En el complejo tablero de la política contemporánea, pocas cosas resultan tan fascinantes y, al mismo tiempo, tan alarmantes como observar a un gobierno luchar denodadamente contra su propia realidad. La historia nos ha enseñado, a través de innumerables ejemplos a lo largo de los siglos, que cuando el poder se aísla en su propia burbuja de autocomplacencia, las calles terminan convirtiéndose en el único altavoz válido para el ciudadano de a pie. Hoy, México asiste a un espectáculo que roza lo surrealista: en la antesala de uno de los eventos deportivos más importantes y mediáticos del planeta, la Copa del Mundo, el país se encuentra sumido en una vorágine de protestas, bloqueos y reclamos sociales. Sin embargo, desde el atril del poder ejecutivo, el mensaje es tajante, gélido y profundamente desconcertante: “no hay descontento social”.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido trazar una línea en la arena. En una reciente y explosiva intervención, no solo negó la existencia de un malestar generalizado entre la población, sino que elevó la apuesta al calificar el caos que impera en la Ciudad de México y en diversas regiones del país como un gigantesco montaje. Una obra de teatro orquestada, según ella, por fuerzas oscuras y grupos de interés cuyo único propósito es hacer quedar mal a su administración frente a la atenta mirada de la comunidad internacional. Esta postura, cargada de una retórica victimista y tintes de paranoia política, abre un profundo debate sobre la salud democrática de la nación, la libertad de expresión y la preocupante desconexión entre los despachos gubernamentales y el asfalto.
La Negación de lo Evidente: Un País que Grita y un Gobierno que se Tapa los Oídos
Escuchar a la máxima autoridad del Estado afirmar que “en México no hay un descontento social” resulta, para millones de ciudadanos, una bofetada a la razón. No estamos hablando de un país en plácida calma. Las calles de la capital y de los estados son testigos diarios del clamor de decenas de colectivos cuyas demandas no pueden ser despachadas como simples “desacuerdos con ciertas medidas”.
Hablemos, en primer lugar, de las madres buscadoras. Mujeres que, armadas con palas, picos y un dolor inabarcable, recorren los parajes más inhóspitos del territorio nacional buscando los restos de sus hijos desaparecidos. Decir que su presencia en las calles es parte de un montaje para desprestigiar al gobierno es no solo una falacia gigantesca, sino una muestra de absoluta falta de empatía y humanidad. Ellas no protestan por capricho ni responden a intereses empresariales; protestan porque el Estado ha fallado en su obligación más primordial: garantizar la vida y la seguridad de sus ciudadanos.
A ellas se suman los ambientalistas que denuncian la devastación de los ecosistemas, los activistas de derechos humanos que se juegan la vida en un entorno de hostilidad creciente, los estudiantes que exigen condiciones dignas de estudio, los transportistas que son víctimas diarias de la extorsión y el crimen organizado, y los agricultores que ven cómo su medio de vida se asfixia ante la falta de apoyos y la violencia rural. Y, por supuesto, no podemos olvidar a los maestros de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación), quienes han paralizado arterias vitales de la capital en exigencia de derechos laborales que, irónicamente, les fueron prometidos durante la campaña electoral.
Para la presidenta, sin embargo, esta amalgama de dolor, frustración y exigencias legítimas se resume en un puñado de “grupos que no están de acuerdo con medidas”, asegurando que todos están siendo “atendidos”. La disonancia cognitiva es monumental. Al reducir el clamor popular a una simple rabieta de opositores manipulados, el gobierno no solo invisibiliza el sufrimiento y las carencias del pueblo, sino que se exime a sí mismo de cualquier responsabilidad autocrítica. Es la soberbia del poder en su máxima expresión: si hay ruido en la calle, no es porque haya hambre o injusticia, es porque alguien quiere fastidiar al gobierno.
Los Fantasmas del Pasado: El Eco de Díaz Ordaz y Echeverría
Lo más irónico —y peligroso— de la narrativa oficial actual es su asombroso parecido con las horas más oscuras de la historia moderna de México. El actual gobierno ha construido gran parte de su legitimidad moral presentándose como la antítesis de los regímenes represivos y autoritarios del pasado, particularmente los encabezados por Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez. Se han enarbolado banderas de progresismo y democracia, prometiendo que el Estado nunca más sería utilizado para acallar la disidencia.
