que responder ante la justicia por lo que estaba escrito en esos documentos. siguieron sus vidas, siguieron sus carreras políticas, siguieron dando discursos, siguieron construyendo su imagen pública, siguieron pidiendo votos y Colombia, que durante un breve momento creyó que por fin iba a saber la verdad sobre quiénes habían sido los cómplices civiles y políticos de las FARC durante décadas de terror, tuvo que resignarse a no saber, o más exactamente, a no poder probar legalmente lo que muchos sospechaban y
algunos sabían de sobra. 18 años pasaron así. 18 años en que esos computadores, esos correos, esos nombres, esas conexiones dormían en los archivos como una historia que Colombia había decidido no contar o que alguien había decidido por Colombia que no se iba a contar. Hasta esta semana. Esta semana en Washington, en el marco del proceso judicial más grande que han visto los tribunales norteamericanos contra el narcoterrorismo latinoamericano, el proceso judicial contra Nicolás Maduro, el dictador venezolano que el 3 de enero
de 2026 fue capturado por fuerzas especiales estadounidenses en su propia residencia de Caracas, extraído de Venezuela en un operativo que el mundo no olvidará, trasladado a Nueva York junto a su esposa Cilia Flores y que hoy espera juicio. en una celda federal en Brooklyn acusado de narcoterrorismo. El mismo crimen que lo conecta directamente con las FARC y con los archivos de Raúl Reyes y con los carteles de la droga.
Los fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sacaron de esos archivos información que en Colombia no pudo ser usada como prueba, pero que en la justicia norteamericana sí tiene validez, porque para la justicia de los Estados Unidos lo que la Interpol certifica como auténtico es prueba. Suficiente para construir un caso y la Interpol ya certificó esos documentos hace 18 años.
Y en ese contexto llegó algo que en Colombia fue una bomba de las que no tienen ruido, pero que dejan un rastro que no desaparece. Algo que mezcló la política electoral de 2026 con la historia criminal de 2008 de una manera que nadie que siga la política colombiana podía ignorar. El candidato presidencial Daniel Palacios, ex ministro del Interior durante el gobierno de Iván Duque, viajó a Washington y se presentó ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos con un conjunto de documentos.
con los correos de los computadores de Raúl Reyes que mencionan a Iván Cepeda. El candidato presidencial del Pacto Histórico de Gustavo Petro, el candidato que lidera las encuestas de intención de voto para las elecciones del 31 de mayo de 2026. El hombre que en este momento tiene más posibilidades que ningún otro de convertirse en el próximo presidente de Colombia.
Palacios pidió formalmente a los fiscales norteamericanos que investiguen a Cepeda, que revisen esos correos, que determinen hasta dónde llegan los vínculos que esos documentos describen entre el candidato del petrismo y la organización que los Estados Unidos tiene catalogada como narcoterrorista. Y con esa solicitud, con ese viaje a Washington, con esa entrega de documentos en el Departamento de Justicia del país más poderoso del mundo, los archivos de Raúl Reyes volvieron a la vida después de 18 años de silencio forzado y el nombre de Iván
Cepeda volvió a aparecer en el centro de una historia que muchos creían definitivamente enterrara. Esa es la historia que esta semana Colombia necesita entender. No como un debate político entre candidatos que se atacan antes de una elección, no como una maniobra de campaña que hay que mirar con los ojos cínicos de quien ya ha visto demasiadas peleas electorales sucias, sino como lo que realmente es la resurrección de una pregunta que Colombia nunca pudo responder de manera definitiva. La pregunta de quiénes
fueron en realidad los cómplices civiles y políticos de las FARC durante los años más oscuros de la violencia, quiénes les dieron cobertura? ¿Quiénes les prestaron su nombre y su imagen para lavar la cara de una organización criminal? ¿Y qué significa para el futuro de Colombia que uno de los hombres mencionados en esos correos sea hoy el candidato con más opciones de ganar la presidencia en las próximas elecciones? Esa pregunta no tiene una respuesta simple.
Esa pregunta merece más que un titular de noticiero y más que un mensaje de redes sociales. Esa pregunta merece lo que vamos a hacer en las dos partes que siguen de esta historia. Ir despacio, ir con cuidado, mirar cada uno de los hechos con la honestidad que el tema exige y dejar que sea usted que ha vivido tanto y que sabe mejor que nadie lo que costó cada año de dolor en este país, quién saque sus propias conclusiones.
Porque esta historia no es solo correos y computadores y procesos judiciales. Esta historia es sobre la memoria de Colombia, sobre el derecho de un pueblo a saber quiénes fueron los que estuvieron del lado del terror mientras el terror desgarraba a sus familias. Y esa memoria, por más que algunos hayan querido enterrarla, esta semana demostró una vez más que no muere.
Para entender lo que pasó esta semana, hay que entender primero quién es Iván Cepeda. Porque esta historia no se puede contar bien si el que la escucha no sabe quién es el hombre cuyo nombre apareció en esos correos. ¿Quién es el hombre que hoy lidera las encuestas para las elecciones del 31 de mayo? ¿Quién es el hombre que en este momento tiene más posibilidades que ningún otro colombiano de sentarse en la silla? Presidencial del Palacio de Nariño el 7 de agosto de 2000.
- Iván Cepeda Castro llegó a la política de Colombia por un camino que nadie elegiría si pudiera evitarlo. Por el camino del dolor, por la puerta que abre la pérdida de un ser querido a manos de la violencia. Esa puerta por la que entran muchos colombianos que terminan convirtiéndose en líderes porque el dolor los transforma y porque la rabia que deja ese dolor cuando se dirige en la dirección correcta puede convertirse en una fuerza que mueve montañas.
Su padre, Manuel Cepeda Vargas, fue senador de la Unión Patriótica, el partido político que fue prácticamente exterminado en Colombia durante los años 80 y 90 por grupos para militares que asesinaron a miles de sus militantes, incluyendo dos candidatos presidenciales. Manuel Cepeda fue uno de los últimos senadores de ese partido en ser asesinado.
