Hay un nombre que durante casi dos décadas hizo temblar a Colombia entera. Un nombre que los generales pronunciaban en voz baja, que los campesinos fingían no reconocer, que los narcotraficantes rivales mencionaban con miedo genuino. Daniel el loco Barrera, uno de los capos más importantes del país, acababa de ser detenido en Venezuela.
Lo traían esposado en un avión hacia Bogotá y los agentes que lo custodiaban pensaban que era el fin de una era. Pero Barrera no habló de su propio caso, habló de otro hombre. Repitió su nombre una y otra vez, mirando a los uniformados con una mezcla de advertencia y pánico. Lo llamó un animal, no como insulto, como descripción técnica de algo que él mismo, siendo narco de alto calibre, no lograba del todo comprender.
El nombre que pronunció fue Oniel y tenía razón. Dairo Antonio Usuga. David nació el 15 de septiembre de 1971 en Necoclí, un municipio costero del noroeste de Colombia, pegado a la frontera con Panamá, donde el Caribe y la selva chocan sin aviso. Era el séptimo de nueve hijos de Anacelsa David y Juan de Dios Usuga, una pareja de campesinos que criaba cerdos, gallinas y algo de ganado para sobrevivir.
La tierra de Urabá no perdonaba a los pobres. Era una región de plátano y banano exportado por multinacionales, de peones mal pagados, de selva densa que parecía tragarse cualquier proyecto de futuro. Los Usuga no tenían nada especial. Eran una familia más en una región olvidada por el estado, donde la única institución que funcionaba con eficiencia era la violencia armada.
El Ura de los años 80 era un polvorín con mecha encendida. Las guerrillas del EPL y las FARC peleaban entre sí y contra los terratenientes. Los paramilitares comenzaban a organizarse con dinero del narcotráfico y con apoyo tácito de sectores del ejército. Las grandes empresas bananeras multinacionales operaban en ese territorio con miedo permanente, pero también con la capacidad práctica de negociar con quien tuviera el control de cada zona.
Los sindicatos agrícolas que habían intentado organizar a los peones bananeros durante la década anterior eran exterminados sistemáticamente. Dirigentes asesinados, líderes desaparecidos, familias desplazadas por la fuerza. El Estado colombiano tenía presencia nominal en los municipios del Urabá, pero el control real del territorio lo ejercían los grupos armados que se repartían los corredores estratégicos con una lógica propia, má, indiferente a cualquier institucionalidad.
Un adolescente pobre en ese contexto no tenía muchas opciones concretas. Podía quedarse al abrar la tierra de otros por un jornal que no alcanzaba para nada. Podía emigrar a Medellín a buscar trabajo en las comunas que ya empezaban a convertirse en escenarios de otra guerra o podía enrolarse con alguno de los grupos armados que reclutaban sin parar en las veredas y caceríos del Urabá.
Juan de Dios, el hermano mayor de Dairo, fue el primero en ceder a esa lógica del territorio. A los 17 años dejó la finca familiar y se fue con el Ejército Popular de Liberación, el EPL, una guerrilla marxista leninista de raíz maoísta que operaba especialmente en la frontera entre Antioquia y Chocó y que en esos años era la segunda fuerza insurgente de la región después de las FARC.
Años después, Mudairo Antonio siguió el mismo camino que su hermano. Tenía apenas 15 o 16 años cuando se incorporó al EPL. Su madre lo explicó después con una frase que resumía toda la tragedia de esa época. No era revolucionario, era lo que había y se fue con ellos. No había ideología, no había convicción política. Había una organización armada que ofrecía pertenencia, poder inmediato y un fusil.
Para un muchacho pobre del Urabá, sin perspectivas reales, eso era más de lo que cualquier otro futuro le prometía. Dau aprendió a moverse en la selva, a leer el terreno, a sobrevivir en condiciones extremas. Aprendió también que la violencia era una herramienta y que quien la manejaba mejor tenía más control sobre su propio destino.
