A lo largo de las últimas tres décadas, ha circulado de manera persistente una narrativa cuidadosamente diseñada en los círculos de poder, las tertulias políticas y las columnas de opinión de los grandes medios de comunicación. Esta narrativa asegura que, durante la década de los noventa, se llevó a cabo una modernización indispensable para el país. Se repite hasta el cansancio que las privatizaciones de aquel sexenio eran la única vía posible para insertar a la nación en la inminente ola de la globalización. El presidente Carlos Salinas de Gortari es a menudo retratado, por aquellos que se beneficiaron de sus políticas, como un estadista visionario que tomó decisiones difíciles pero necesarias, vendiendo empresas estatales que supuestamente eran inoperantes para sanear la deuda nacional y financiar programas de desarrollo social.
Sin embargo, cuando la retórica grandilocuente se desvanece y nos enfrentamos a la dureza de los datos, los nombres y las cifras reales, el panorama cambia de manera radical. Al poner los hechos sobre la mesa, la famosa frase sobre cómo se modernizó el país se revela como uno de los espejismos más costosos y destructivos en la historia económica contemporánea. Lo que verdaderamente ocurrió no fue un proceso de modernización administrativa, sino el desmantelamiento sistemático del patrimonio público. Fue la transferencia masiva de la riqueza que tres generaciones de ciudadanos habían construido con el sudor de su frente, entregada en bandeja de plata a un selecto y minúsculo grupo de empresarios elegidos a dedo por el propio gobierno.
El inicio de este mandato ya estaba marcado por sombras imborrables. El primero de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, el presidente Carlos Salinas de Gortari asumió el poder tras uno de los procesos electorales más polémicos y opacos que se recuerdan. La noche del seis de julio de aquel año, el sistema de conteo de votos
sufrió una caída misteriosa y providencial justo cuando la oposición llevaba la delantera. Al recuperarse la conexión, las tornas habían cambiado por completo a favor del oficialismo. La legitimidad de este triunfo, cuestionada de raíz y cuyas pruebas físicas fueron posteriormente reducidas a cenizas por mandato legislativo, obligó a la administración entrante a buscar aliados poderosos de forma inmediata. La estrategia fue simple y devastadora: crear una oligarquía empresarial inquebrantablemente leal al régimen, vendiéndoles las joyas de la corona del Estado a precios irrisorios.
La operación más emblemática de este periodo fue, sin lugar a dudas, la privatización de Teléfonos de México. Desde principios de los años setenta, esta compañía había sido propiedad del Estado, conectando a un país de inmensas dimensiones y generando ingresos robustos y constantes. Era el segundo activo público más valioso del país. En el año mil novecientos noventa, el gobierno decidió vender el control de esta infraestructura vital. El comprador principal fue el empresario Carlos Slim. Hasta ese momento, Slim era un hombre de negocios acomodado con presencia en el sector financiero, pero de ninguna manera figuraba entre los más ricos, ni siquiera a nivel nacional.
El detalle monumental que los defensores del libre mercado suelen omitir convenientemente es que esta venta vino acompañada de un regalo invaluable e inédito: un monopolio absoluto y garantizado por siete años sobre el servicio de llamadas de larga distancia, tanto nacionales como internacionales. Durante casi una década, sin competencia alguna ni alternativas viables para el consumidor, los ciudadanos se vieron obligados a pagar las tarifas telefónicas más altas de toda América Latina. Millones de familias mexicanas vieron mermados sus ingresos, sacrificando necesidades de primer orden para pagar facturas exorbitantes que iban directamente a engrosar los márgenes de beneficio de la empresa privada. Hoy en día, aquel empresario amasa una fortuna que roza los ciento veinticinco mil millones de dólares, posicionándolo entre las personas más ricas del planeta. Por su parte, el Estado apenas recibió una cifra cercana a los ocho mil seiscientos millones de dólares por la venta original. Si la compañía hubiese permanecido bajo control público manteniendo esos mismos márgenes de rentabilidad, el dinero generado habría bastado para pagar la deuda externa varias veces.
Pero el expolio no terminó en las telecomunicaciones. La fiebre privatizadora del presidente Carlos Salinas de Gortari se extendió velozmente al sector financiero. Entre los años mil novecientos noventa y uno y mil novecientos noventa y dos, el gobierno se deshizo de dieciocho bancos que habían sido previamente nacionalizados. Los compradores, en su inmensa mayoría, carecían de cualquier experiencia previa en la banca o la gestión de riesgos financieros. Provenían de sectores tan dispares como la construcción o el comercio minorista. Al verse al mando de instituciones crediticias y con la enorme presión de recuperar la fuerte inversión realizada, comenzaron a otorgar créditos de manera descontrolada, sin verificar avales ni capacidades de pago, e incluso prestándose dinero a sí mismos a través de entramados y empresas fantasma.