Cayó en agosto de 1994 en Bogotá y su muerte dejó en su hijo Iván una herida que nunca cerró del todo y que definió el rumbo de toda su vida pública. Iván Cepeda pasó años luchando para que los responsables del asesinato de su padre fueran llevados ante la justicia. Viajó a tribunales internacionales, denunció ante organismos de derechos humanos, construyó expedientes con una paciencia y una tenacidad que le ganaron el respeto de muchos colombianos que veían en él.
a alguien dispuesto a pelear por la justicia sin importar el tiempo que costaran y los obstáculos que aparecieran en el camino. Pero esa misma trayectoria, esa misma lucha que muchos admiraban, lo llevó también a posiciones y alianzas que sus críticos nunca le perdonaron. lo llevó a defender públicamente a guerrilleros de las FARC, que estaban siendo procesados por la justicia, argumentando que los acuerdos de paz debían respetarse.
lo llevó a enfrentarse abiertamente con el expresidente Álvaro Uribe hasta el punto de que los dos protagonizaron uno de los duelos judiciales más prolongados y más encarnizados de la historia política reciente de Colombia y lo llevó a convertirse en el símbolo más claro de esa Colombia que sus seguidores llaman progresista y sus detractores llaman cómplice del terror.
Esa brecha que en Colombia nunca ha sido más ancha de lo que es hoy. Con esa historia acuestas, con ese pasado de peleas y de denuncias y de defensas que lo convirtieron en una figura adorada por unos y detestada por otros, Iván Cepeda entró a la carrera presidencial de 2026 como el candidato natural del pacto histórico, la coalición de Gustavo Petro y desde los primeros meses de campaña fue construyendo una ventaja en las encuestas que fue sorprendiendo a muchos analistas.
En diciembre de 2025, la firma Imbamer publicó un estudio para Caracol Noticias y Blue Radio que mostró a Cepeda con el 31.9% de la intención de voto para la primera vuelta, muy por encima de sus competidores más cercanos. Para una eventual segunda vuelta, el mismo estudio lo mostraba ganando con el 59.1% contra el 36.2% de Abelardo de la Espriella.
El gerente de Imbamer explicó esa ventaja con una frase que resumía bien lo que estaba pasando. Cepeda no solo tenía el voto de la izquierda, sino que estaba conquistando apoyos del centro e incluso de personas que decían no tener ninguna afinidad política. Ese candidato, ese hombre con esa historia personal y esa ventaja en las encuestas, es el que esta semana vio su nombre aparecer en los titulares de los medios colombianos y latinoamericanos en un contexto que tenía el poder de cambiar radicalmente la narrativa de su campaña
y con ella la dirección de las elecciones más importantes que Colombia enfrenta en este momento de su historia. Para entender completamente lo que pasó, hay que volver a los correos, pero no de manera abstracta, sino de la manera más concreta posible. de la manera que permite que cualquier colombiano, especialmente los que llevan décadas siguiendo la política de este país, entienda exactamente de qué se está hablando y qué es lo que hace que esos correos sean tan graves, tan importantes, tan difíciles de ignorar,
aunque la justicia colombiana haya intentado ignorarlos durante 18 años. Los computadores de Raúl Reyes contenían comunicaciones de la Comisión Internacional de las FARC, la estructura que el propio Reyes dirigía y que era conocida internamente como la Cominter. Esa estructura era la que manejaba las relaciones de las FARC con el exterior, la que coordinaba a los aliados de la organización en otros países, la que construía la imagen internacional de la guerrilla colombiana como un movimiento de resistencia social y no como la
organización narcoterrorista que era catalogada por los gobiernos de muchos países del mundo. y en los archivos de esa estructura, en los correos que sus miembros intercambiaban para coordinar sus actividades, apareció el nombre de Iván Cepeda en al menos dos correos diferentes, en dos contextos distintos que sus detractores interpretan como evidencia de una coordinación deliberada y sus defensores interpretan como la mención de un nombre público en el contexto de actividades de movilización civil que nada tenían de ilegal.
El primero de esos correos fue el que mencionamos en la primera parte, el de alias Ingrid del 18 de febrero de 2008, donde se decía que por solicitud del compañero Iván Cepeda se estaba coordinando la unidad de las marchas que se harían en todos los países el próximo 6 de marzo. Ese correo conectaba a Cepeda con la organización de una marcha que se convocó exactamente un mes después de la marcha millonaria del 4 de febrero, que fue presentada por sus organizadores como una movilización por el intercambio humanitario, pero que las FARC veían
como una oportunidad para contrarrestar el efecto devastador que la marcha millonaria había tenido sobre su imagen. Pero había un segundo correo que agregaba otra capa a ese cuadro, un correo escrito por alias Iván Márquez, otro de los jefes del secretariado de las FART, el hombre que años después rompería el acuerdo de paz y regresaría a la selva con las armas al hombro para liderar lo que se conocería como la segunda marquetalia, el grupo disidente que hoy opera en Venezuela bajo la protección del régimen chavista.
En ese correo del 12 de febrero de 2008, Iván Márquez también mencionaba a Iván Cepeda en el contexto de las marchas. Hablaba de él como promotor de la movilización por el intercambio humanitario y añadía algo que en el contexto de los correos de la organización tiene un significado muy específico, que las FAR debían intentar influir en esa marcha con sus propias consignas, orientarla en la dirección que les convenía, usarla para su propio mensaje.
Esos dos correos son el centro de todo lo que está pasando hoy. Son el corazón de lo que Daniel Palacios llevó a Washington. Son la razón por la que el nombre de Iván Cepeda está en los titulares de los medios en una semana en que debería estar hablando de su programa de gobierno y de sus propuestas para el futuro de Colombia.
Pero para entender por qué esos correos tienen el peso que tienen, hay que entender también lo que dice Cepeda sobre ellos. Porque esta historia, para ser honesta y para ser justa, tiene que contar las dos versiones. La de quienes ven en esos correos la prueba de una complicidad criminal y la de quienes los ven como la distorsión de una actividad pública ilegítima.
