El clima político y social en México ha alcanzado un punto de ebullición insospechado, marcando un episodio que quedará grabado permanentemente en la memoria reciente del país. Durante la majestuosa inauguración del Mundial en el imponente Estadio Azteca, un suceso imprevisto captó la atención de la nación entera, trascendiendo lo puramente deportivo para convertirse en un certero termómetro del sentir popular. Mientras la afición celebraba con fervor el regreso del evento futbolístico más importante del planeta, las abarrotadas gradas resonaron con un grito unísono, ensordecedor y revelador: “¡Presidente, presidente!”. El destinatario de esta impresionante e inusual ovación no era otro que Ricardo Salinas Pliego, el polémico, carismático y frontal empresario mexicano, dueño de la cadena TV Azteca.
Este episodio en el coloso de Santa Úrsula no solo refleja el cariño, el respeto o la profunda simpatía de un sector muy amplio de la población hacia su figura empresarial, sino que subraya un descontento social palpable, creciente y evidente con el actual rumbo administrativo del país. Al ser cuestionado por diversos medios sobre este apoteósico recibimiento y sobre su visión de la delicada situación actual, Salinas Pliego fue tajante, lúcido y directo en su análisis: “Qué bueno que podemos disfrutar de esto con alegría y con paz. ¿Qué es lo que necesita el país? Paz y unión. Para eso se necesita un gobierno efectivo, no una recua de mentiras e ineptitudes”. Estas contundentes palabras resuenan hoy como un eco profundo en un México altamente polarizado, marcando el inicio de una feroz batalla mediática, social y política que apenas comienza a mostrar sus verdaderas y peligrosas dimensiones en la arena pública.
La respuesta desde los austeros pasillos del Palacio Nacional no se hizo esperar, pero se manifestó de una manera que ha encendido todas las alarmas rojas de los defensores de la democracia y la libertad de expresión a nivel internacional. En un acto verdaderamente sin precedentes en la historia democrática reciente de la nación, la presidenta Claudia Sheinbaum emitió una orden directa y pública a todos los ciudadanos durante su conferencia matutina: “No me gusta lo que estoy viendo en TV Azteca, no me cuadra y, por tanto, les pido no vean TV Azteca”. Esta insólita declaración representa muchísimo más que un simple exabrupto temporal o un momento de frustración política; es una manifestación clara e indiscutible de censura de Estado y una peligrosa señal de autoritarismo puro que busca silenciar la crítica a cualquier precio.
Como bien señala la historia universal del comportamiento social, la prohibición es siempre el mayor de los atractivos p
ara el ser humano. Lejos de apagar la inmensa influencia de la televisora del Ajusco o lograr asustar y silenciar a sus comunicadores, el inaudito y desproporcionado llamado al boicot ha provocado un fenómeno mediático arrollador e imparable: los índices de audiencia de TV Azteca se han disparado literalmente hacia las nubes, batiendo récords de visualización. La gente, movida por la legítima curiosidad ciudadana y por la resistencia natural e instintiva ante cualquier forma de imposición gubernamental, ha decidido sintonizar de forma masiva y deliberada la señal “prohibida” para descubrir qué es exactamente lo que incomoda tanto a la mandataria y a su círculo íntimo de colaboradores. Estratégica y mediáticamente hablando, el tiro les ha salido completamente por la culata.
Este fascinante fenómeno sociológico nos remonta inevitablemente a episodios oscuros del pasado político mexicano, épocas grises en las que el poder presidencial absoluto intentaba asfixiar sistemáticamente a todas las voces críticas. Recordamos el histórico y áspero desencuentro entre el presidente Luis Echeverría y el legendario periodista Julio Scherer, cuando se utilizaron burdamente los sindicatos oficialistas de la época para arrebatar el control del emblemático periódico Excélsior. También vienen a la memoria los fuertes embates del viejo régimen de partido hegemónico contra diarios independientes, utilizando mañosamente el monopolio del papel o bloqueando coercitivamente a los voceadores. Sin embargo, en pleno siglo veintiuno, con la abrumadora inmediatez de la información y la pluralidad incontrolable de las plataformas digitales, intentar tapar el sol con un dedo resulta ser una estrategia no solo lamentablemente obsoleta, sino profundamente contraproducente para el desgaste del propio aparato gubernamental.
Cada vez que un gobernante decide enfrentarse de manera tan frontal, personal y visceral a un medio de comunicación de alcance nacional, a sus experimentados directivos o a un grupo de periodistas en particular, la credibilidad institucional del aparato estatal sufre una fisura que resulta prácticamente irreparable ante los ojos de la opinión pública. Es fundamental entender que la libertad de expresión no es, bajo ninguna circunstancia, un privilegio exclusivo de los acaudalados dueños de los medios ni una concesión graciosa otorgada caprichosamente a los reporteros; es un sagrado derecho inalienable de los ciudadanos para recibir información libre y así formar su propio criterio analítico sin tutelajes estatales.