Esa fue la primera lección de toda su carrera. El EPL se desmovilizó en 1991 durante el gobierno de César Gaviria. Si alrededor de 2,500 combatientes entregaron las armas en un proceso de paz que el gobierno presentó como un logro histórico. Da tenía 19 años. Teóricamente, su vida armada había terminado.
En la práctica, la desmovilización duró lo que tardó en comprender que la vida civil no tenía nada concreto para ofrecerle. No había tierras, no había trabajo, no había reinserción real. El Estado firmaba acuerdos que luego no cumplía. Los excbatientes quedaban en el limbo. Demasiado marcados para volver a ser campesinos anónimos, demasiado entrenados para resignarse a la pobreza.
Algunos fundaron un partido político, la esperanza, paz y libertad. y muchos de sus integrantes fueron asesinados sistemáticamente en los años siguientes. Otros, como los hermanos Usuga, tomaron una decisión diferente. Kumiro y Juan de Dios no tardaron mucho en volver a las armas, esta vez del lado opuesto del espectro ideológico.
se enrolaron en las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, las ACCU, una organización paramilitar de extrema derecha comandada por los hermanos Castaño, que había nacido con el dinero del narcotráfico, y la misión declarada de combatir a las guerrillas. El giro era desconcertante en términos de coherencia política, pero perfectamente lógico en términos de supervivencia criminal.
Las ACCU dominaban el territorio donde los Usuga habían crecido. Tenían recursos, estructura y protección. Unirse a ellas era más rentable que cualquier alternativa disponible. Y Dairo volvió a ser lo mismo que siempre había sido, un soldado eficaz en una organización violenta. Las ACU fueron absorbidas por las Autodefensas Unidas de Colombia, Sicho las AUC, la gran confederación paramilitar que Carlos Castaño construyó con el apoyo de narcos, ganaderos y sectores del poder político regional.
Dentro de ese aparato descomunal, Dairo Usuga fue asignado al bloque Centauros. una estructura que operaba en los llanos orientales. Allí conoció a Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, el jefe financiero del bloque y uno de los operadores más astutos del narcotráfico colombiano de esa época. Bajo las órdenes de don Mario, Dairo aprendió los mecanismos del lavado de activos, el cobro de extorsiones sistematizadas y la lógica financiera que convertía una organización armada en una empresa criminal rentable. Era un
aprendizaje distinto al de la selva, más sutil, más duradero. Da no era solo un guerrero, estaba siendo formado como administrador del crimen. En 2005, ya cuando las AUC avanzaron en su propio proceso de desmovilización bajo el gobierno de Álvaro Uribe, Dairo Usuga volvió a entregar las armas. Era su segunda desmovilización en menos de 15 años.
El patrón se repetía con exactitud matemática. entregaba el fusil, observaba, comprendía que no había nada esperándolo del otro lado y volvía. Esta vez el proceso se llamó Santa Fe de Ralito. Miles de paramilitares se acogieron a la ley de justicia y paz. Algunos cumplieron condenas reducidas. Otros simplemente aprovecharon el beneficio jurídico para reordenar sus negocios.
Dairo y su hermano Juan de Dios estaban en ese segundo grupo. Se desmovilizaron formalmente y casi de inmediato comenzaron a trabajar para lo que vendría después. Cuando don Mario fue arrestado en 2009, la estructura que él había construido quedó sin cabeza visible. Los hermanos Usuga no esperaron que otro ocupara ese vacío.
Lo ocuparon ellos mismos. Junto a otros disidentes del proceso paramilitar conformaron lo que primero se llamó bloque héroes de castaño, luego los urabeños, después Clan Usuga y finalmente Clan del Golfo, aunque ellos mismos se autodenominaban autodefensas gaitanistas de Colombia para reclamar un barniz de legitimidad política que nadie en el gobierno les reconoció nunca.
La organización se instaló en el corazón de su territorio natural, el Urabá antioqueño y choco con su acceso simultáneo al Caribe y al Pacífico, con sus ríos y costas que eran autopistas naturales para la cocaína. El clan del Golfo era desde su fundación una criatura diferente a los viejos carteles. No intentaba replicar la estructura vertical y personalista de Pablo Escobar o de los hermanos Rodríguez Orejuela.
era más horizontal, más resiliente, más parecido a una franquicia criminal que a una pirámide clásica. tenía un núcleo de mando formado por el clan familiar Usuga, pero sus operaciones en distintas regiones del país funcionaban con autonomía relativa. Los socios locales aportaban conocimiento del terreno, redes de informantes y capacidad de coersión sobre las comunidades.