La posición de Cepeda y de sus defensores es clara y la han repetido muchas veces a lo largo de los años. La marcha del 6 de marzo de 2008 fue una movilización pública por la paz, por el intercambio humanitario, por una salida negociada del conflicto armado, que fue convocada de manera abierta y transparente, que cualquier colombiano podía conocer y unirse, y que el hecho de que las FAR también quisieran que esa marcha tuviera éxito no convierte a quien la convocó en cómplice de la organización, del mismo modo que el
hecho de que un partido político quiera que llueva un día de elecciones no convierte meteorólogo que pronosticó lluvia en militante de ese partido. También señalan que Cepeda nunca ha ocultado su posición en favor de la negociación con las FARP, que esa posición fue siempre pública y conocida, que defendía el diálogo como el camino para terminar el conflicto y que eso era lo que defendía en esa marcha y que entre defender el diálogo y ser un colaborador de la organización hay una diferencia que los correos de reyes no
prueban de manera concluyente. Los que están del otro lado del argumento dicen algo diferente y lo dicen con la misma convicción y con el mismo volumen. Dicen que el correo no habla de un convocante público de una marcha por la paz, sino del compañero Iván Cepeda, que esa palabra compañero tienen el lenguaje interno de las FARC un significado muy específico que no es el de un simpatizante externo, sino el de alguien que hace parte de la red, que es parte del equipo, que está coordinando desde adentro y no simplemente marchando desde
afuera. Dicen que la coordinación entre alias Ingrid y Cepeda para unificar las marchas en diferentes países no es la coordinación entre una organizadora de la guerrilla y un ciudadano que convocó una marcha de manera independiente, sino la coordinación entre dos personas que están trabajando en la misma dirección desde posiciones complementarias, una desde la estructura internacional de las FARC y otra desde la política colombiana.
Y dicen que el historial completo de Cepeda, sus defensas públicas de guerrilleros que luego volvieron a las armas, su relación cercana con figuras del régimen venezolano, su posición ante los acuerdos de la Habana y su trabajo de años en favor de causas que siempre coincidieron con las que las FAR promovían desde la selva, no puede leerse de manera aislada, sino como parte de un retrato más completo que los Correos de Reyes ayudan a definir con mayor precisión esa discusión, ese debate que Colom Colombia lleva años sin poder resolver
porque los computadores de Reyes no podían ser usados como prueba en la justicia colombiana. Es el debate que Daniel Palacios decidió llevar esta semana a Washington. Y la manera en que lo hizo es en sí misma una historia que dice mucho sobre el momento político que Colombia está viviendo a tres meses de las elecciones más importantes de su historia reciente.
Palacios viajó a la capital de los Estados Unidos y se presentó en las oficinas del Departamento de Justicia, no como un turista ni como un visitante oficial, sino como un candidato presidencial que llevaba en su maletín. documentos que la justicia de su propio país no había querido examinar, pero que la justicia norteamericana sí estaba usando en el caso más grande de narcoterrorismo que los tribunales del hemisferio habían visto en décadas.
Entregó formalmente la documentación que vincula a Cepeda con las menciones en los computadores de Reyes. Pidió que los fiscales norteamericanos abrieran una investigación formal contra el candidato del petrismo y añadió algo que en el contexto de la política colombiana sonó como una bomba. pidió que la Fiscalía estadounidense requiriera a las autoridades colombianas la entrega completa de los equipos incautados y la colaboración de las agencias de inteligencia para determinar hasta dónde llegan los vínculos que esos
documentos describen. No puede haber impunidad, dijo Palacios ante las cámaras después de entregar los documentos. Y los vínculos con cualquier organización criminal deben ser esclarecidos y llevados ante la justicia. Esa acción de palacios abrió en Colombia una discusión que tiene varias dimensiones y que ninguna de ellas es simple ni fácil de resolver.
La primera dimensión es la legal. Los computadores de reyes no son prueba en Colombia, pero si están siendo usados por la justicia norteamericana en el caso contra Maduro. Eso significa que hay un escenario en que esos documentos, con toda la información que contienen, van a ser examinados con lupa por los fiscales más experimentados del mundo en casos de narcoterrorismo y que si en ese examen aparecen conexiones que vayan más allá de lo que la justicia colombiana decidió no ver en 2011, las consecuencias pueden
ser muy diferentes de las que la Corte Suprema de Colombia determinó hace 15 años. La segunda dimensión es la política. Palacios es un candidato presidencial que va muy por debajo de Cepeda en las encuestas. Eso le da a sus críticos el argumento de que este viaje a Washington es una maniobra desesperada de campaña, una operación de desprestigio disfrazada de denuncia judicial diseñada para dañar la imagen del candidato favorito antes de que las elecciones lleguen.
Y ese argumento tiene su lógica, tiene su peso. Y Colombia ha visto suficientes veces ese tipo de jugadas como para reconocerlas cuando aparecen. Pero al mismo tiempo hay colombianos, especialmente los colombianos mayores, que recuerdan los años de los secuestros y de las bombas y de los asesinatos de líderes políticos, que cuando escuchan el nombre de Cepeda en los correos de Raúl Reyes, no piensan en maniobras de campaña, sino en una pregunta mucho más profunda y mucho más dolorosa.
¿Cuánta gente murió mientras esas conexiones existían y nadie las quería ver? Esa pregunta, simple en su forma, pero enorme en su contenido, es la que recorre Colombia esta semana con esa sensación de urgencia que tienen las cosas que han esperado demasiado tiempo y que ya no pueden esperar más. Porque el calendario electoral no se detiene, porque el 31 de mayo está a 3 meses de distancia, porque Iván Cepeda sigue liderando las encuestas con una ventaja que sus rivales no han logrado reducir de manera significativa. Y porque si los fiscales
norteamericanos deciden abrir una investigación formal, si los computadores de Reyes se convierten en evidencia activa en un proceso judicial que tiene la atención del mundo, el efecto sobre la campaña colombiana podría ser un terremoto de proporciones que nadie puede calcular todavía con certeza. I Cepeda, mientras tanto, sigue en la campaña, sigue dando discursos, sigue reuniéndose con sus seguidores, sigue construyendo la imagen de un candidato que puede ganar y que tiene un proyecto para Colombia que va más allá
de los escándalos y de las acusaciones. Su equipo ha llamado públicamente a la denuncia de palacios una operación de guerra sucia y ha dicho que Cepeda tiene la vida y la trayectoria más investigadas y más auditadas de la política colombiana. que cualquiera que quiera saber quién es Iván Cepeda solo tiene que mirar su historia pública.
