Hay instalaciones en México que no aparecen en ningún mapa oficial. Estructuras que el gobierno sabe que existen, que los cárteles saben que existen, que los pescadores que pasan cerca en lancha de madrugada saben que existen, pero que nadie, absolutamente nadie, habla en voz alta. Una de esas instalaciones estaba flotando en aguas de Sinaloa, oxidada por fuera, abandonada en papel y adentro, pues adentro es donde empieza esta historia.
El 14 de marzo de 2024, a las 4:47 de la mañana, cuatro helicópteros Black Hawk de La Sedena despegaron sin luces desde una base naval en el norte de Sinaloa. Iban sin avisar, sin comunicación pública, sin una sola línea en el parte de operaciones que pudiera filtrarse antes del amanecer. Su destino era una plataforma petrolera fuera de servicio anclada a 34 km de la costa en aguas que técnicamente pertenecen a Pemex, pero que desde hace años nadie vigila de verdad.
Lo que encontraron ahí adentro cambió todo lo que los analistas de inteligencia creían saber sobre cómo opera el cártel Jalisco Nueva Generación en el Pacífico Norte. 109 hombres capturados, un elipuerto operativo en la cubierta superior, comunicaciones satelitales activas y algo más, algo que los soldados que entraron primero tardaron un momento en identificar porque nadie los había preparado para verlo ahí.
Pero eso te lo cuento un poco más adelante. Primero necesito que entiendas por qué esta plataforma en ese punto exacto del océano tenía un valor que ningún rancho, ningún túnel, ningún narcolaboratorio en tierra podía reemplazar. Fíjate bien en esto, porque aquí empieza todo. El Golfo de California lleva décadas siendo una autopista de droga.
sferencia en islas menores prácticamente deshabitadas y la plataforma UEC7 como nodo central de toda la red.
La lógica es brutal en su eficiencia. Si no peleas por los municipios en tierra, no tienes que poner sicarios en cada esquina ni corromper a cada presidente municipal. Solo necesitas controlar los puntos de conexión en el mar y desde ahí manejas el flujo de producto sin rozte con el cártel de Sinaloa.
O sea, el Jalisco básicamente montó una operación paralela que coexistía con el mayo y los chapitos sin que ninguno de los dos bandos tuviera que darse de balazos directamente en esa franja, por lo menos de manera abierta. y durante casi 3 años funcionó. Hay que entender cuánto dinero mueve esa ruta para entender por qué valía tanto la pena invertir en una plataforma.
Según estimaciones de la DEA que circularon en un informe clasificado cuyas conclusiones generales fueron publicadas parcialmente en 2023, el corredor marítimo del Pacífico Norte, el que va de los puertos sinaloenses hacia Baja California y de ahí cruza hacia California y Arizona, mueve entre 800 millones y 100 millones de dólares anuales en fentanilo y metanfetaminas.
Ese es el valor de mercado en destino en las calles de San Diego, Phoenix y Los Ángeles. El costo de producción y de logística para el cártel es una fracción de eso. La rentabilidad de ese corredor es este es difícil de exagerar con esos números encima de la mesa. Invertir 3 años y varios millones de dólares en acondicionar una plataforma offshore como base de operaciones marítimas no es un lujo. Es infraestructura crítica.
Es la diferencia entre una operación que puede interrumpirse con un solo decomiso en tierra y una operación distribuida que puede perder un nodo sin que el flujo total del corredor se detenga. Alguien en el CJNG pensó en eso con la cabeza fría de un gerente de logística, no con la mentalidad de un pistolero que actúa por impulso.
Y eso, que lo diré con toda claridad, es lo que hace a este cártel genuinamente peligroso en un sentido que va más allá de su capacidad de violencia. Ahora, la inteligencia que llevó a La Sedena hasta la UEC7 no vino de una sola fuente, vino de una acumulación de datos que tardó 14 meses en construirse.
