Esta semana volvió a cobrar fuerza en las conversaciones de redes sociales y foros de debate una frase que el expresidente Carlos Salinas de Gortari ha repetido como un mantra durante décadas: la afirmación de que él “modernizó México”. En sus columnas, en los medios que aún le brindan espacio y en cada oportunidad pública, el exmandatario defiende que las privatizaciones de su sexenio eran estrictamente necesarias. Argumenta que se deshizo de empresas estatales que supuestamente no funcionaban y que esos ingresos millonarios se utilizaron para liquidar deuda y financiar programas sociales.
Si uno no conoce la historia a fondo, el discurso suena impecable. Suena a la narrativa de un estadista visionario que preparó a México para la inevitable ola de la globalización. Sin embargo, la historia no se borra con discursos, y los detalles, las cifras y los nombres de quienes se beneficiaron de aquellas ventas masivas están ahí, grabados en piedra. Al analizar fríamente la evidencia, la frase “Salinas modernizó México” se desmorona, revelándose como una de las ilusiones financieras más costosas que ha padecido el pueblo mexicano. No fue una modernización; fue la venta de liquidación del patrimonio construido por tres generaciones de mexicanos, entregado en bandeja de plata a un selecto grupo de empresarios elegidos a dedo. Y lo más doloroso es que, más de tres décadas después, esa factura la seguimos pagando todos.
El Origen del Salinismo: Un Fraude Hecho Cenizas
Para entender la magnitud de lo que ocurrió en los años noventa, es imperativo regresar al inicio. El primero de diciembre de 1988, Carlos Salinas de Gortari asumió la presidencia de México bajo una sombra de ilegitimidad que jamás se disipó. Fue la infame elección de la “caída del sistema”. La noche del 6 de julio, cuando Cuauhtémoc Cárdenas aventajaba en los resultados preliminares, el sistema de conteo de la Comisión Federal Electoral dejó de funcionar misteriosamente. Al restablecerse, Salinas lideraba la contienda.
Los paquetes electorales que guardaban la verdad de aquella noche histórica fueron quemados en 1992 por orden del propio Congreso. Sin pruebas tangibles, el fraude quedó impune, pero la necesidad del nuevo gobierno de comprar legitimidad se volvió urgente. ¿Cuál fue la estrategia? Construir una clase empresarial incondicional al régimen, vendiendo las empresas del Estado a precios de remate.
Telmex: La Joya de la Corona y el Monopolio de una Década
El caso más emblemático de este proceso es, sin duda, Teléfonos de México (Telmex). Durante 18 años, esta compañía estatal había conectado a la nación entera y se mantenía como el segundo activo más importante de México, solo por detrás de Pemex. En 1990, el gobierno la vendió por poco más de 8,600 millones de dólares. El comprador principal fue Carlos Slim, quien entonces era un empresario conocido, pero definitivamente no el hombre más rico del país.
La compra de Telmex no solo lo transformó a él, sino que reconfiguró la economía del país. Lo que nadie en el gobierno quiso resaltar fue que el acuerdo incluía un monopolio absoluto de siete años sobre el servicio de llamadas de larga distancia. Sin competencia y sin regulación, Telmex impuso las tarifas más caras de toda América Latina.
El impacto fue brutal para la economía familiar. ¿Cuántos hogares tuvieron que sacrificar colegiaturas o atención médica para pagar facturas telefónicas exorbitantes? Si una familia promedio pagaba 800 pesos al mes en larga distancia, durante una década desembolsó casi 100,000 pesos. Multiplicado por los 5 millones de hogares con línea en esa época, hablamos de una transferencia de 500,000 millones de pesos directamente del bolsillo de las familias mexicanas a una sola empresa. Hoy, 35 años después, Carlos Slim posee una fortuna que ronda los 125,000 millones de dólares, unas 15 veces más de lo que el gobierno recibió por la venta de la empresa que cimentó ese imperio.
El Desastre Bancario y la Eterna Deuda del Fobaproa
La fiebre privatizadora no se detuvo ahí. Entre 1991 y 1992, el gobierno vendió los 18 bancos que habían sido nacionalizados en 1982. Obtuvo unos 12,000 millones de dólares, una cifra que sonaba a éxito rotundo hasta que las consecuencias de vender instituciones financieras a empresarios sin experiencia en el ramo salieron a la luz.
Presionados por recuperar su inversión, los nuevos dueños comenzaron a prestar dinero de manera descontrolada. Otorgaron créditos sin verificar la capacidad de pago, e incluso se prestaron a sí mismos a través de empresas fantasma. Cuando llegó el “error de diciembre” en 1994, las tasas de interés se dispararon, los créditos se volvieron impagables y los bancos colapsaron.
En lugar de dejar que estos empresarios asumieran las consecuencias de su pésima gestión, el gobierno de Ernesto Zedillo convirtió las pérdidas privadas en deuda pública mediante el Fobaproa. Originalmente calculado en 552,000 millones de pesos, hoy supera los 3 billones de pesos debido a los intereses acumulados. Cada vez que pagamos impuestos, una parte de nuestro dinero se destina a cubrir esa deuda gigantesca. Pagamos tres veces más por el desastre de lo que el gobierno recibió por vender los bancos.
TV Azteca: La Trampa de 1993 y el Préstamo Familiar
Otro capítulo fundamental que conecta directamente con la política actual es la privatización de Imevisión, el Instituto Mexicano de la Televisión. En 1993, este imperio mediático estatal fue vendido por unos 650 millones de dólares a un grupo encabezado por Ricardo Salinas Pliego.
Lo que la historia oficial ocultó durante años es que, para financiar la compra, Salinas Pliego recibió un préstamo de casi 30 millones de dólares nada menos que de Raúl Salinas de Gortari, hermano del entonces presidente. El Estado vendiendo una televisora pública a un empresario financiado por la propia familia presidencial, en una operación plagada de un evidente conflicto de interés que nadie en el gobierno se atrevió a investigar.
Esa televisora es hoy TV Azteca. Comprender este origen oscuro ayuda a descifrar por qué ciertos medios atacan con tanta ferocidad a la actual administración gubernamental (la Cuarta Transformación o 4T). La disputa real no tiene que ver con la libertad de expresión ni con preocupaciones democráticas; se trata de adeudos fiscales acumulados y privilegios perdidos que el actual Estado mexicano está intentando recuperar.
El Cambio de Paradigma: Reconstruyendo lo Público