Pero la historia pública de Iván Cepeda es precisamente el problema, porque esa historia es lo que hace que los correos de Reyes no puedan leerse como algo completamente aislado ni completamente sin contexto. En 2020, el expresidente Álvaro Uribe reveló en un debate en el Senado el correo de los computadores de Reyes que mencionaba a Cepeda y dijo con todas las letras que los documentos demostraban que Cepeda fue un colaborador de las FARARC.
Cepeda respondió con la misma intensidad con que siempre responde a Uribe, acusándolo de usar documentos que la justicia había descartado para montar una persecución política. Y el debate entre los dos se convirtió en otro capítulo más de una guerra personal que lleva décadas y que ha pasado por tribunales, por denuncias penales mutuas y por confrontaciones públicas que han entretenido y angustiado a Colombia a partes iguales.
En 2025, cuando el tema de los computadores de Reyes volvió a aparecer en el debate político en el contexto de la campaña presidencial, el representante Hernanka David del Centro Democrático le recordó al presidente Petro que la Interpol había confirmado la autenticidad de esos documentos y Petro respondió con el argumento que siempre usa cuando se habla de este tema, que los computadores habían sido recogidos por soldados ecuatorianos y no por fiscales colombianos.
que eso rompía la cadena de custodia y que todo lo que sale de ellos es una fabricación de sus enemigos políticos. Esa respuesta de Petro es la que tienen los defensores de Cepeda y la respuesta de los críticos es siempre la misma que la Interpol. con sus 64 especialistas y sus 38,000 archivos revisados, dijo exactamente lo contrario de lo que Petro dice y que entre la opinión del presidente colombiano y la conclusión del organismo internacional de policía más grande del mundo, ellos prefieren creer a la Interpol.
En ese estado de debate sin resolución, en ese empate de versiones que Colombia lleva demasiados años sin poder zanjar definitivamente, llegó el viaje de Palacios a Washington y llegó con un efecto que tal vez el propio Palacios no calculó del todo cuando decidió hacerlo. Porque lo que hizo Palacios no fue solo denunciar a Cepeda ante la justicia norteamericana.
Lo que hizo fue instalar en el centro del debate electoral colombiano una pregunta que el país no puede responder con facilidad y que no desaparece aunque uno quiera que desaparezca. La pregunta de si el hombre que puede ser el próximo presidente de Colombia tiene en su historia vínculos con la organización que causó más dolor a este país en los últimos 50 años.
Y si esos vínculos, aunque sean indicios y no pruebas concluyentes, son suficientes para que los colombianos que van a votar el 31 de mayo sepan todo lo que necesitan saber antes de tomar su decisión. Esa pregunta está en el aire. Está en los grupos de WhatsApp de los colombianos que siguen la política. está en las conversaciones de los abuelos que recuerdan los años de terror y que cuando escuchan el nombre de Raúl Reyes sienten en el estómago la misma angustia de antes.
Está en las mesas de los analistas que intentan calcular cuánto daño puede hacer esta noticia a la campaña de cepeda y cuánto puede durar ese daño en un ciclo de noticias que se mueve cada vez más rápido. Y está también en Washington, donde los fiscales norteamericanos tienen en sus manos los archivos que Colombia no quiso abrir, donde los computadores de Raúl Reyes son prueba válida en el proceso más grande de narcoterrorismo que ha visto el hemisferio, donde el nombre de Colombia, el nombre de sus políticos y
el nombre de sus candidatos presidenciales están siendo pronunciados en un contexto que nadie en Bogotá puede controlar desde aquí. Hay algo que los colombianos mayores saben muy bien, algo que aprendieron a través de décadas de ver cómo funciona este país y cómo funciona el poder en el mundo.
Que las verdades que se intentan enterrar no desaparecen, que tarde o temprano regresan, que encuentran la grieta por donde salir y que cuando regresan lo hacen con más fuerza que cuando las enterraron, porque el tiempo las ha cargado de impaciencia y de urgencia. Los computadores de Raúl Reyes estuvieron enterrados 18 años. 18 años en que Colombia miraba para otro lado, en que los políticos que aparecían en esos correos seguían sus carreras, en que las familias de los secuestrados y de los asesinados esperaban en silencio que algún día alguien dijera la verdad
completa. Esta semana esos computadores regresaron. regresaron desde Washington, regresaron con la fuerza de la justicia norteamericana detrás, regresaron con el nombre de un candidato presidencial en el centro de la historia y regresaron en el peor o en el mejor momento posible, dependiendo de donde uno esté parado, a tres meses de las elecciones más importantes que Colombia va a vivir en este periodo de su historia.
En la tercera y última parte de esta historia vamos a ver qué significa todo esto para el futuro de Colombia, qué puede pasar en los próximos meses con la investigación en Washington, como está respondiendo Cepeda y como está leyendo el país esta historia que mezcla el pasado más doloroso con el futuro más incierto y sobre todo, ¿qué pregunta queda abierta para cada colombiano que dentro de tres meses va a entrar a ese cubículo con un tarjetón en la mano? Porque esta historia no es solo correos y computadores,
es sobre la memoria de un pueblo. Y la memoria, cuando duele de verdad, no olvida. Hay momentos en la historia de un país en que el pasado y el futuro se encuentran en el mismo punto, en que lo que ocurrió hace mucho tiempo y lo que va a ocurrir dentro de poco quedan cara a cara, separados apenas por una decisión que tiene que tomar un pueblo entero.
Y Colombia está viviendo uno de esos momentos exactamente ahora, en este febrero de 2026, con las elecciones del 31 de mayo a solo 3 meses de distancia y con los computadores de Raúl Reyes de regreso en el centro del debate nacional, como si los 18 años que pasaron desde la operación Fénix no fueran suficientes para enterrar una historia que Colombia todavía no sabe cómo terminar.
Para los colombianos mayores que han vivido cada uno de los capítulos de esta historia, desde los años oscuros del terror guerrillero hasta el momento de alivio, que significaron los acuerdos de paz y la esperanza de que el país pudiera por fin cerrar ese capítulo. Lo que está pasando esta semana tiene un sabor muy específico.