El desenlace de esta negligencia institucionalizada fue trágico para la población. En diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, la burbuja especulativa estalló, la moneda sufrió una devaluación brutal y las tasas de interés se dispararon a niveles astronómicos. Las hipotecas y deudas de los ciudadanos de a pie se volvieron impagables de la noche a la mañana, y los bancos colapsaron en cadena. En lugar de permitir que los dueños asumieran las graves consecuencias de su pésima gestión corporativa, el gobierno optó por socializar las pérdidas a través del infame fondo de protección al ahorro. El Estado absorbió la cartera vencida de estos bancos privados. La factura de este rescate, que seguimos y seguiremos pagando durante las próximas décadas, supera hoy en día los tres billones de pesos. El gobierno vendió los bancos por una fracción de su valor y endeudó a toda la población con un coste colosal para salvar a los mismos empresarios que provocaron el desastre financiero.
El tercer gran capítulo de esta reestructuración oligárquica afecta directamente a la forma en que los ciudadanos se informan y consumen entretenimiento. En mil novecientos noventa y tres, se privatizó el ente público de la televisión estatal. Este vasto conglomerado de frecuencias, enormes estudios y cines fue adjudicado a Ricardo Salinas Pliego, un empresario conocido por sus cadenas de tiendas de electrodomésticos. Lo que la historia oficial ocultó cuidadosamente durante mucho tiempo fue el origen de los fondos para lograr esta monumental adquisición. Documentación e investigaciones periodísticas revelaron más tarde que se realizó un préstamo en la sombra de casi treinta millones de dólares, proveniente directamente del hermano del presidente en funciones. Un conflicto de intereses a gran escala, tolerado y silenciado por todo el aparato de justicia y gobierno, que permitió el nacimiento de una de las televisoras privadas más influyentes.
Comprender esta conexión histórica es fundamental para entender la hostilidad y agresividad con la que esta misma cadena de televisión ataca sistemáticamente las políticas de la actual administración. La animadversión no nace de un profundo compromiso con la libertad de prensa o un repentino interés por la salud de la democracia, sino que tiene raíces puramente financieras y transaccionales. Es la respuesta visceral a un gobierno que, tras décadas de complicidad, ha decidido exigir el cobro de impuestos atrasados y auditar los privilegios de un conglomerado que nació arropado por la sombra del poder político. La disputa actual no es periodística; es por los miles de millones que el Estado intenta recuperar para las arcas públicas.
El impacto sumado de todas estas ventas —que también abarcaron minas, las principales aerolíneas del país, las grandes acereras, ingenios de azúcar y la adjudicación de infraestructuras carreteras clave— resultó en la enajenación de casi la totalidad del aparato productivo estatal por alrededor de veinte mil millones de dólares. Una cifra que, a los ojos del presente, palidece y resulta hasta ridícula frente a las fortunas individuales que consolidaron los grandes beneficiarios de dichas concesiones.
En la actualidad, asistimos a un cambio de rumbo profundo impulsado por las nuevas políticas gubernamentales, que apuntan en la dirección diametralmente opuesta al recetario de los años noventa. La actual administración está dedicada a reconstruir lo que fue metódicamente vendido. Hemos presenciado la recapitalización de la empresa petrolera nacional frente al abandono sistemático previo, la construcción de nuevas infraestructuras para alcanzar la soberanía energética, y el relanzamiento de aerolíneas como empresas del Estado para fomentar la competitividad de manera accesible para la población.
La visión privatizadora de antaño dictaba implacablemente que lo público debía encogerse a su mínima expresión para que el sector privado pudiese expandirse y generar negocios a partir de servicios básicos. Hoy, el enfoque gubernamental se centra en reivindicar la fortaleza del Estado como garante irrenunciable del bienestar social. El sistema de salud pública se expande de forma histórica sin depender de subcontrataciones opacas, y se consolida un sistema de pensiones universales para los mayores, financiando estos esfuerzos colosales con los recursos que se están recuperando mediante la austeridad oficial, el estricto cobro de impuestos a los grandes corporativos y la eliminación de los privilegios fiscales del viejo régimen.
Es innegable que ocurrieron ciertos avances tecnológicos durante este periodo histórico; afirmar que no hubo ninguna modernización en absoluto en los sistemas sería faltar al rigor de los hechos. La tecnología y los mercados avanzan a nivel mundial. Sin embargo, el centro del debate radica en el altísimo e injustificable costo social y económico que conllevó este proceso. El modelo implementado por el presidente Carlos Salinas de Gortari no fue el camino ineludible hacia el progreso mundial, sino un mecanismo diseñado de forma sumamente efectiva para concentrar la riqueza en muy pocas manos, asentar monopolios privados y trasladar el costo del fracaso empresarial a la espalda de todos los contribuyentes. Es un pasado cuyas facturas aún pesan mensualmente en los bolsillos de las familias, y cuya verdadera historia debe contarse sin adornos para garantizar que el patrimonio colectivo jamás vuelva a ser el botín particular de unos cuantos privilegiados.