La organización central aportaba protección, rutas consolidadas, acceso a los mercados internacionales y el respaldo de una fuerza armada que en algunos momentos llegó a tener más de 4000 hombres activos en distintos departamentos del país. La cocaína era el producto central, pero no el único. La extorsión sistemática sobre agricultores, M transportadores, mineros y empresarios de toda escala generaba ingresos estables e independientes de los baivenes del mercado internacional de la droga.
La minería ilegal de oro, especialmente en el Chocó y en el Bajo Cauca antioqueño, se convirtió en otra fuente masiva de recursos que además era difícil de rastrear y relativamente sencilla de lavar a través de comercializadoras de metales preciosos. El tráfico de migrantes a través del Darién también formaba parte del portafolio criminal de la organización.
Desde mediados de la segunda década del siglo, el clan cobró impuestos sobre los flujos de personas que cruzaban hacia Panamá intentando llegar a Estados Unidos, controlando uno de los pasos de migración irregular más activos y peligrosos del hemisferio. Juan de Dios Usuga, alias Giovanni era el rostro más visible de la organización en sus primeros años.
Carismático, temerario, dado a los excesos. Él y su hermano Dairo se hicieron conocidos en la región de Urabá por sus fiestas interminables, amenizadas con música vallenata y popular, marcadas por la presencia de mujeres jóvenes, muchas de ellas menores de edad. El poder absoluto sobre el territorio se expresaba también en esa depredación cotidiana sobre las comunidades más vulnerables.
El que mandaba disponía de todo y de todos. Fue ese poder desmedido, esa sensación de impunidad total, lo que terminó generando la primera gran grieta en el blindaje de la organización. Las comunidades que en algún momento habían tolerado o incluso apoyado a los urabeños por miedo o por conveniencia comenzaron a cansarse.
Ese cansancio acumulado durante años iba a tener consecuencias. El primero de enero de 2012, en la madrugada, unidades de la Policía Nacional localizaron a Giovanni en una finca del Urabá. Llevaba tres días de fiesta. Estaba rodeado de familiares, guardaespaldas y acompañantes. El operativo fue rápido y violento. Los custodios no lograron protegerlo.
Giovanni murió en el enfrentamiento. Su hermano Dairo no estaba en la fiesta. había abandonado el lugar horas antes como si algo le hubiera advertido del peligro o como si su instinto de supervivencia afinado en décadas de vida clandestina le hubiera dicho que era momento de moverse. La muerte de Giovanni fue un golpe brutal para la organización, pero también fue el momento en que Dairo Antonio Usuga David tomó el mando total y se convirtió sin ambigüedades en el hombre más peligroso de Colombia. Su la reacción fue
inmediata y calculada para provocar terror. El clan del Golfo decretó un paro armado en todo el norte del país. Comercios cerrados, transporte paralizado, la población confinada en sus casas por el poder de una organización criminal que actuaba como si tuviera soberanía sobre el territorio. Yotoniel, siguiendo el manual de Escobar con precisión inquietante, ofreció $00 por cada miembro de la Policía Nacional que sus hombres pudieran matar.
La cifra no era una metáfora, era una tarifa, un precio de lista. En los meses siguientes, decenas de uniformados fueron asesinados en distintas regiones del país. El mensaje era claro. La guerra contra el estado no había terminado con la muerte de Giovanni. había escalado. Bajo el mando exclusivo de Otoniel, el clan del Golfo se expandió de forma sistemática.