Ese sabor amargo de las cosas que uno creyó que ya habían terminado y que de pronto regresan y demuestran que nunca terminaron del todo, que estaban esperando en algún lugar, dormidas, pero no muertas, listas para volver cuando el momento fuera el indicado. Ese momento llegó y Colombia tiene que saber qué hacer con él. Comencemos por lo que más le importa a la gente común, a los colombianos que no son analistas políticos ni abogados constitucionalistas, que no entienden los tecnicismos del derecho procesal ni los detalles de la cadena de custodia,
pero que sí entienden algo mucho más simple y mucho más profundo, la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, la diferencia entre quién estuvo del lado de las víctimas y quién estuvo del lado de los que hacían las víctimas. Esa diferencia expresada así de sencilla es el corazón de lo que Colombia tiene que evaluar en los próximos meses cuando mire la candidatura de Iván Cepeda y decida que hacer con ella a la luz de lo que los computadores de Raúl Reyes dicen y de lo que la solicitud de Daniel Palacios ante el Departamento de
Justicia de los Estados Unidos pone sobre la mesa. Porque esta historia ya no es solo el pasado. Esta historia es sobre el futuro de Colombia, sobre quién va a gobernar este país a partir del 7 de agosto de 2026, sobre qué tipo de país va a ser Colombia en los próximos 4 años y sobre si los colombianos que van a entrar al cubículo a votar el 31 de mayo van a hacerlo con toda la información que necesitan para tomar esa decisión o van a hacerlo sin saber todo lo que deberían saber.
Iván Cepeda lidera las encuestas. Ese es un hecho que ningún análisis honesto puede ignorar y que los propios detractores de Cepeda reconocen cuando son honestos consigo mismos. Las encuestas de finales de 2025 y comienzos de 2026 mostraban a Cepeda con una ventaja clara sobre el resto del campo. La firma Invamer lo mostraba con 31.
9% de intención de voto en primera vuelta y en los escenarios de segunda vuelta le daba una ventaja de casi 20 puntos sobre Abelardo de la Espriella. el candidato de la derecha que se había consolidado como su principal rival. La firma Wostraba a Cepeda con 30.7% en primera vuelta y 42.1 en segunda vuelta contra de la Espriya con 29.0.
La encuesta de GAD3 publicada en enero de 2026 lo mostraba con 30%, muy por encima de de la Espriella en 22%. Solo la encuesta de Atlas Intel publicada en febrero de 2026 mostraba un escenario diferente con de la spriella en 28.4% y Cepeda muy cerca dentro del margen de error, lo que sugería que la contienda podía estar más ajustada de lo que otras firmas indicaban.
Pero en el panorama general de los sondeos, Cepeda era y sigue siendo el candidato que más colombianos dicen querer votar, el hombre que en este momento tiene más posibilidades de ganar la presidencia. El candidato que si nada cambia de manera drástica en los próximos meses va a ser el próximo presidente de Colombia.
Y es exactamente eso lo que hace que la historia de los computadores de Reyes no sea un asunto del pasado, sino un asunto del presente más inmediato. Porque no estamos hablando de evaluar el pasado de un político retirado, sino de determinar lo que sabe un pueblo sobre el hombre que en 90 días puede estar a punto de convertirse en su presidente.
Cepeda respondió a la denuncia de Palacios con la misma firmeza con que siempre responde a ese tipo de ataques. Dijo que no tiene nada que ocultar. dijo que su trayectoria es la más investigada y la más auditada de la política colombiana. Dijo que los computadores de reyes ya fueron descartados como prueba por la Corte Suprema de Colombia y que lo que Palacios llevó a Washington es el mismo material que la justicia colombiana ya analizó y ya descartó.
También recordó algo que sus defensores llevan años señalando, que él ha dedicado su vida política a defender los derechos humanos, que su posición en favor del diálogo y de la negociación con las FARC fue siempre pública y conocida, que nunca ocultó que creía en la salida política al conflicto y no en la salida militar y que esa posición, aunque les moleste a sus rivales, es una posición legítima en democracia que no equivale a ningún tipo de complicidad criminal.
Históricamente, Cepeda también ha señalado que la información de los computadores de Reyes que lo menciona, fue producida por él. extinto Das durante el gobierno de Uribe en el marco de lo que él llama una campaña de espionaje político contra sus opositores y que por lo tanto la presencia de su nombre en esos archivos no prueba ningún vínculo real con la organización, sino que refleja el seguimiento ilegal que agencias de inteligencia colombianas hacían de los críticos del gobierno de turno.
Esa respuesta de Cepeda tiene peso, tiene lógica y merece ser escuchada con la misma seriedad con que merece ser escuchada la denuncia de palacios. Porque en una democracia que se respeta a sí misma, no se puede condenar a nadie por la sola aparición de su nombre en un documento, por más que ese documento haya sido certificado como auténtico por la Interpol.
Pero al mismo tiempo hay algo en esa respuesta que no cierra completamente el argumento, algo que deja una puerta abierta que los colombianos mayores que vivieron los años del terror sienten en los huesos más que en la cabeza. Algo que tiene que ver no tanto con la legalidad sino con la moral. No tanto con lo que se puede probar en un juicio, sino con lo que uno siente cuando mira los hechos con los ojos limpios de quien no tiene interés en defender a nadie, sino en saber la verdad.
El hecho de que las FARC hablaran de Iván Cepeda en sus correos internos usando la palabra compañero. El hecho de que la marcha del 6 de marzo que Cepeda convocó coincidiera exactamente con lo que alias Ingrid, alias Iván Márquez estaban planeando desde la estructura internacional de la guerrilla. El hecho de que Cepeda defendiera públicamente a Jesús Santric hasta el último momento antes de que Santrich demostrara que siempre pensó volver a las armas.
El hecho de que su relación con el régimen venezolano haya sido siempre de cercanía y no de crítica. El hecho de que a lo largo de años sus posiciones públicas y sus defensas parlamentarias hayan coincidido de manera sistemática con los intereses de la organización que Reyes representaba. Esos hechos no prueban nada en un tribunal.
Pero en el tribunal de la conciencia de un pueblo que perdió a sus hijos y a sus padres en las manos de las Fart, esos hechos hablan. Y es ahí donde entra la dimensión más profunda de esta historia, la dimensión que va más allá de los correos y de las encuestas y de las maniobras de campaña y de los viajes a Washington.
