El escenario político del estado de Michoacán atraviesa por una profunda crisis institucional donde se entrecruzan acusaciones de desvío de recursos públicos, espectáculos polémicos dentro del recinto legislativo y una compleja investigación judicial que busca esclarecer los acontecimientos que conmocionaron a la entidad el pasado primero de noviembre. La confrontación directa entre la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, y el diputado del Partido del Trabajo (PT), Baltazar Gaona, ha escalado a tal magnitud que la alcaldesa manifestó públicamente su disposición a separarse de sus funciones con tal de que se realice una auditoría integral a las trayectorias de ambos funcionarios.
Este cruce de señalamientos ocurre en una semana crucial para la justicia local, marcada por la comparecencia voluntaria del senador de Morena, Raúl Morón Orozco, ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la emisión de una recompensa económica para dar con el paradero de un exjefe de escoltas vinculado directamente al círculo cercano del fallecido líder político Carlos Manzo.
ado Baltazar Gaona denunciara formalmente ante los medios de comunicación y el pleno legislativo que Grecia Quiroz fungió como “aviadora” en el Congreso de Michoacán, percibiendo un salario mensual de 20,000 pesos en calidad de asesora sin haberse presentado nunca a laborar. Ante tales acusaciones, la munícipe uruapense negó rotundamente los señalamientos y contraatacó acusando a Gaona de utilizar el poder legislativo para fines de promoción personal y de incurrir en faltas graves a la investidura del Congreso.
Quiroz criticó severamente que el legislador del PT introdujera una banda musical al pleno del Palacio Legislativo para interpretar el corrido titulado “Se les peló Baltazar”. Dicha pieza musical, según registros históricos, está vinculada a la figura de Baltazar Díaz Vega, alias “El Balta”, identificado por las autoridades federales como uno de los primeros socios operativos de Ismael “El Mayo” Zambada dentro del cártel de Sinaloa. La alcaldesa calificó este acto como una incongruencia total y un insulto a la ciudadanía, retando al diputado a someterse a una investigación simultánea.
“No tengo absolutamente nada de miedo de que me investiguen, que hagan lo que tengan que hacer. Yo lo reto a que también él sea investigado, y si tenemos que dejar el cargo ambos para que seamos investigados, que así sea”, sentenció la presidenta municipal, quien además instó al legislador a atender los problemas de violencia en su región, haciendo referencia a un reciente hallazgo delictivo que afectó directamente a un familiar de Gaona en el municipio de Tarímbaro.
El misterio de los teléfonos de Carlos Manzo y las pesquisas de la Fiscalía
Un elemento medular en la trama judicial que envuelve a los actores políticos de Michoacán es el paradero y análisis de las pertenencias del fallecido Carlos Manzo. El Fiscal General del Estado confirmó que se han realizado múltiples solicitudes formales durante los meses de noviembre y diciembre para que el entorno familiar y político entregue los dispositivos móviles del exlegislador con el objetivo de extraer posibles registros de amenazas de muerte o conversaciones clave que ayuden a esclarecer el caso.
No obstante, las autoridades han topado con la resistencia de Grecia Quiroz, quien ha sido enfática en señalar que Manzo dejó instrucciones claras en vida de que sus dispositivos telefónicos personales no debían ser entregados a terceras personas. Al respecto, el Ministerio Público argumentó que, si bien se respetan los derechos de propiedad y la privacidad de las pertenencias personales, la institución cuenta con las facultades legales para requerir judicialmente los aparatos telefónicos en caso de que se considere indispensable para destrabar las líneas de investigación en curso.
Raúl Morón da la cara ante las autoridades y rechaza persecución política
En un intento por frenar las especulaciones y cerrar los señalamientos mediáticos que lo vinculaban como un presunto enemigo político de Carlos Manzo, el senador de Morena, Raúl Morón Orozco, se presentó en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado tras ser notificado en calidad de testigo. Morón, cuyo nombre apareció subrayado en los expedientes de la denuncia interpuesta por la propia Grecia Quiroz junto a los de otros líderes oficialistas como Leonel Godoy y Nacho Campos, aseguró caminar con total serenidad y transparencia.
El senador manifestó que su asistencia tiene como único propósito coadyuvar a que la sociedad michoacana conozca la verdad histórica de los hechos del primero de noviembre y evitar que el dolor de la tragedia sea utilizado como un instrumento de “raja política” por parte de actores que buscan descarrilar carreras institucionales con miras a futuros procesos electorales. Morón aclaró ante los medios de comunicación que él no fue testigo directo de ningún acontecimiento violento y que sus diferencias con Manzo siempre se mantuvieron estrictamente dentro del marco del debate ideológico y de partido.
Recompensa millonaria por el jefe de escoltas prófugo
De forma paralela a las comparecencias políticas, la Fiscalía de Michoacán anunció formalmente la emisión de una recompensa de 100,000 pesos para cualquier ciudadano que aporte información fidedigna que permita la localización y captura del general José Manuel Jiménez Miranda. Este personaje desempeñaba las funciones de jefe de escoltas y principal encargado de la seguridad de Carlos Manzo al momento de los incidentes.
Las indagatorias gubernamentales han arrojado resultados alarmantes sobre el círculo de protección de Manzo: de los múltiples detenidos en torno al caso, un grupo significativo pertenecía a su esquema de seguridad personal y otro sector fungía como operadores de su agenda privada. El hecho de que el máximo responsable de la custodia del político se encuentre actualmente prófugo de la justicia, con sospechas que lo ligan a filtraciones y presuntos nexos con el crimen organizado, añade un matiz de alta complejidad a un caso que mantiene en vilo la gobernabilidad y la paz pública del estado.