No obstante, las palabras pronunciadas hoy parecen extraídas directamente de los manuales de comunicación de aquellos presidentes de los años 60 y 70. Cuando Díaz Ordaz enfrentó el movimiento estudiantil de 1968, a las puertas de otro evento internacional masivo (los Juegos Olímpicos), su discurso se centró en denunciar una conjura comunista internacional diseñada para ensuciar la imagen de México y sabotear el evento. Se negó el descontento social genuino de los jóvenes y se criminalizó la protesta, culminando en la trágica masacre de Tlatelolco.
Hoy, la historia parece rimar con una precisión escalofriante. De cara al Mundial, la presidenta Sheinbaum utiliza el mismo andamiaje argumental: no hay problemas reales, hay una “provocación” escenificada para mostrar que hay caos en México. La figura del enemigo externo o de la conspiración en la sombra cambia de nombre —ya no es el fantasma del comunismo, sino el conservadurismo, la derecha y los empresarios “rapaces”—, pero la estructura lógica de la negación es idéntica.
La mención que hace la propia mandataria al aniversario del “Halconazo” (la represión estudiantil del 10 de junio de 1971 durante el gobierno de Echeverría) es reveladora. Al afirmar que los manifestantes están forzando al gobierno a reprimir para poder compararlos con el 71, la presidenta cae en una trampa argumental de su propia creación. Al decir “¿No les parece extraño que a lo que están llamando casi casi ellos es reprímanos…?”, está despojando a los manifestantes de cualquier agencia legítima. En su visión, los maestros o las madres buscadoras no salen a protestar porque estén desesperados, sino porque tienen un deseo perverso de ser golpeados por la policía para dañar la reputación presidencial. Esta es una visión profundamente autoritaria, que asume que el único actor racional en el país es el gobierno y que la sociedad civil es una masa manipulable y malintencionada.
Promesas Rotas y la Fractura con los Maestros de la CNTE
Para entender la dimensión de la crisis de credibilidad del gobierno, es indispensable analizar el caso específico de las movilizaciones de la CNTE. La presidenta, en su afán por deslegitimar el plantón y las protestas del magisterio, obvia un detalle fundamental que la memoria ciudadana, afortunadamente, conserva intacto: las promesas de campaña.
Durante el fragor de la contienda electoral, se ofreció a los maestros la abrogación de la polémica ley del ISSSTE, que afecta directamente a sus pensiones. Fue una promesa que capitalizó el descontento del gremio y se tradujo en apoyo político. Hoy, sentada en la silla presidencial, la narrativa ha dado un giro de 180 grados. Ahora se argumenta que echar para atrás las reformas de pensiones de 1997 y 2007 (que, en palabras de la propia mandataria, condenaron a los trabajadores a “pensiones de miseria”) es inviable.
Al decirles a los maestros que no se puede cumplir lo prometido, la presidenta rompe el pacto de confianza fundamental entre el elector y el gobernante. Más allá de si las demandas económicas del sindicato son viables o no para las arcas del Estado —un debate técnico y económico que merece su propio espacio—, lo que está en juego aquí es la palabra empeñada. Cuando la CNTE sale a las calles a exigir el cumplimiento de esa palabra, la respuesta del gobierno no es el reconocimiento del error o la búsqueda de un punto medio realista, sino la estigmatización. Se les acusa de tener una “orientación” política oscura y de no buscar reivindicaciones legítimas.
Esta es la clásica maniobra de desviar la atención. En lugar de asumir el costo político de una promesa incumplida, resulta mucho más fácil, desde la tribuna del poder, acusar a los maestros de querer boicotear el Mundial o de ser peones en una gran conspiración. Sin embargo, los hechos son tozudos, y la realidad es que el descontento de la CNTE no nació de la nada, fue cultivado por las expectativas infladas y las promesas populistas que ahora chocan con el muro de la realidad administrativa.
El Chivo Expiatorio: Ricardo Salinas Pliego y la Lógica del “1+1”
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Si negar la realidad y revivir los fantasmas retóricos de los años 70 ya constituye una estrategia sumamente arriesgada, la decisión de señalar con nombre y apellidos a un adversario en particular eleva la tensión a niveles de conflicto abierto. En su afán por encontrar a un arquitecto maestro detrás de todas las calamidades y protestas que azotan al país, la presidenta ha fijado su mirada en el empresario Ricardo Salinas Pliego.