Sería a mediados de la década la organización tenía presencia activa en casi 300 de los 1102 municipios de Colombia. Controlaba el corredor del Pacífico, vital para exportar cocaína hacia México y Centroamérica. Dominaba el Bajo Cauca antioqueño y grandes extensiones de Córdoba, Sucre y Bolívar.
tenía tentáculos en ciudades como Medellín y Barranquilla. Sus miembros habían sido detectados en Brasil, Argentina, Perú, España y Honduras. La DEA los investigaba desde hacía años. El Departamento de Justicia de Estados Unidos los calificó oficialmente como una de las organizaciones de crimen organizado transnacional más importantes del mundo.
Para 2021, el clan del Golfo controlaba casi la mitad de toda la cocaína que salía de Colombia. El modelo operativo era brutalmente eficiente. Si la organización cobraba una tarifa fija por cada kilo de cocaína que se manufacturara o transportara por los territorios bajo su control. No necesitaba producir toda la droga.
Le bastaba con controlar el territorio. Cualquier narcotraficante independiente que quisiera operar en esas zonas tenía que pagar. El que no pagaba moría. Era un sistema de franquicias criminales que generaba ingresos pasivos enormes sin exponer directamente a la cúpula. Los laboratorios recibían seguridad a cambio de un impuesto.
Los cargamentos recibían protección logística a cambio de un porcentaje. La cocaína salía en lanchas rápidas, en semisumergibles artesanales, en contenedores mezclada con cargamentos legales. Llegaba a México, a Centroamérica, a Europa directamente vía África occidental. Llegaba a puertos españoles y holandeses.
Llegaba en cantidades documentadas a Nueva York y Miami. Otoniel construyó también un sistema de contrainteligencia propio que le permitió sobrevivir durante años bajo la presión operacional más intensa que Colombia había montado contra un individuo desde la época de Escobar. Pagaba a campesinos, a tenderos, a conductores de mototaxi, a propietarios de pequeñas tiendas rurales, a cualquier persona que pudiera avisar con tiempo la presencia de uniformados en la zona.
Era una red de informantes horizontales que funcionaba con dinero en efectivo y con miedo. Quien no cooperaba podía convertirse en un problema y los problemas en esas selvas desaparecían sin ruido. Había entrenado perros específicamente para que detectaran el olor característico de los militares, el aceite de las armas, el sudor mezclado con el uniforme y alertaran a su escolta antes de que cualquier sistema de inteligencia electrónica pudiera compensar esa ventaja tan primitiva como efectiva. Durante varios intentos de las
fuerzas especiales para localizarlo, los perros frustraron las incursiones con una eficiencia que los generales reconocieron públicamente. Viajaba a pie o en mula, nunca en vehículo. Nunca dormía dos noches seguidas en el mismo lugar. Dormía en hamacas, en la selva, bajo la lluvia perpetua del Urabá, rodeado de anillos de seguridad concéntricos que llegaron a ser ocho en los años finales de su fuga.
El primer anillo a 1 km de su posición, el último a 3 km. Más de 120 hombres dedicados exclusivamente a protegerlo mientras él se movía solo sin teléfono, comunicándose únicamente a través de correos humanos que llevaban mensajes escritos o verbales entre distintos puntos de la selva. Era un sistema que recordaba más a las comunicaciones del siglo XIX que a las de un narcotraficante moderno, pero esa regresión tecnológica deliberada era exactamente lo que lo mantenía invisible.
El estado colombiano no ignoró a Otoniel. El problema era encontrarlo en un territorio que él conocía desde la infancia y que le era tan natural como una segunda piel. La operación Agamenón fue lanzada en febrero de 2015 por el gobierno de Juan Manuel Santos como una campaña sostenida y de largo aliento para desarticular al clan del Golfo y capturar a su jefe.
En la primera fase se desplegaron más de 12 policías un número mayor al que el bloque de búsqueda había utilizado para rastrear a Pablo Escobar en su momento. La operación se organizó en cinco subcampañas que cubrían las zonas de mayor influencia de la organización. El escudo Darién, la zona costanera de Córdoba y Sucre, el Bajocauca antioqueño, Kibdó y el Urabacho Coano.
Cada subcampaña tenía objetivos específicos y equipos dedicados de inteligencia y operaciones especiales. Agamenón golpeó a la organización con consistencia, capturó lugenientes regionales, desbarató redes de finanzas en varias ciudades. Cerró corredores de tráfico en la costa caribeña. Identificó y detuvo a testaferros que manejaban bienes producto del lavado.
