El panorama político y social de la República de Colombia ha ingresado de manera definitiva en un territorio de incertidumbre, polarización y máxima tensión institucional. En el marco de una de las contiendas electorales más feroces, atípicas y determinantes de la historia contemporánea del país, el presidente Gustavo Petro ha pateado el tablero estratégico al involucrar de forma directa a la Iglesia católica de Colombia en su encarnizada disputa mediática e ideológica contra el candidato presidencial de la derecha radical, el reconocido abogado Abelardo De la Espriella. Lo que comenzó como un llamado institucional a la calma y al desescalamiento de la violencia verbal por parte de la jerarquía eclesiástica, ha terminado transformándose, por obra de la narrativa gubernamental, en un arma de destrucción masiva en las redes sociales. La difusión de un polémico video a través de los canales oficiales del mandatario ha desatado un debate de proporciones colosales que mantiene en vilo a las autoridades electorales, a los analistas políticos y a los millones de ciudadanos creyentes que ven con profunda preocupación cómo los dogmas de fe se mezclan con las ambiciones de poder en las urnas.
Para dimensionar el impacto sísmico de este acontecimiento, es imperativo analizar el contexto de extrema ebullición que experimenta el territorio colombiano. El país se encuentra en la recta final de un proceso electoral presidencial marcado por una fractura social profunda. Por un lado, las fuerzas progresistas alineadas con el Pacto Hist
Read More
órico y el presidente Petro intentan consolidar la continuidad de sus reformas estructurales. Por el otro, una derecha radical envalentonada y con un discurso de mano dura, liderada de forma carismática por Abelardo De la Espriella y su movimiento “Defensores de la Patria”, avanza de manera implacable en las encuestas de intención de voto, capitalizando el desgaste del gobierno central y el descontento popular ante los problemas económicos y de seguridad. En este escenario de polarización absoluta, cada voto cuenta y el sector de los ciudadanos creyentes —que representa a la inmensa mayoría de la población colombiana— se ha convertido en el principal campo de batalla ideológico.
La controversia estalló con fuerza el sábado 13 de junio, cuando el presidente Gustavo Petro publicó un escueto pero sumamente poderoso mensaje en su cuenta oficial de la red social X. El texto rezaba: “Esta es la publicación con el video en cuestión: El mensaje de la Iglesia católica a toda Colombia”. El enlace adjunto dirigía a los usuarios a un material audiovisual donde se rescataban declaraciones de los obispos de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) respecto al proceso democrático en curso. En el video, la jerarquía católica hacía hincapié en que una alta participación ciudadana y democrática es el mecanismo idóneo para fortalecer la legitimidad de las instituciones estatales y definir de manera transparente el rumbo de los proyectos gubernamentales en el territorio nacional. Hasta ese punto, el mensaje de la Iglesia se enmarcaba dentro de sus tradicionales llamadas a la paz electoral, a la civilidad y al respeto mutuo entre los diferentes contendientes.
Sin embargo, el genio político y la astucia comunicativa de Gustavo Petro transformaron radicalmente el propósito original del pronunciamiento eclesiástico. Al apropiarse del discurso de los obispos y relanzarlo bajo su propia sombrilla digital, el mandatario envió un mensaje implícito pero devastador a la opinión pública: la Iglesia católica, según la interpretación del gobierno, respalda la legitimidad institucional y los proyectos de transformación social frente a las propuestas que el oficialismo califica como desestabilizadoras o extremistas. De manera inmediata, el video se puso en la mira de la campaña de Abelardo De la Espriella, cuyos estrategas acusaron al presidente de utilizar de forma espuria, manipuladora e ilegal el peso moral de la Iglesia para golpear su candidatura y frenar su crecimiento electoral entre la población católica y cristiana del país.
La jugada de Petro no es casual y responde a una animadversión de larga data entre el jefe de Estado y el polémico abogado cordobés. Abelardo De la Espriella ha construido su plataforma política sobre la base de una oposición total, visceral y sin matices al proyecto de la “Paz Total” y a las reformas del gobierno del Pacto Histórico. Su campaña ha estado trufada de simbolismos religiosos potentes, incluyendo transmisiones masivas en vivo donde se le ve rezando el Santo Rosario o invocando la fe cristiana como el escudo ético que salvará a Colombia de lo que él denomina la “destrucción castrochavista”. Al arrebatarle el monopolio del discurso religioso y alinear la voz oficial de la Conferencia Episcopal con una narrativa de institucionalidad y defensa de los proyectos estatales, Petro ejecutó un contragolpe mediático diseñado para neutralizar el uso de la fe como arma electoral por parte de la ultraderecha.