La acusación vertida desde la conferencia matutina es de una gravedad extrema y, al mismo tiempo, de una fragilidad argumentativa que raya en lo absurdo. La presidenta insinuó una conexión directa entre el empresario dueño de Grupo Salinas y los actos de violencia recientes, incluyendo el hallazgo de artefactos explosivos en camiones provenientes de la Normal de Ayotzinapa. ¿Cuáles son las pruebas presentadas por la Jefatura de Estado para sostener tamaña imputación? Según las propias palabras de la mandataria: “No tengo pruebas”.
Esta admisión, que en cualquier democracia madura provocaría un escándalo político mayúsculo y posibles consecuencias legales, se intenta subsanar con un ejercicio de gimnasia mental que la presidenta denomina “sumar uno más uno” y afirmar que “los extremos se juntan”.
El razonamiento presidencial se basa en una declaración previa de Salinas Pliego en la que el empresario criticaba la ineficacia de las protestas pacíficas (como las marchas vestidas de blanco) y sugería que, para lograr cambios frente a un gobierno que no escucha, se necesitaban “acciones más rudas”, mencionando específicamente el concepto de una huelga nacional. A partir de esa opinión —controvertida, dura, pero amparada en la libertad de expresión—, la presidenta traza una línea imaginaria y directa hasta la colocación de explosivos en autobuses y el caos en las calles.
Decir que “este empresario llama a la violencia… y al mismo tiempo encuentran que hay artefactos explosivos en un vehículo, entonces los extremos se juntan” es una falacia de asociación tan burda que insulta la inteligencia del ciudadano. Es el equivalente lógico a decir que, como un ciudadano se quejó del mal servicio de agua en Twitter y ese mismo día se rompió una tubería, entonces el ciudadano bombardeó la infraestructura de la ciudad.
Utilizar el aparato del Estado y la máxima tribuna de comunicación nacional para criminalizar a un individuo sin aportar una sola prueba, basándose únicamente en inferencias caprichosas, es un síntoma claro de un gobierno paranoico y acorralado. Es la búsqueda desesperada de un chivo expiatorio. Al centrar la atención en un villano identificable y poderoso, el gobierno intenta explicar lo inexplicable de su propia incapacidad para mantener el orden y la gobernabilidad. Se busca presentar un relato épico de buenos contra malos, donde el gobierno es la víctima inocente de los multimillonarios conspiradores, eludiendo así el escrutinio sobre su gestión en materia de seguridad, educación e infraestructura.
La Respuesta Ciudadana y el Choque de Realidades
Como era de esperarse, una narrativa tan desconectada de la realidad material que viven millones de mexicanos no ha tardado en encontrar una feroz resistencia, tanto en las redes sociales como en las calles. El discurso de la presidenta ha chocado de frente con un muro de escepticismo, indignación y sátira.
La respuesta en el ecosistema digital ha sido contundente. Voces ciudadanas y líderes de opinión han destrozado la teoría de la conspiración oficial. El comentario de la usuaria de X (antes Twitter) citada en el reporte refleja el sentir de una gran parte de la población: “¿Pues qué bien organiza protestas Ricardo Salinas? Toda la ciudad de México desquiciada, problemas en todos lados, hace enojar a la presidenta por una entrevista y él jugando golf”. Esta ironía encapsula la ridiculez de la premisa gubernamental. La idea de que un solo empresario, desde un campo de golf, tiene la capacidad de coordinar a maestros, madres buscadoras, estudiantes y campesinos en un complot maestro de explosivos y marchas es material para una novela de ciencia ficción, no para un análisis de inteligencia de Estado.
El propio Ricardo Salinas Pliego no tardó en responder con la contundencia que le caracteriza, desnudando la estrategia de distracción del gobierno. En su mensaje, señaló la hipocresía de una administración que, enfrentada a “masacres, inseguridad y el hartazgo de una población” bajo lo que él denominó un “narcorrégimen”, decide que el culpable de todo es un empresario. Esta respuesta pone el dedo en la llaga del verdadero problema de México: el colapso de la seguridad pública y el empoderamiento del crimen organizado, temas que el gobierno prefiere esquivar mientras invierte su capital político en peleas estériles con el sector privado y en negar que la sociedad civil esté agotada.