Pero Toniel seguía esquivo. Cada vez que el cerco parecía cerrarse. Desaparecía hacia una zona más profunda de la selva. Cambiaba de área de operaciones. She modificaba sus rutas de movimiento. Sacrificaba deliberadamente piezas de su propio aparato de seguridad para ganar tiempo y espacio. En al menos tres ocasiones, entre 2015 y 2020, las fuerzas especiales estuvieron a metros de él sin lograr la captura.
La selva, la red de informantes campesinos y los perros entrenados frustraron cada intento. Era como intentar atrapar sombra en una selva diseñada exactamente para esconder sombras. Los años de persecución fueron pasando factura. No solo en Colombia, sino también en su entorno inmediato. La presión de la operación Agamenón comenzó a desmantelar sistemáticamente el círculo familiar, que era el núcleo duro del clan.
En diciembre de 2018 fue capturado Fernando Umbeiro Usuga David, alias Palillo, el hermano mayor show encargado de pagar la nómina de los campesinos que protegían los movimientos de Otoniel. En 2019 cayó Juan de Dios González Susuga, alias el flaco, sobrino y operador logístico clave, extraditado después a Estados Unidos.
En marzo de 2021 en el municipio de Sabaneta, Antioquia, fue detenida Nini Johana Usuga David, alias la negra, la hermana de Otoniel, señalada como jefe de finanzas del clan. También fue extraditada. Cada captura familiar era una amputación. La organización seguía funcionando, pero Otoniel se quedaba cada vez más solo.
Las condiciones de vida en la clandestinidad se habían vuelto precarias de maneras que hubieran parecido impensables para el jefe del cartel más poderoso de Colombia. Sham, los agentes de inteligencia interceptaron información de sus correos humanos que describía sus problemas de salud, hipertensión que no podía tratar con regularidad, dolores de espalda que se agravaban con la humedad permanente de la selva, una afección renal que lo debilitaba.
Pasaba hambre. Los generales colombianos decían con datos de inteligencia que habían llegado a saber cuál era su plato favorito. La guagua, un roedor selvático. Esa imagen, la del hombre que había mandado asesinar a decenas de policías comiendo roedores en la selva del nudo de paramillo, era el retrato de un poder que se desintegraba lentamente desde adentro.
El 5 de septiembre de 2017, el gobierno colombiano reveló una carta de Otoniel en la que expresaba voluntad de sometimiento a la justicia. Poco después circuló un video donde él mismo lo confirmaba. Cheg era un gesto que algunos interpretaron como una señal de debilidad real y otros como una maniobra táctica para ganar tiempo y mejorar condiciones.
El gobierno de Duque, que asumió en 2018 no estaba dispuesto a darle ese espacio. En enero de ese año, el nuevo ministro de Defensa, Diego Molano, se sentó con los comandantes de las fuerzas militares y de la policía y rediseñó la estrategia. La operación Agamenón pasó a su segunda fase, reforzada con 15 efectivos adicionales del ejército, alcanzando un total de más de 3200 uniformados dedicados exclusivamente a esa campaña.
El objetivo era uno solo, Otoniel. El año 2021 fue el año del cierre definitivo. Las acciones se aceleraron. La hermana cayó en marzo. Decenas de colaboradores y operadores fueron detenidos en distintas partes del país. Los correos humanos, que habían sido la columna vertebral de su sistema de comunicación, comenzaron a ser interceptados uno por uno.
La inteligencia electrónica, potenciada por la cooperación con agencias estadounidenses y británicas logró mapear con precisión creciente los movimientos de Otoniel. 50 expertos en inteligencia satelital analizaban datos de señales para construir el mapa de sus desplazamientos. La tecnología estaba cerrando una trampa que la geografía sola no había podido cerrar en años.
El 15 de octubre de 2021, a las 8 de la noche, en una guarnición de Bogotá, los comandantes más altos del ejército y la policía se reunieron para diseñar la fase final. Tenían información concreta. Otoniel se movía en un cuadrante de 3 por 3 km entre el cerro Yoki y el cerro azul en territorio rural de Necoclí.