La reacción de la campaña de De la Espriella fue inmediata y de una agresividad discursiva notable. Los voceros de la oposición de derecha radical argumentaron que la publicación del video constituye una flagrante violación al principio de neutralidad estatal y una intervención indebida del poder ejecutivo en el debate electoral, algo estrictamente prohibido por la Constitución Política de 1991. Asimismo, señalaron el cinismo que, a su juicio, representa que Gustavo Petro intente refugiarse en la autoridad moral de la Iglesia católica cuando en alocuciones recientes e históricas ha lanzado duras críticas al dogma religioso o ha emitido comentarios que amplios sectores del catolicismo consideraron abiertamente blasfemos, como sus polémicas declaraciones en el Hospital San Juan de Dios de Bogotá sobre la vida íntima de Jesucristo y María Magdalena. Para los defensores de De la Espriella, Petro está usando a la Iglesia como un escudo de conveniencia temporal para desviar la atención de los escándalos de presunta corrupción en el financiamiento de su campaña electoral de 2022 que actualmente investiga el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El conflicto ha colocado a la Conferencia Episcopal de Colombia en una posición sumamente incómoda y atípica. La Iglesia católica colombiana ha sido, históricamente, un actor mediador fundamental en los procesos de paz, en la resolución de crisis humanitarias y en la contención de los excesos de la violencia política. Los obispos siempre han intentado mantener una cuidadosa y diplomática distancia de las disputas partidistas para preservar su autoridad moral ante todos los colombianos, independientemente de su color político. Sin embargo, en el actual clima de polarización total, esa neutralidad histórica es casi imposible de sostener. Al ser arrastrados al centro del debate por el tuit del presidente, los jerarcas católicos se han visto obligados a navegar en aguas turbulentas, intentando aclarar que sus mensajes están dirigidos al fortalecimiento democrático general y no al beneficio de una facción política particular, mientras la ciudadanía interpreta el video según sus propias filias y fobias.
Por otra parte, los analistas en derecho constitucional advierten que este episodio pone de relieve la fragilidad del Estado laico en Colombia. Aunque la Constitución del 91 garantizó la libertad de cultos y separó formalmente a la Iglesia del poder político, la realidad sociológica del país demuestra que la religión sigue siendo un factor de movilización electoral de un valor inestimable. Tanto el oficialismo progresista como la oposición de derecha radical recurren de manera sistemática a pasajes bíblicos, conceptos teológicos como el “amor eficaz” o la Teología de la Liberación, y alianzas con líderes evangélicos y católicos para legitimar sus propuestas ante un electorado que vota guiado por sus convicciones espirituales. El tuit de Petro y la respuesta airada de De la Espriella son la prueba fehaciente de que en Colombia la línea que divide la fe de la política no solo es delgada, sino que se borra por completo cuando se trata de la búsqueda del poder presidencial.
El video en cuestión continúa acumulando millones de reproducciones y compartidos en las plataformas digitales, convirtiéndose en el eje central de la discusión pública a pocos días de que los colombianos acudan en masa a las urnas. Mientras el Consejo Nacional Electoral mantiene la mira sobre este intercambio para determinar si existió una violación a las normas de propaganda y neutralidad por parte de la Presidencia de la República, las bases de ambos candidatos se baten en una guerra de comentarios y descalificaciones en los foros de internet. Los seguidores de Petro defienden el uso del video como una pedagogía ciudadana necesaria para defender la legitimidad de las instituciones democráticas frente a los discursos que tildan de incendiarios y autoritarios. Por el contrario, los simpatizantes de De la Espriella claman por el respeto a las creencias doctrinales y acusan al gobierno de desesperación política ante el avance de la derecha.
Este polémico enfrentamiento deja una lección profunda sobre las dinámicas de la comunicación política en la era de las redes sociales. Un mensaje emitido originalmente por una institución milenaria con fines de cohesión social y paz puede ser fragmentado, reinterpretado y utilizado de forma táctica en cuestión de minutos para golpear al adversario en el punto más sensible de su estrategia. Al meter a la Iglesia católica en la polémica contra Abelardo De la Espriella, Gustavo Petro no solo encendió las alarmas de la oposición, sino que obligó a todo un país a reflexionar sobre los límites de la retórica presidencial y el uso de los símbolos sagrados en la lucha por el destino de la nación. La controversia está lejos de cerrarse y el veredicto final sobre quién saldrá beneficiado de esta tormenta mediática lo tendrán los propios colombianos cuando depositen su voto en las urnas.