El primer hilo lo jaló un análisis de tráfico satelital que hizo la Agencia de Inteligencia de la Defensa Americana, la Día, en colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia Mexicano. Detectaron patrones de comunicación anómalos que provenían de un punto fijo en las coordenadas donde estaba anclada la plataforma.
No eran comunicaciones de celular que se pueden rastrear relativamente fácil. eran transmisiones de radiofrecuencia encriptada del tipo que usan las embarcaciones militares y resulta que también los grupos de crimen organizado con acceso a equipos de comunicación de alta gama robados o adquiridos en el mercado negro de equipo militar centroamericano.
El segundo hilo fue el contador. Este señor, cuyo nombre real no voy a mencionar porque está bajo protección, trabajaba para una empresa de logística marítima con sede en Culiacán, una empresa que en el papel se dedicaba al mantenimiento de infraestructura costera y al transporte de suministros para plataformas en el Golfo de California y que en la práctica pues ya se imaginan.
Según su declaración, él procesaba pagos para el mantenimiento de la UE7 desde 2021. Pagos que salían de cuentas en Panamá pasaban por una empresa fantasma en Guatemala y llegaban a proveedores registrados en Mazatlán, generadores de electricidad marca Caterpillar de 150 kW, sistemas de filtración de agua con capacidad para 200 personas diarias, antenas satelitales iridium de doble banda, alimentos no perecederos en volúmenes industriales, arroz, frijol, sardinas en lata, proteína en polvo, suficiente para alimentar a más de 100
personas durante 4 meses sin reabastecer. Todo documentado, todo con factura, todo aparentemente legal. Si no sabías para qué era, fíjate en eso. El CJNG no improvisó la logística de la plataforma. Alguien conocimientos serios de finanzas offshore, de logística industrial y de operaciones de abastecimiento en zonas remotas, diseñó una estructura que podía sostenerse durante años sin levantar alarmas inmediatas en los sistemas convencionales de fiscalización.
Eso dice mucho sobre cómo ha evolucionado este cártel desde los tiempos en que era conocido solo por su violencia espectacular en videos de redes sociales. Y aquí déjame hacer una pausa porque hay algo que quiero que tengas en mente mientras te cuento lo que sigue. Entraste a este video porque el título hablaba de 109 narcos capturados y un helipuerto.
Y sí, eso es real, eso está confirmado en los comunicados oficiales. Pero hay un tercer elemento en ese operativo que no salió en ningún comunicado oficial con toda su dimensión. Algo que los 109 detenidos llevaban consigo o más bien algo que los soldados encontraron en una sección específica de la plataforma que no estaba en los planos que tenía la Sedena cuando entró.
Ese elemento es el que cambia la lectura de todo lo demás. Ya casi llegamos ahí. Volvamos al operativo. La noche del 13 de marzo, el general brigadier Roberto Salinas Torres, jefe del operativo que La Cedena, bautizó internamente como operación marea gris, dio la orden de movilización a las 22:00 horas desde el centro de mando de la tercera región militar en Mazatlán.
Cuatro Black Hawk equipados con sistemas de visión nocturna, FLIR, dos lanchas interceptor de la marina con equipos de buceo a bordo para cubrir las salidas de emergencia por agua. y un grupo de 34 elementos del grupo aeromóvil de fuerzas especiales, los famosos gafes, que iban a ser los primeros en entrar a la estructura.
El plan contemplaba dos escenarios. Escenario A, resistencia armada activa con posibilidad de francotiradores en las posiciones altas de la plataforma, uso de explosivos para negar acceso y posiblemente entre 20 y 40 minutos de combate antes de asegurar el perímetro. Escenario B. Rendición rápida ante la sorpresa del asalto nocturno con resistencia mínima de los custodios, Salinas Torres preparó todo para el escenario A.