El peligro real de este creciente y asfixiante autoritarismo no se queda únicamente en meras palabras al viento o regaños matutinos televisados. Existe una gravísima amenaza latente que duerme estratégicamente en los escritorios del poder legislativo y que podría ser despertada y aprobada en cualquier momento por la aplanadora oficialista: la temida reforma a la Ley de Audiencias. Este sombrío proyecto legal representa uno de los retrocesos más brutales y dañinos que podría enfrentar la frágil democracia mexicana, ya que pretende instalar interventores directos del gobierno dentro de las mismas salas de redacción de los medios de comunicación independientes. Estos comisarios tendrían la infame facultad absoluta de analizar, juzgar y sancionar penal y económicamente qué es lo que se puede decir, qué enfoque se debe tomar y qué información confidencial debe permanecer eternamente oculta al escrutinio del público. Esto significaría lisa y llanamente la instauración de un aparato de propaganda estatal obligatorio, una flagrante violación a la libertad de prensa que silenciaría de tajo el pensamiento analítico y crítico en toda la geografía de la nación.
Además de este lamentable intento de boicot y control absoluto del mensaje, el formato general de comunicación gubernamental está mostrando claros e innegables signos de un desgaste prematuro, extremadamente torpe y muy alarmante. Las tradicionales conferencias matutinas, concebidas originalmente como un supuesto y loable ejercicio de transparencia gubernamental y rendición de cuentas, se han transformado rápidamente en una especie de frívolo programa de espectáculos sensacionalista, un “Ventaneando” nacional donde sobra la descalificación personal barata y escasean dramáticamente los reportes sobre soluciones a las verdaderas crisis.
Analistas, periodistas y expertos en comunicación política señalan constantemente que la investidura presidencial parece estar siendo operada a distancia, dictada sin pudor por productores operando en las sombras de Palacio a través de un discreto auricular. En este turbio y opaco contexto, surge inevitablemente el nombre de Jesús Ramírez Cuevas, el misterioso estratega de comunicación señalado con extrema preocupación por agencias de inteligencia internacionales como una figura peligrosamente cercana a aparatos de influencia extranjera, incluyendo el opresivo aparato de inteligencia del régimen cubano (el G2) y sofisticados operadores cibernéticos rusos instalados en la capital. Esta sumisión humillante a un guion externo manipulador explica perfectamente por qué, en repetidas y desconcertantes ocasiones, la administración defiende posturas con una vehemencia irracional un día, solo para verse forzada a intentar recular torpemente al día siguiente frente al rotundo rechazo del público. Es evidente para propios y extraños una preocupante falta de rumbo administrativo, una carencia absoluta de visión de Estado a largo plazo y la ausencia total de un liderazgo auténtico que logre inspirar y cohesionar a una nación que hoy se encuentra profundamente herida por la inseguridad y la falta de crecimiento.
A este desgarrador y sombrío panorama de abierta censura y desgaste discursivo, se suma de forma paralela una indignante ola de monumental hipocresía gubernamental en materia de política de seguridad y defensa de la soberanía nacional. Muy recientemente, un bloque agresivo de legisladores del partido oficialista Morena ha iniciado una furiosa e implacable embestida política y jurídica contra la gobernadora del estado fronterizo de Chihuahua, Maru Campos, exigiendo histéricamente un juicio político en su contra para destituirla del cargo. La acusación central y el motivo esgrimido para su profunda indignación patriótica radica en la presunta participación activa de dos agentes de inteligencia estadounidense (CIA) en un exitoso operativo de seguridad estatal destinado a desmantelar un peligroso laboratorio clandestino del crimen organizado. Los más radicales y vociferantes voceros del oficialismo en la capital califican este acto como un crimen de Estado imperdonable y una intolerable violación a la sagrada soberanía nacional.
Sin embargo, esta aparente indignación selectiva y falso moralismo nacionalista se desmorona de manera bochornosa y ridícula cuando analizamos bajo la lupa del periodismo de investigación las acciones sistemáticas y encubiertas del propio gobierno federal en la mismísima materia. Es en la actualidad de muy amplio dominio público que la administración federal en curso, operando bajo el supuesto mando supremo de la titular del Ejecutivo, ha mantenido durante meses una colaboración estrechísima, constante y fuertemente clasificada con las agencias de inteligencia militar y civil más poderosas de los Estados Unidos. Operativos tácticos de altísimo e histórico perfil, como la muy sonada captura de líderes primordiales del crimen organizado en Tapalpa, Jalisco, o las eficaces acciones de impacto contundente coordinadas en campo por figuras clave de la seguridad nacional como Omar García Harfuch en sinergia total con los altos mandos navales de la Secretaría de Marina, han contado inexorablemente con el sustancial respaldo táctico, logístico y de espionaje del extranjero.