Su entre había identificado cinco casas entre las que rotaba. Se sabía la dirección de sus desplazamientos, el número exacto de sus escoltas inmediatos, la posición de cada uno de sus ocho anillos de seguridad. La operación específica recibió el nombre de Osiris. Era diferente a las búsquedas anteriores.
No iba a esperar a localizarlo para actuar. iba a entrar al terreno con 500 hombres y no iba a salir hasta encontrarlo. En la madrugada del viernes 22 de octubre, las fuerzas especiales comenzaron a insertarse en la zona selvática. Ingresaron desde distintos puntos simultáneamente para bloquear todas las rutas de escape posibles.
22 helicópteros movilizaban tropas y daban cobertura aérea. La infantería de Marina bloqueó los corredores fluviales, o sea, que la fuerza aérea sobrevolaba con plataformas de inteligencia y seguimiento térmico. Fue la inserción en selva más grande en la historia militar de Colombia.
Los anillos de seguridad de Otoniel fueron siendo neutralizados uno a uno en las primeras horas. Cuando el último se dio, él quedó en comunicado de su propia red. No supo que lo estaban rodeando hasta que ya era demasiado tarde para moverse. La tarde del sábado 23 de octubre de 2021, un sargento y tres soldados penetraron en la espesura del cerro Yoki.
Habían bloqueado todas las salidas. El perímetro estaba cerrado. En medio de ramas y arbustos, el sargento distinguió un movimiento. Un hombre que se escondía entre la vegetación lo encañonó. El hombre no resistió, no intentó escapar, se identificó con calma. Tranquilo, soldado. Soy yo. Era Dairo Antonio Usuga David, alias Otoniel, el narcotraficante más buscado de Colombia.
El hombre que había eludido a miles de uniformados durante más de una década, rendido ante cuatro soldados en la selva donde había crecido. Fue trasladado en helicóptero a la base militar de Carpa. Llevaba la cara contra el suelo húmedo. Tenía la rodilla de un militar en la espalda.
Tenía 50 años y 122 órdenes de captura acumuladas en Colombia. El presidente Iván Duque viajó desde Bogotá hasta la base de Tolemaida para anunciar la captura personalmente. El mensaje fue contundente. Era el golpe más duro propiciado al narcotráfico en ese siglo en Colombia y era solamente comparable con la caída de Pablo Escobar en 1993.
El ministro de defensa lo llamó uno de los mayores símbolos del mal en Colombia. La comparación con Escobar era inevitablemente simbólica, aunque el contexto era profundamente diferente. Escobar había sido abatido. Otoniel fue capturado con vida y eso, en términos jurídicos e informativos, era una diferencia crucial.
Trasladado a Bogotá, Otoniel comenzó a rendir declaraciones ante distintas instancias del sistema judicial colombiano. Se presentó ante la jurisdicción especial para la paz, la GP, creada como mecanismo de justicia transicional para el conflicto armado. En sus declaraciones señaló que altos mandos militares habían estado implicados en el negocio del narcotráfico.
Salpicó a políticos regionales que se habían beneficiado del control territorial del Clan del Golfo. reconoció que durante el trabajo militar de la organización se habían cometido homicidios. Los fiscales especiales y los familiares de las víctimas pedían que no fuera extraditado rápido. Chuti que Colombia tuviera tiempo para extraer toda la información que guardaba sobre décadas de connivencia entre el crimen organizado y el poder institucional.
La verdad que él podía ofrecer tenía un valor que ninguna condena en el exterior podía compensar. Pero el gobierno de Duque tenía una obligación jurídica con Estados Unidos. Había órdenes de extradición activas desde 2015, emanadas tanto del distrito sur de Florida como del distrito o este de Nueva York.
En mayo de 2022, Duque firmó la extradición. El 4 de ese mes, rodeado de agentes de la policía colombiana, Otoniel fue embarcado en un avión hacia Nueva York. El clan del Golfo respondió con un paro armado que paralizó 11 departamentos durante 5 días. Vehículos incendiados en carreteras de Antioquia, Córdoba, Bolívar y el norte de Santander.