La dimensión que tiene que ver con algo que Colombia lleva décadas sin poder resolver y que se llama la memoria. La memoria de un pueblo no es lo mismo que la prueba judicial. La memoria de un pueblo no necesita cadena de custodia. La memoria de un pueblo no puede ser descartada por una decisión de una corte que decide que un procedimiento no se siguió correctamente.
La memoria de un pueblo vive en los corazones de los que sobrevivieron, en las fotografías de los que no sobrevivieron, en los testimonios de los que estuvieron en los campamentos de secuestro y en los que esperaban afuera sin saber si sus seres queridos iban a regresar. Colombia tiene esa memoria. Colombia la lleva encima, aunque a veces parezca que la ha olvidado.
Y cuando esa memoria escucha el nombre de Raúl Reyes, cuando esa memoria escucha la palabra FARK, cuando esa memoria escucha que en los correos de la organización aparece el nombre de alguien que quiere ser presidente. Esa memoria reacciona con una sensación que no es ideología ni es política partidista.
Es simplemente la sensación de quien quiere saber, de quien exige saber, de quién tiene el derecho más elemental de saber todo lo que pueda saberse antes de entregar su voto. El contexto de seguridad en que Colombia va a votar el 31 de mayo agrega otra capa de urgencia. Todo esto, una capa que los analistas más serios del país no pueden ignorar y que los colombianos que viven en las regiones más afectadas por la violencia conocen mejor que nadie porque lo viven en carne propia todos los días.
La fundación Ideas para la Paz publicó a comienzos de 2026 un informe que describía la situación de seguridad del país con números que son difíciles de leer sin sentir una preocupación muy profunda. Los grupos armados ilegales tenían en ese momento aproximadamente 27,000 combatientes activos en el país. Las confrontaciones entre grupos armados habían aumentado un 34% en 2025, alcanzando el nivel más alto de la última década.
13 zonas del país estaban en disputa armada, casi el doble de las que existían cuando Petro llegó al poder en 2022. En el mismo año de 2025 se registraron 277 ataques con drones cargados de explosivos, más del doble que en 2024. Esos números dicen algo muy concreto, que la paz total, la estrategia que el gobierno de Petro prometió como el camino para terminar definitivamente con la violencia en Colombia no ha dado los resultados que prometía que los grupos armados no están más débiles, sino más fuertes, y que el próximo presidente de
Colombia va a heredar no la paz que Petro prometió, sino un conflicto que se está expandiendo. En ese contexto, la pregunta de quién va a gobernar Colombia no es solo una pregunta ideológica sobre izquierda y derecha. Es una pregunta muy concreta sobre quién tiene la capacidad, la voluntad y la credibilidad internacional para enfrentar esa situación y la credibilidad internacional en el mundo de hoy pasa también por lo que dice o no dice la justicia norteamericana sobre las personas que dirigen los países de este
hemisferio. Daniel Palacios lo sabía cuando viajó a Washington. o al menos lo sospechaba. Su solicitud al Departamento de Justicia no fue solo una denuncia judicial, sino también una operación política muy calculada, diseñada para instalar en el debate colombiano una pregunta que no podía ignorarse a tres meses de las elecciones para obligar a los medios, a los analistas, a los votantes a preguntarse algo que nadie había querido preguntar con toda la claridad que la situación exigía.
Palacios le dijo a la fiscal general Pondi que los computadores de Reyes eran en ese momento una pieza probatoria válida en el proceso contra Maduro y que si esos mismos documentos que vinculaban al régimen venezolano con el narcoterrorismo también mencionaban al candidato favorito de las elecciones presidenciales colombianas.
La justicia norteamericana tenía la obligación de revisar esas conexiones y determinar si ameritaban una investigación formal. Esa solicitud fue radicada formalmente. Eso significa que existen los archivos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos un documento que pide explícitamente que se investigue a Iván Cepeda, el candidato que lidera las encuestas para la presidencia de Colombia por sus presuntos vínculos con una organización catalogada como narcoterrorista.
Lo que Washington decida hacer con esa solicitud es algo que nadie en Bogotá puede controlar. Puede decidir archivarla. Puede decidir revisarla en el contexto más amplio del caso contra Maduro. Puede decidir abrir una investigación formal o puede simplemente dejarla en espera mientras los procesos judiciales en curso avanzan a su propio ritmo.
Pero cualquiera de esas decisiones va a tener un efecto sobre la política colombiana, porque la sola existencia de esa solicitud cambia el paisaje en que Colombia va a llegar a las elecciones del 31 de mayo. Hay un escenario que los analistas de la política colombiana discuten en voz baja, pero que nadie quiere decir con todas las letras porque las implicaciones son demasiado grandes para digerirlas fácilmente.
El escenario en que Cepeda gane las elecciones y luego la justicia norteamericana decida abrir una investigación formal. En ese escenario, Colombia tendría un presidente que está siendo investigado por los fiscales del país más poderoso del mundo por sus presuntos vínculos con una organización narcoterrorista. No condenado, no acusado formalmente, solo investigado, pero investigado en Washington en el mismo proceso que produjo la acusación contra Maduro, en el mismo contexto en que los computadores de Reyes son prueba válida.
Las consecuencias de ese escenario para Colombia, para su economía, para sus relaciones internacionales, para su posición ante los mercados y ante los inversionistas que ya miran a este país con la lupa que dejaron los 4 años del gobierno de Petro y sus tensiones con Washington, serían de una magnitud que nadie que piense en el bienestar de los colombianos de a pie puede ignorar.
Ese escenario puede no ocurrir. Es posible, incluso probable, que Washington archive la solicitud de palacios y que el proceso siga su curso sin que el nombre de Cepeda vuelva a aparecer en ningún documento judicial norteamericano. Pero la posibilidad de que ocurra existe y esa posibilidad tiene que ser parte de la información que los colombianos tienen cuando van a votar.
Pero esta historia no es solo Cepeda, ni solo sobre los computadores de Reyes, ni solo sobre lo que va a pasar en Washington. Esta historia es sobre Colombia, sobre lo que Colombia es y sobre lo que Colombia puede llegar a ser. Y esa parte de la historia es más grande y más importante que cualquier candidato y que cualquier proceso judicial.