Munición, rutas de extracción, unidades médicas de emergencia posicionadas a 8 km. Lo que encontraron fue algo entre los dos. Y ni los más veteranos de los gafes que entraron esa mañana recuerdan haber visto algo igual. Cuando los Black Hawk llegaron al punto de sobrevuelo a las 4:47 de la mañana, los operadores de los sistemas de visión nocturna identificaron actividad en la cubierta superior de la plataforma.
Había centinelas, al menos seis personas con armas largas en posiciones distribuidas alrededor del elipuerto. Eso confirmaba que la inteligencia era buena, que la plataforma estaba habitada con protección perimetral activa y que la operación iba a requerir el protocolo de fuerza máxima. Lo que no esperaban era que uno de los centinelas, un muchacho que más tarde resultó ser de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, de 22 años, con apenas 8 meses trabajando para el CJNG, según su propia declaración, vio el perfil de los cuatro helicópteros
militares contra el cielo de madrugada y tomó una decisión que probablemente le salvó la vida a él y a muchos de los que estaban adentro. tiró el rifle al mar, levantó las manos y se quedó parado, visible, iluminado por las luces tácticas de los helicópteros. Ese gesto lo vieron los operadores de Visión nocturna en tiempo real.
El comandante del primer Black Hawk lo reportó por radio y en los 40 segundos siguientes, uno a uno, los otros cinco centinelas de la cubierta superior hicieron exactamente lo mismo, armados en su posición y eligieron no disparar. Eran las 4:49 de la mañana. Los gafes descendieron en cuerdas antes de que amaneciera.
Lo que encontraron al entrar a los niveles inferiores de la plataforma no fue lo que los informes de inteligencia habían proyectado. Los analistas esperaban un punto de transferencia operado por rotaciones semanales, básicamente un almacén con capacidad para unas pocas docenas de personas que entraban con un cargamento, lo procesaban y salían.
Lo que había en la UE7 era mucho más elaborado. Era una instalación permanente, una base en el sentido más operativo del término. Había tres niveles habitables acondicionados con trabajos de remodelación que los ingenieros militares que entraron después estimaron en al menos 18 meses de trabajo constante.
el nivel superior, que originalmente era la sala de control de perforación con sus paneles y sus consolas de operación, estaba convertido en centro de comunicaciones. Cuatro estaciones con equipos de radio satelital Iridium de última generación, laptops encriptadas con software que los técnicos de la Sedena todavía están analizando y lo que los especialistas identificaron en las primeras horas como un sistema de monitoreo de frecuencias de la Marina Mexicana y de la Guardia Nacional.
O sea, los de la plataforma podían escuchar las comunicaciones internas de las instituciones de seguridad del Estado en tiempo real y con suficiente calidad para anticipar movimientos operativos. Eso no se improvisa, eso no se compra en Amazon ni se descarga de internet. Eso llega con apoyo técnico especializado que viene de algún lugar.
El nivel intermedio era dormitorios, 44 literas metálicas en espacios que originalmente eran salas de máquinas. Ahora con paredes de triplay reforzado, iluminación LED led de batería y un sistema de ventilación improvisado pero funcional. Duchas con agua caliente gracias a un calentador solar industrial montado en la cubierta exterior.
Una cocina industrial con estufa de gas y capacidad para alimentar a 100 personas en dos turnos. Un área que funcionaba como enfermería básica con medicamentos, material de curación y esto me sorprendió. Dos desfibriladores de uso médico. Alguien pensó en la posibilidad de que a alguien le diera un infarto ahí adentro.
Eso es planificación de largo plazo. Eso no es mentalidad de campamento temporal. y un cuarto pequeño al fondo del corredor del nivel intermedio, cerrado con candado doble y con marcas en la puerta que los soldados interpretaron inicialmente como señales de mantenimiento, pero que más tarde resultaron ser algo muy diferente. Cuando abrieron ese cuarto encontraron 12 personas y en ese momento el operativo que ya era importante se convirtió en algo completamente distinto.