Comercios cerrados por el miedo. Ciudades como Medellín y Barranquilla parcialmente paralizadas. 10 muertos. Era la última demostración de fuerza de una organización que perdía a su jefe, pero no se disolvía. En Nueva York el proceso fue directo. Otoniel enfrentó cargos de empresa criminal continuada, conspiración para manufacturar y distribuir cocaína.
y conspiración marítima de narcóticos. En enero de 2023 se declaró culpable de todos los cargos. Ante el Tribunal Federal de Brooklyn reconoció haber enviado 96,800 kg de cocaína a Estados Unidos. Admitió que su organización cobraba una tarifa por cada kilo que pasara por sus territorios. Reconoció que en el trabajo militar se habían cometido homicidios.
aceptó confiscar 216 millones de dólares y se disculpó con los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, con las víctimas, donde dijo que el conflicto armado debía pasar a la historia, que las armas debían pasar a la historia. Nadie en la sala lo miró como a un arrepentido. Lo miraron como a lo que era, un hombre que había negociado los mejores términos posibles para una condena inevitable.
En agosto de 2023, la jueza federal Dora Irisarry dictó sentencia. 45 años de prisión. Con 51 años al momento de la sentencia, Otoniel iba a pasar el resto de su vida en una cárcel federal de Estados Unidos. El fiscal general Bron Peace fue explícito. Con la declaración de culpabilidad había llegado a su fin el sangriento reinado del narcotraficante colombiano más violento e importante desde Pablo Escobar.
La DEA, que lo había investigado durante casi 20 años, celebró. El FBI celebró el gobierno colombiano también celebró. Las víctimas colombianas, muchas de ellas sintieron algo más complejo que la celebración. Lo que quedó en Colombia después de Otoniel no fue el silencio que el gobierno había prometido. Iván Duque había declarado que con la captura el clan del Golfo había llegado a su fin. La realidad fue diferente.
La organización no se disolvió. Sin la figura unificadora de Otoniel, distintas subestructuras comenzaron a disputarse el mando. Los alias Chiquito, Malo y Gonzalito emergieron como aspirantes al control, generando fricciones internas que en algunos casos derivaron en enfrentamientos violentos. El clan del Golfo seguía operando, seguía exportando cocaína, seguía cobrando extorsiones, la cabeza había caído, pero el cuerpo seguía moviéndose.
Era la naturaleza misma de una organización diseñada para sobrevivir a sus líderes. La historia de Dairo, Antonio Usuga David, es en el fondo la historia de un país que no pudo ofrecerle a un niño campesino del Urabá ninguna alternativa real a la violencia organizada. Es también la historia de cómo ese niño tomó las herramientas que el país le negó y construyó con ellas un imperio criminal que tardó décadas en ser desmantelado parcialmente.
Escaló todos los peldaños posibles de la violencia colombiana. Fue guerrillero de izquierda. Fue paramilitar de extrema derecha. Fue operador financiero del narcotráfico. Fue jefe de un cartel transnacional. Se desmovilizó dos veces y volvió dos veces. Aprendió de los mejores en cada etapa.
y siempre sobrevivió al siglo siguiente. Lo que finalmente lo derrotó no fue una ideología opuesta ni un enemigo más inteligente. Lo derrotaron la tecnología satelital, la inteligencia anglosajona, el cansancio de las comunidades que dejaron de protegerlo y cuatro soldados en la selva que fue incapaz de abandonar.
Necoclí, el municipio donde nació, el cerro donde lo capturaron, la misma tierra, como si la geografía hubiera esperado pacientemente durante 50 años para cobrar lo que le debía. Otoniel está hoy en una celda federal en algún punto de Estados Unidos. Colombia sigue produciendo cocaína. El clan del Golfo sigue operando y en el Urabá hay niños pobres creciendo en la misma tierra de siempre, con las mismas opciones de siempre, mirando el mismo horizonte que Dairo Antonio miró antes de elegir el único camino que nadie debería tener que elegir.
Yeah.