El Mundial como Espejo de las Vergüenzas Nacionales
En el fondo de toda esta crisis nerviosa que atraviesa el Ejecutivo se encuentra el inminente foco global: la Copa del Mundo. Históricamente, los megaeventos deportivos han servido como una lupa gigante que amplifica tanto las virtudes como los defectos del país anfitrión. Los gobiernos suelen obsesionarse con proyectar una imagen de prosperidad, paz y control absoluto, gastando fortunas en relaciones públicas para ocultar la basura debajo de la alfombra.
El temor de la administración a que el mundo vea a un México fracturado, violento y protestante es lo que está dictando esta agenda de negación. Se nos dice que las protestas están diseñadas “justo en un evento internacional que hemos venido preparando desde hace mucho tiempo”. La preocupación de la mandataria no parece ser que haya mujeres buscando pedazos de hueso en fosas clandestinas, sino que un turista extranjero o un periodista internacional las grabe haciéndolo. La prioridad es la cosmética del poder, no la curación de la herida social.
Este miedo escénico explica decisiones inéditas y profundamente simbólicas, como el hecho de que la presidenta, la jefa del Estado anfitrión, haya decidido ausentarse de la inauguración oficial del Mundial en el mítico Estadio Azteca, e incluso evite presentarse en el Fanfest organizado en la plancha del Zócalo capitalino, literalmente frente al balcón de Palacio Nacional. ¿Por qué la líder de un país que supuestamente vive en paz, sin descontento social y donde “se atiende a todos”, se encierra en su oficina en lugar de celebrar con su pueblo un evento histórico?
La respuesta es evidente: el temor al repudio público. La presidenta sabe, aunque su discurso afirme lo contrario, que las calles no están controladas por un complot de Salinas Pliego, sino por el genuino descontento y la frustración de la gente. Un abucheo masivo y televisado a nivel mundial en el Estadio Azteca —algo que ya han experimentado otros mandatarios en el pasado— sería la demolición absoluta y en vivo de la narrativa de que “no hay descontento social”. El aislamiento voluntario de la mandataria es la confirmación más clara de que la mentira oficial es insostenible fuera de los muros controlados de las conferencias matutinas.
Conclusión: El Peligro de un Gobierno Ciego y Sordo
La situación actual plantea interrogantes muy serias sobre el futuro de la gobernabilidad en México. Cuando un gobierno decide que la realidad es opcional, que la crítica es sinónimo de traición y que la protesta ciudadana es un acto de terrorismo financiado por sus enemigos personales, los cimientos de la democracia comienzan a resquebrajarse.
Criminalizar las manifestaciones y lanzar acusaciones gravísimas sin el respaldo de pruebas empíricas no es solo un acto de irresponsabilidad política; es un ataque directo al Estado de derecho. Si hoy es aceptable que desde la presidencia se culpe a un empresario de poner explosivos basándose en la fórmula de “uno más uno”, mañana puede ser cualquier periodista opositor, cualquier líder sindical rebelde o cualquier ciudadano que alce la voz en redes sociales. La paranoia es un veneno que, una vez introducido en el torrente sanguíneo del poder, no tiene cura fácil y tiende a escalar hacia el autoritarismo.
Negar el dolor y la frustración de las madres buscadoras, de los maestros, de los estudiantes y de los campesinos no hará que sus problemas desaparezcan. Al contrario, la indiferencia y el desprecio oficial solo servirán como gasolina para un incendio social que ya ha comenzado a arder. El pueblo mexicano no es tonto, y por mucha propaganda que se intente desplegar de cara a un torneo de fútbol, la realidad de las masacres, de la extorsión y del colapso de los servicios básicos no se puede ocultar detrás de un balón.
Es imperativo que el liderazgo del país abandone el victimismo, baje al terreno de la realidad y asuma la enorme responsabilidad que le fue conferida en las urnas. Gobernar no consiste en montar una escenografía perfecta para los visitantes internacionales, sino en enfrentar, con valentía y autocrítica, los demonios internos que desgarran a la nación. Mientras el poder siga empeñado en perseguir sombras, atar cabos imaginarios y pelear con enemigos inventados, el verdadero enemigo —la impunidad, la violencia y la desigualdad— seguirá devorando el futuro del país a la vista de todos. El descontento social es real, está en la calle y grita con fuerza. Taparse los oídos no apagará el sonido; solo asegurará que, cuando finalmente se vean obligados a escuchar, el estruendo sea ensordecedor e imparable.
