El declive de los mitos políticos suele dejar al descubierto las estructuras más complejas de los sistemas de poder. En octubre de 2020, lejos de los reflectores de la residencia oficial de Los Pinos o del emblemático municipio de Atlacomulco, el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, fue ubicado en una exclusiva urbanización cerrada de San Agustín de Guadalix, cerca de Madrid, conocida como Valdelagua . Rodeado de muros altos, seguridad privada y vecinos de élite, el mandatario que una vez prometió “mover a México” se refugiaba en un retiro dorado. Sin embargo, detrás de esa aparente tranquilidad europea, el rastro de investigaciones financieras, declaraciones judiciales y auditorías continuaba desentrañando una historia de desvíos, contratos familiares y una elaborada farsa mediática que marcó de forma indeleble el devenir del país.
Para comprender la consolidación y caída de esta figura, es imperativo remontarse al origen geográfico y político del cual emergió. El Estado de México, y específicamente el municipio de Atlacomulco, operó durante décadas como una escuela silenciosa de herencia gubernamental. Una conocida leyenda local relata que en 1940 una vidente auguró que de esa tierra saldrían seis gobernadores y un presidente de la República . Este mito fundacional dio nombre al denominado Grupo Atlacomulco, una red de influyentes apellidos de la política mexicana que incluyó a personaje
s clave como Isidro Fabela, Carlos Hank González y Arturo Montiel Rojas . Peña Nieto, con una imagen meticulosamente construida por consorcios televisivos, se convirtió en el candidato ideal del viejo Partido Revolucionario Institucional (PRI) para recuperar la presidencia en 2012, presentándose como el rostro de la renovación generacional.
No obstante, la construcción de esta candidatura requirió más que discursos políticos; exigió la fabricación de una narrativa familiar perfecta adaptada a los códigos del melodrama nacional. En noviembre de 2010, Peña Nieto contrajo matrimonio en la catedral de Toluca con la reconocida actriz Angélica Rivera . Este enlace presidencial, ampliamente difundido por los medios de comunicación, ocultó procesos eclesiásticos sumamente controvertidos. Para validar la nueva unión, las autoridades eclesiásticas locales anularon de forma exprés el matrimonio previo de la actriz con el productor José Alberto Castro, lo que desencadenó sanciones injustificadas y la posterior marginación del sacerdote José Luis Salinas Aranda . Años más tarde, el tribunal de la Rota Romana del Vaticano determinó que el proceso contra el clérigo había sido un simulacro de justicia . Salinas Aranda falleció en 2015 a causa del cáncer, habiendo pasado sus últimos años en el ostracismo institucional para salvaguardar la pulcritud de la fotografía presidencial.
Una vez instalado en el Ejecutivo Federal en diciembre de 2012, las contradicciones entre el discurso de la modernidad y la práctica gubernamental no tardaron en manifestarse. El primer gran sismo que fracturó la credibilidad del sexenio fue la revelación periodística de la “Casa Blanca” en Sierra Gorda, lomas de Chapultepec, una de las zonas de mayor plusvalía de la Ciudad de México . Valuada en millones de dólares, la residencia no figuraba a nombre del mandatario ni de su cónyuge, sino de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, filial de Grupo Higa . Esta corporación pertenecía al contratista Juan Armando Hinojosa Cantú, un empresario sumamente cercano a Peña Nieto desde su gestión como gobernador del Estado de México . El escándalo escaló a nivel internacional al revelarse que el mismo consorcio empresarial participaba en la multimillonaria licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro, un proyecto de más de 3,700 millones de dólares que el gobierno federal se vio obligado a cancelar de forma abrupta ante la presión de la opinión pública .
Sin embargo, los excesos inmobiliarios eran solo la superficie de un esquema de desvío de recursos públicos mucho más profundo y sistematizado. A través de la investigación denominada la “Estafa Maestra”, se expuso cómo 11 dependencias federales operaron el desvío de más de 400 millones de dólares . El modus operandi consistió en la asignación directa de contratos a universidades públicas que, a su vez, subcontrataban los servicios a un entramado de 128 empresas fantasma . Recursos destinados a infraestructura social, salud y programas educativos se diluyeron en auditorías sin dejar un beneficio real en la población. A este colapso administrativo se sumó la vertiente internacional del caso Odebrecht. Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) y miembro clave del equipo de campaña en 2012, detalló formalmente ante las autoridades judiciales que la constructora brasileña inyectó 10.5 millones de dólares al entorno presidencial . Según su testimonio, más de 4 millones se destinaron al financiamiento ilícito de la contienda electoral, mientras que el remanente sirvió para asegurar los sufragios legislativos necesarios para la aprobación de la reforma energética .
La diversificación de estos flujos económicos alcanzó también al círculo consanguíneo de la llamada dinastía de Atlacomulco. Investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pusieron bajo la lupa a empresas como Plasti Stéril, una compañía fundada en 1991 por el expresidente, su padre Enrique Peña del Mazo, su tío Arturo Peña del Mazo y su hermano Arturo Peña Nieto . Aunque se documentó la supuesta venta de acciones en los años noventa, las pesquisas financieras identificaron que una empresa relacionada directamente con este entorno empresarial recibió contratos gubernamentales en el sector salud por un monto superior a los 10,530 millones de pesos durante el periodo presidencial de 2012 a 2018 . De forma paralela, auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectaron anomalías por 33.9 millones de pesos en programas de apoyo al sector agrícola gestionados por firmas vinculadas a Juan José Chimal Velasco, entonces cuñado del mandatario .
El sexenio concluyó en diciembre de 2018 con niveles históricos de desaprobación ciudadana, situados cerca del 24% . El éxodo de Peña Nieto hacia el viejo continente no supuso el cese del escrutinio sobre sus activos financieros. Informes de la UIF presentados ante la Fiscalía General de la República (FGR) detallaron que entre agosto y octubre de 2021, un familiar directo realizó transferencias internacionales a las cuentas bancarias del expresidente en España por una suma estimada en 26 millones de pesos . Adicionalmente, el monitoreo financiero detectó operaciones en efectivo que involucran retiros por 189.85 millones de pesos y depósitos por 74.52 millones entre los años 2013 y 2022 vinculados a su núcleo familiar .
Hoy en día, las propiedades comerciales adquiridas mediante la denominada “visa dorada” en distritos madrileños como Chamberí, valoradas en más de 570,000 euros, permanecen bajo investigación institucional . El legado de un sexenio diseñado desde la mercadotecnia televisiva y las alianzas tradicionales de poder concluyó en un exilio dorado, dejando tras de sí un prolongado debate sobre la fiscalización de los recursos públicos, los alcances de la impunidad y las cuentas pendientes que aún resuenan en la memoria histórica del pueblo de México.
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