Colombia es un país que lleva décadas intentando salir de un ciclo de violencia que parece no terminar nunca, que logra avanzar y luego retrocede, que construye acuerdos y luego los ve deshacerse, que encuentra momentos de esperanza y luego vuelve a hundirse en la angustia de un conflicto que se alimenta de la pobreza, del olvido estatal, del narcotráfico y de la falta de una visión de largo plazo que vaya más allá de los ciclos electorales.
Colombia es un país donde 30 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza. donde los municipios más alejados de las grandes ciudades son todavía territorios donde el estado llega de manera intermitente y donde los grupos armados llenan ese vacío con una regularidad que la gente ya no puede sorprenderse de ver.
Colombia es un país donde los jóvenes más talentosos de las regiones periféricas todavía tienen que elegir entre quedarse sin oportunidades o arriesgarse en la ilegalidad, porque la legalidad no les ofrece nada que valga la pena arriesgar la vida por obtenerlo. Ese es el país que va a votar el 31 de mayo y ese país merece algo más que el debate sobre correos y computadores, aunque ese debate sea legítimo y necesario.
Ese país merece que sus candidatos le hablen de soluciones reales, de empleos, de salud, de educación, de seguridad, de una política exterior que no lo ponga en conflicto con sus socios más importantes, de una relación con los Estados Unidos que proteja el comercio y los miles de empleos que dependen de ese comercio, de una estrategia para el narcotráfico que reconozca la complejidad del problema y que no lo simplifique en eslóganes que suenan bien en los discursos, pero que no dan resultados en los campos de coca.
Y en medio de todo eso, en medio de la urgencia de los problemas concretos que Colombia tiene que resolver, está la pregunta de la memoria. Esa pregunta que los computadores de Reyes volvieron a poner sobre la mesa esta semana y que no va a desaparecer, aunque algunos quieran que desaparezca, Colombia tiene una deuda con sus víctimas, una deuda que no se salda con palabras de conmemoración ni con discursos de reconciliación que no van acompañados de verdad.
Una deuda que exige que las personas que de una u otra manera fueron parte de la red que permitió que las FAR causaran tanto daño durante tanto tiempo, respondan ante el pueblo colombiano y ante la historia por lo que hicieron o dejaron de hacer. Esa deuda no prescribe, esa deuda no tiene fecha de vencimiento.
Esa deuda vive en los ojos de los hijos que crecieron sin sus padres, en las manos de los madres que envejecieron esperando noticias de sus hijos, en los cuerpos de los que fueron reclutados a los 8 años y que hoy son adultos que llevan en la piel las marcas de lo que vivieron en la selva. Y cuando esa deuda y esa memoria y esas vidas destruidas se encuentran con el nombre de un candidato presidencial en los correos del hombre que coordinó durante años las relaciones internacionales de la organización que causó ese dolor, la pregunta que surge
no es una pregunta jurídica ni una pregunta política. Es una pregunta humana la pregunta más básica y más poderosa que puede hacer un pueblo. ¿Lo sabíamos y miramos para otro lado o de verdad no lo sabíamos? Los colombianos mayores que están viendo esta historia saben algo que las generaciones más jóvenes todavía están aprendiendo, algo que se aprende con los años y con los golpes y con la acumulación de decepciones que la vida política de este país reparte con una generosidad que nadie pidió.
Saben que en Colombia la verdad siempre cuesta. ¿Qué decir la verdad tiene un precio? que las personas que saben cosas que los poderosos no quieren que se sepan terminan pagando ese saber de maneras que a veces son muy caras. ¿Saben que los periodistas que investigaron los computadores de Reyes en 2008 recibieron amenazas? Que los funcionarios que intentaron usar esa información para procesar a políticos encontraron obstáculos que no eran accidentales.
Que la decisión de la Corte Suprema de descartar esa información como prueba, aunque jurídicamente defendible en sus términos técnicos, tuvo el efecto práctico de proteger a personas que tenían mucho que perder si esa información se usaba. Saben también que hay fuerzas en Colombia que no quieren que esta historia se cuente, que no quieren que los colombianos piensen demasiado profundamente en las preguntas que los computadores de reyes plantean, que prefieren que la historia se olvide o que se reduce a un debate electoral de
acusaciones cruzadas que nadie puede verificar y que por lo tanto nadie toma en serio. Pero también saben algo que da esperanza, algo que la historia de Colombia demuestra una y otra vez, aunque a veces tarde demasiado en demostrarlo. Que la verdad es más resistente que el silencio, que las historias que se intentan enterrar encuentran la manera de salir a la luz.
Que los pueblos que se lo proponen terminan sabiendo lo que necesitan saber, aunque tengan que esperar 18 años, para que los archivos de Washington hagan lo que los tribunales colombianos no quisieron hacer. 18 años tardaron los computadores de Raúl Reyes en regresar al centro del debate público colombiano. 18 años en que Colombia siguió su camino, en que las personas mencionadas en esos correos siguieron sus carreras, en que los niños que no habían nacido cuando ocurrió la operación Fénix crecieron y llegaron a la edad de votar,
sin saber quién era Raúl Reyes, ni qué había en sus computadores, ni por qué eso importaba. Y esa es la otra parte de la historia que no puede ignorarse, la parte generacional. Los colombianos menores de 20 años que van a votar el 31 de mayo no vivieron los años del terror con la misma intensidad que sus abuelos y sus padres.
Para ellos, las FARC son algo que existe en los libros de historia o en los documentales de Netflix. No algo que sintieron en carne propia, no el miedo de llegar a un retén guerrillero en una carretera solitaria. No la espera angustiante de noticias de un familiar secuestrado, no la explosión de una bomba en un café o en una plaza.
Para esas generaciones, el debate sobre los computadores de Reyes puede sonar como una pelea de viejos sobre cosas que pasaron hace mucho tiempo y que no tienen relevancia para sus vidas presentes. Y esa sensación, aunque comprensible, es exactamente el terreno en que el olvido prospera y en que los errores del pasado se vuelven a cometer.
Por eso esta historia no es solo para los abuelos que la vivieron, es también para los jóvenes que la están heredando, para los colombianos que van a recibir este país con todos sus problemas y todas sus deudas históricas y que van a tener que decidir qué hacer con él, que recordar y que olvidar, que exigir y que perdonar, qué futuro construir sobre qué pasado.