Pero antes de llegar ahí, déjame contarte qué pasó con los 109 detenidos, porque ese número tiene una historia dentro de la historia que vale la pena entender bien. Cuando se habla de una captura masiva como esta, la tendencia es leerla como un solo bloque. 109 narcos. Pero cuando la Sedena procesó las detenciones en las horas siguientes al operativo, lo que encontró fue una estructura organizacional muy específica y reveladora sobre cómo funciona el CJNG en sus operaciones de mayor sofisticación.
De los 109 capturados, 17 eran lo que en la jerga de inteligencia se llaman operadores de alto valor, personas con conocimiento directo de las rutas, los contactos en puertos, los calendarios de movimiento de cargamentos y los sistemas financieros que sostienen la operación. Entre ellos tres individuos que no portaban identificación alguna, pero que los sistemas biométricos de La Sedena cruzaron en las primeras horas con registros de la DEA y del FBI, un sujeto conocido operacionalmente como el tiburón, cuyo nombre legal es Bernardo Fuentes Gálvez, originario de Outlán de
Navarro, Jalisco, de 38 años, que estaba en la lista de los 15 objetivos prioritarios del CJE en el Pacífico y que tenía cargos pendientes en una corte federal de San Diego desde 2021 y dos de sus operadores de logística marítima, ambos con antecedentes criminales en Colombia y que ingresaron a México con documentos falsos por el aeropuerto de Guadalajara en septiembre de 2023.
Los colombianos son un dato que el gobierno mexicano no ha querido ampliar públicamente y entiendo por qué. La presencia de operadores logísticos de nacionalidad colombiana con experiencia en tráfico marítimo dentro de una instalación del CJNG en aguas mexicanas tiene implicaciones diplomáticas y operativas que van mucho más allá de este caso individual.
Los 92 restantes se dividían en tres categorías claramente diferenciadas, vigías y custodios armados, que eran la mayoría de los capturados en la cubierta y los niveles superiores. personal técnico de las comunicaciones, ocho personas con conocimiento especializado de los equipos satelitales y un grupo de 23 personas que al momento de la captura estaban reunidas en el nivel inferior de la plataforma, en lo que según sus propias declaraciones iniciales era una sesión de instrucción técnica a las 5 de la mañana en una plataforma petrolera en el Golfo de
California. instrucción técnica en lo que exactamente eso mira todavía está siendo investigado con detalle, pero hay información que ya salió de los primeros análisis. Varios de los 23 hombres tenían en su poder materiales impresos, manuales técnicos y planos esquemáticos que los especialistas de La Sedena identificaron como documentación relacionada con el diseño y operación de sistemas de navegación submarina autónoma.
Drones, no drones aéreos de los que todo el mundo conoce. Drones subacuáticos. Vehículos no tripulados de propulsión eléctrica capaces de operar a profundidades de 30 a 50 m por debajo del alcance de los sonares convencionales de la Marina, transportando cargamentos sellados herméticamente de hasta 200 kg. El CJNG lleva según la inteligencia disponible al menos 2 años desarrollando capacidad de transporte de cargamentos mediante este tipo de sistemas y la plataforma UEC7 según lo que encontraron esa mañana era parte activa de ese programa de
desarrollo. Ahí está la primera capa de lo que el gobierno no quería que se supiera en su totalidad, pero aguanta porque hay más. Y lo que encontraron en el cuarto cerrado con doble candado es lo que realmente lo cambia todo. Cuando los soldados abrieron ese cuarto en el nivel intermedio, encontraron 12 personas, 12 hombres en condiciones de detención, no de trabajo, no de descanso voluntario, esposas improvisadas con cable de acero, colchonetas en el piso de metal, bidones de agua y latas de atún apiladas en una esquina. señales
físicas visibles de haber estado ahí varios días como mínimo. Todos mexicanos, todos con documentos de identidad que estaban guardados separadamente en una bolsa de plástico al lado de la puerta. El soldado que abrió esa puerta era un sargento del gafe con 11 años de servicio. Según el testimonio recogido internamente, cuando encendió la linterna táctica y vio lo que había en el cuarto, tardó 3 segundos en hablar por radio.