Estas complejas operaciones de élite militar han implicado una indudable coordinación milimétrica con el Comando Norte de los Estados Unidos y han estado directamente apoyadas por continuos vuelos clandestinos de vigilancia con tecnología avanzada de drones sobre el vasto territorio mexicano, todo ello operado en un absoluto mutismo oficial. Incluso, contundentes y recientes filtraciones validadas por cadenas periodísticas internacionales de alto prestigio han dejado al descubierto cómo estas agencias extranjeras asisten operativamente en temas de altísima prioridad, como la prevención activa de terrorismo con coches bomba y la urgente desarticulación estratégica de células criminales con armamento de uso exclusivo militar.
Entonces, la gran pregunta que surge en la opinión pública de manera inevitable, y que expone la gran farsa del discurso oficial, es: ¿Cómo es moral o políticamente posible exigir de manera furibunda la inmediata destitución de una gobernadora de la oposición política por aceptar pragmáticamente una colaboración internacional indispensable en la lucha contra los cárteles locales, cuando el gigantesco aparato del Estado mexicano a nivel federal depende casi de forma exclusiva de estas mismas y poderosas agencias de inteligencia extranjeras para lograr apuntarse sus escasos pero ruidosos triunfos mediáticos en seguridad?
Esta insostenible y flagrante doble moral gubernamental expone de cuerpo entero y sin miramientos la verdadera naturaleza dictatorial de las acusaciones lanzadas desde la tribuna del poder legislativo: no se trata en lo absoluto de defender la abstracta y pisoteada soberanía nacional, sino de utilizar con extremo cinismo a las nobles instituciones del Estado, las leyes vigentes y la retórica nacionalista como destructivas armas arrojadizas diseñadas para asfixiar, amedrentar y aniquilar sin piedad a los adversarios políticos y electorales. Cuando la presidencia de la República, en su rol constitucional ineludible como jefatura máxima de las fuerzas armadas institucionales de la nación, niega repetidamente tener pleno conocimiento de estas gigantescas operaciones binacionales, solo quedan sobre la mesa dos crudas opciones reales. Ambas resultan igualmente aterradoras: o bien se le está mintiendo deliberadamente y sin el menor asomo de vergüenza a toda una nación en una materia tan crítica, o se ha perdido ya por completo la capacidad de control y mando efectivo sobre las corporaciones encargadas de velar por la integridad física de los mexicanos.
En conclusión, la vibrante nación mexicana atraviesa por un callejón y una encrucijada histórica y verdaderamente definitoria, donde se pondrá a prueba la supervivencia misma de sus instituciones civiles. La enfermiza y aplastante concentración del poder fáctico en las garras de un solo movimiento político intolerante, que avasalla cotidianamente en el Congreso, rige implacablemente sobre la vasta mayoría de los estados y estrangula financieramente al poder judicial para dinamitar su autonomía, está sacando a la luz rápidamente su rostro más oscuro, vengativo y dictatorial. Las abiertas tentaciones de silenciar groseramente a la prensa, de lucrar dividiendo con resentimiento a la ciudadanía, y de prostituir la aplicación de la justicia según los humores de Palacio, configuran el diagnóstico clínico de un sistema político en putrefacción que cree, de forma profundamente errónea, que haber ganado una elección es obtener un título nobiliario para abusar eternamente del poder.
La espontánea, ruidosa y monumental ovación ciudadana que hizo vibrar los robustos cimientos del icónico Estadio Azteca no debe ser jamás minimizada por los analistas oficialistas como una simple y colorida anécdota deportiva. Fue, en su esencia más pura, el clamoroso grito de auxilio y de exigencia de un masivo sector poblacional que demanda un urgente alto al odio institucional, exige imperativamente pericia probada en la administración de la crisis y anhela entrañablemente vivir sin miedo. La torpe respuesta autoritaria de la clase política en el poder ante este evidente hartazgo social no puede ser, ni de lejos, la de esconderse cobardemente detrás de ataques a los medios, ni recrudecer la cacería de brujas contra comunicadores críticos e independientes. México es, ha sido y siempre será una tierra inmensamente grande, vibrante, multicultural y con una resistencia inquebrantable frente a las peores adversidades de la historia. La viabilidad de su ansiado futuro democrático, libre de ataduras y cadenas de pensamiento único, radicará absolutamente en el coraje y la valentía de sus habitantes para alzar la voz sin temor, defender celosamente sus derechos fundamentales arrebatados y rechazar, de forma tajante y definitiva, el nauseabundo asomo del absolutismo en pleno amanecer del nuevo siglo.