En los próximos meses, Colombia va a ver cómo evoluciona esta historia en varias direcciones al mismo tiempo. Va a ver si el Departamento de Justicia de los Estados Unidos responde de alguna manera a la solicitud de palacios o si la archiva en silencio. Va a ver cómo reacciona Cepeda y si su equipo de campaña logra contener el daño que esta noticia puede hacer sobre la percepción que los votantes indecisos tienen de él.
Va a ver si la oposición logra convertir este tema en un factor determinante de la campaña o si la agenda electoral se mueve hacia otros terrenos donde Cepeda se siente más cómodo y más fuerte. Va a ver también si los colombianos que apoyan a Cepeda, los que creen en su proyecto político, los que venen en la continuidad de los cambios que Petro inició, son capaces de procesar esta información con honestidad y de preguntarse si el candidato que defienden les ha dado todas las respuestas que merece la gravedad de las preguntas que los computadores de reyes
plantean. Y va a ver si los que se oponen a Cepeda, los que ven en estos correos la confirmación de lo que siempre sospecharon, son capaces de hacer esa oposición con honestidad y con respeto por la presunción de inocencia, sin convertir indicios en condenas ni sospechas en certezas, sin usar el dolor de las víctimas como instrumento electoral, sino como lo que realmente es una deuda sagrada que Colombia tiene con los que más sufrieron.
Hay algo que esta historia enseña sobre Colombia que va más allá de este caso específico. Algo que cualquier colombiano que piense con cuidado en lo que ha pasado en los últimos 18 años puede extraercia como una lección para el futuro. Esa lección es que la impunidad tiene un costo que siempre se paga tarde o temprano, que cuando la justicia de un país decide mirar para otro lado ante la evidencia de complicidades entre la política y el crimen, ese precio no desaparece, sino que se acumula, que crece con los años, que encuentra nuevas
formas de exigir ser pagado y que cuando finalmente llega la cuenta, el costo es siempre mayor de lo que hubiera sido si la verdad se hubiera dicho en el momento en que tenía que decirse. La Corte Suprema de Colombia tomó una decisión en 2011 que cerró una puerta. Esa puerta cerrada no hizo desaparecer lo que había detrás de ella, solo lo pospuso.
Y 18 años después, lo que había detrás de esa puerta está de regreso. No desde Bogotá, sino desde Washington. No ante la justicia colombiana que ya lo descartó, sino ante la justicia norteamericana que lo está usando como evidencia en el caso más grande de narcoterrorismo que ha visto el hemisferio. Esa es la naturaleza de las verdades que se intentan enterrar.
No mueren, esperan. Y mientras esperan, Colombia sigue viviendo, sigue trabajando, sigue criando a sus hijos, sigue construyendo, aunque a veces sea sobre cimientos que no son tan sólidos como deberían ser, porque el pasado que no se procesó correctamente sigue ahí, debajo de la superficie, esperando que alguien lo enfrente con la honestidad y el valor que exige.
Los colombianos que van a votar el 31 de mayo van a tener en sus manos algo que tiene un valor que ninguna encuesta puede medir y que ningún político puede quitarles. La capacidad de decidir qué tipo de país quieren ser. No es una decisión fácil. No lo es porque ninguna de las opciones es perfecta. No lo es porque la polarización que divide a Colombia en este momento hace difícil ver más allá de las trincheras ideológicas en que cada lado se ha encerrado.
No lo es porque el dolor del pasado y la urgencia del presente y el miedo al futuro se mezclan en una combinación que a veces paraliza más de lo que ilumina. Pero si es una decisión que puede hacerse mejor o peor dependiendo de cuánta información tenga el pueblo colombiano, de cuántas preguntas se haya hecho y cuántas respuestas haya exigido antes de entrar a ese cubículo, de cuánta honestidad haya sido capaz de aplicar a su propia historia, incluyendo las partes de esa historia que son incómodas y que no caben fácilmente en
ningún relato heroico de ninguno de los dos lados de la división política. Esta historia que hemos contado hoy, la historia de los computadores de Raúl Reyes y de su regreso al debate colombiano 18 años después es una historia que Colombia necesitaba contar. No para condenar a nadie sin pruebas, no para defender a nadie sin evidencias, sino para que los colombianos que tienen el derecho y el deber de decidir el futuro de su país tengan en sus manos toda la información que existe, que la puedan sopesar con la madurez que da el
haber vivido mucho y el haber visto mucho, y que puedan tomar la decisión más importante de esta etapa de la historia colombiana con los ojos abiertos y con la conciencia limpia. Colombia lleva demasiados años tomando decisiones con los ojos cerrados, creyendo las promesas de personas que al final hicieron exactamente lo contrario de lo que prometieron, pagando el precio de silencios que nunca debieron ser silencios y de verdades que nunca debieron esperar tanto para ser dichas.
Esta es una oportunidad de hacerlo diferente, de mirar con claridad, de preguntar con honestidad, de exigir respuestas con la firmeza de quien sabe que tiene el derecho de recibirlas. Esa es la Colombia que sus hijos merecen heredar. Esa es la Colombia por la que merece la pena seguir creyendo. Si esta historia le hizo pensar, si le trajo recuerdos de tiempos difíciles que Colombia vivió y que no merece volver a vivir, si sintió que esto es exactamente el tipo de historia que Colombia necesita contar para no olvidar quién es
y de dónde viene, entonces le pedimos que haga algo muy sencillo, que cuesta solo un segundo, pero que significa mucho para quienes hacemos este trabajo con el corazón. Déjenos su like en este vídeo. Ese like le dice al mundo que Colombia quiere saber la verdad, que no se conforma con medias palabras ni con historias a medias.
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¿Puede Colombia confiarle su futuro a un hombre cuyo nombre aparece en los correos de las FARC? ¿O ese país merece primero que ese hombre le explique con la misma claridad con que pide votos? ¿Por qué está ahí? Esa es su pregunta. Esa es la pregunta de Colombia. Déjenos en los comentarios lo que usted piensa. Su voz importa. Su memoria importa, usted importa.
Hasta la próxima.
Disclaimer: This story is a work of fiction created for entertainment purposes. Any resemblance to real persons, events, or places is coincidental.
