Atención México. Mientras en Washington se acumulan los comunicados, las listas de sancionados y las advertencias sobre los cárteles, aquí en nuestro país está ocurriendo algo que casi nadie está conectando. Los números del combate al robo de combustible empezaron a hablar y lo que dicen contradice por completo la idea de que México no estaba haciendo su tarea.
Quédense conmigo porque hoy vamos a poner lado a lado dos maneras de enfrentar el mismo problema. La del vecino del norte, que presiona, señala y sanciona desde lejos, y la de la presidenta Claudia Shainbound, que limpia la casa por dentro y deja que los resultados hablen por sí solos. Vamos a los hechos porque aquí no venimos a inventar nada.
El robo de combustible, eso que en México conocemos como huachicol, tiene dos caras. Una es la tradicional, perforar los ductos de petróleos mexicanos y sacar la gasolina directamente. La otra es más sofisticada y se llama huachicol fiscal. Consiste en importar combustible declarándolo como aceites o aditivos para no pagar los impuestos que le corresponden.
Las dos modalidades le costaron al país una fortuna durante años y las dos están hoy en el centro de una historia que conviene entender completa, sin gritos y sin medias verdades. Empecemos por lo que ha hecho Estados Unidos, porque ahí está el contraste. El primero de mayo de 2025, la Oficina de Control de Activos extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a tres ciudadanos mexicanos y a dos empresas con sede en México, señalados por estar vinculados a una red de robo de combustible y contrabando de petróleo
llegada al cártel Jalisco Nueva Generación. Ese mismo día, la red de control de delitos financieros del propio tesoro emitió una alerta sobre el contrabando de crudo en la frontera sur de aquel país. Meses después, el 17 de diciembre de 2025, el tesoro fue más lejos y sancionó al cártel de Santa Rosa de Lima junto con su líder, José Antonio Yepez Ortiz, conocido como el marro.
Y aquí aparece el primer detalle que casi nadie subraya. El marro. Ese hombre al que Washington puso en su lista de sancionados a finales del año pasado, lleva años cumpliendo una condena de 60 años en una prisión mexicana. Lo detuvo México, lo procesó México, lo encarceló México. Cuando el Departamento del Tesoro lo sancionó, no estaba abriendo un caso nuevo, estaba poniendo su sello sobre un trabajo que las instituciones mexicanas ya habían hecho.
Esa imagen resume buena parte del asunto. Mientras desde el norte llegan comunicados con Membrete, desde aquí ya hay celdas ocupadas. El propio Departamento del Tesoro reconoce en sus documentos que el robo de combustible es hoy la principal fuente de ingresos no relacionada con drogas para los grupos criminales en México.
Lo dice Washington, no lo decimos nosotros. Y sobre esa realidad, la administración de Donald Trump construyó durante meses una narrativa muy concreta, que los cárteles se financian con el combustible robado, que ese combustible cruza disfrazado hacia el norte y que México no estaba conteniendo el problema. Esa narrativa sirvió de argumento para hablar de presiones, de listas de organizaciones terroristas y hasta de acciones por cuenta propia en territorio mexicano.
El mensaje de fondo siempre fue el mismo. Ustedes no pueden. Nosotros sí. Ahora veamos qué responde México y aquí está el giro de la historia. Porque la presidenta Shane Bound no contestó con un discurso encendido ni con una rueda de prensa cargada de adjetivos. Contestó con una cifra y con una idea muy simple.
El 9 de junio desde Palacio Nacional explicó que las ventas de petróleos mexicanos se han incrementado de manera importante y que ese aumento es la mejor señal de que en las gasolineras ya no se está vendiendo combustible que entró de forma ilegal al país. Su lógica es directa. Si la venta legal sube es porque la recarga ilegal baja y anunció que le pedirá a la Fiscalía General de la República que presente públicamente los avances de las investigaciones en curso.
Vale la pena detenerse en esa lógica porque tiene sustento en datos que no salieron de Palacio Nacional. Según la Agencia Nacional de Aduanas de México, la recaudación por comercio exterior creció 17.6% 6% en términos reales durante los primeros 9 meses de 2025 comparado con el mismo periodo del año anterior. Dentro de esa cifra, el impuesto especial que pagan las gasolinas y el diésel subió 46.
2% hasta acercarse a los 175,000 millones de pesos. La propia Secretaría de Hacienda informó al Congreso que los impuestos recaudados en aduanas aumentaron más de 200,000 millones de pesos en el año y aclaró que no todo ese incremento viene del combate al huachicol. Pero que una parte importante sí, es decir, cuando se cierra la llave del contrabando, el dinero que antes se evaporaba reaparece en la caja pública.
Para entender el tamaño de lo que estaba en juego, basta con un dato. De acuerdo con estimaciones de la consultora especializada Petrointeligencia, solo en 2024 el huachicol fiscal le costó a la federación alrededor de 177,170,000000es de pesos. Eso equivale a unos 485,000000es de pesos perdidos cada día. Cada día.
dinero que debía pagar hospitales, escuelas, becas y pensiones y que terminaba alimentando estructuras que durante años se sintieron intocables. Cerrar esa fuga no es un detalle contable, es recuperar recursos del pueblo que estaban siendo desviados a la sombra. Y cómo se ha venido cerrando esa llave, con trabajo de territorio, no con discursos.
El 31 de marzo de 2025, autoridades federales aseguraron en el puerto de Tampico cerca de 10,000000 de litros de diésel que habían entrado al país declarados como otra mercancía. Fue uno de los decomisos de combustible de contrabando más grandes de los que se tenga registro reciente. A eso se suma la vigilancia permanente en las aduanas y un sistema de control que cualquiera puede ver en las carreteras.
Los camiones que transportan combustible llevan un código que la Guardia Nacional revisa, una instrucción de la Secretaría de Energía para verificar que lo que circula es legal y pagó lo que debía pagar. Conviene ser honestos porque esa es la diferencia entre informar y propagandizar. La propia presidenta ha reconocido que el huachicol todavía ocurre, aunque en una proporción mucho menor, y ha dicho que hay que combatirlo hasta que no quede absolutamente nada.
Nadie está declarando una victoria total. Lo que muestran los números es una tendencia clara, sostenida y verificable. Y esa tendencia desmonta con cifras y no con frases. La idea de que en México no se estaba haciendo nada. Aquí es donde el contraste con Washington se vuelve interesante de verdad, porque la cooperación entre los dos países existe.
Pero la pregunta siempre ha sido, ¿en qué términos? Y la respuesta de México tiene un sustento concreto. El 10 de septiembre de 2024, la propia Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro sancionó a nueve personas y 26 empresas ligadas a una red de robo de combustible y lo hizo, según su propio comunicado, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de México.