3 segundos que en una operación activa son una eternidad. Lo que dijo fue simplemente, aquí hay personas retenidas. Repito, personas retenidas. Necesito asistencia médica en el nivel intermedio. Esa transmisión cambió toda la dinámica del operativo en tiempo real. Los gafes que estaban asegurando los otros niveles recibieron la orden de cambiar el protocolo de búsqueda.
Ahora no solo buscaban armamento y evidencia, buscaban posibles retenidos en cada espacio cerrado de la plataforma. Tardaron otras dos horas en certificar que no había más personas ocultas en otras secciones de la estructura. Ocho de ellos eran marinos, elementos de la Secretaría de Marina Mexicana que habían sido reportados como desaparecidos en ejercicio de sus funciones en distintas fechas entre enero y marzo de 2024.
Sus familias los estaban buscando activamente. La Marina tenía investigaciones abiertas que iban en otras direcciones con teorías sobre accidentes marítimos, sobre desciones, sobre una docena de posibilidades que ninguna apuntaba hacia una plataforma petrolera abandonada en el Golfo de California.
Estaban ahí vivos, golpeados, pero vivos. Los otros cuatro eran civiles, tres pescadores de Ajome, municipio en el norte de Sinaloa, que habían desaparecido en distintas fechas durante salidas de pesca nocturnas en los tres meses anteriores. Sus familias habían denunciado ante el MP con el resultado habitual en este tipo de casos.
Un expediente abierto y ningún avance real. Y el cuarto civil era un ingeniero de mantenimiento que Pemex había contratado como parte de una revisión externa en diciembre de 2023, cuando alguien en la burocracia de la empresa estatal finalmente notó que llevaban años sin mandar a nadie a verificar el estado físico de la US7. El ingeniero, cuyo nombre es Carlos Herrera Villanueva, de 51 años, originario de Ciudad del Carmen, Campeche, zarpó de Mazatlán el 4 de diciembre de 2023 en una embarcación contratada por Pemex y nunca llegó a su destino ni volvió a su
hotel. 12 personas secuestradas retenidas en el mar, en una plataforma federal, a 34 km de la costa y nadie las estaba buscando ahí. Eso es lo que no salió completo en los comunicados oficiales, la captura de los 109, el elipuerto, el centro de comunicaciones. Eso sí se reportó con cierto detalle. Lo de los secuestrados.
El gobierno tardó más de 2 semanas en confirmar esa parte públicamente y solo lo hizo después de que los familiares de al menos tres de los marineros empezaron a hacer preguntas en redes sociales con suficiente ruido, como para que periodistas de Sinaloa y de la CDMX comenzaran a hacer llamadas incómodas a los voceros de La Sedena y de la Marina.
La decisión de no divulgar ese dato de inmediato fue política. No hay otra lectura posible. Ocho elementos activos de la Marina Mexicana secuestrados y retenidos durante semanas en una instalación del CJNG, mientras sus propias instituciones los buscaban en el lugar equivocado, dice cosas muy incómodas sobre el nivel de inteligencia operativa de la Secretaría de Marina.
Dice que durante meses, mientras sus propios hombres estaban cautivos en el mar a pocas decenas de kilómetros de la costa, la institución no tenía la menor idea de lo que estaba pasando en sus propias aguas jurisdiccionales. Y eso es una falla que duele. Una falla que tiene nombres y apellidos en los escalafones de mando de la marina y que nadie está rindiendo cuentas de forma pública.
Ahora que ya tienes el cuadro completo, déjame decirte lo que esto significa de verdad. El operativo en la US7 es importante. La captura de 109 personas, incluyendo a El Tiburón y sus operadores colombianos, es un golpe táctico real para las operaciones marítimas del CJNG en el Pacífico Norte. Los 17 operadores de alto valor detenidos representan una pérdida de memoria operativa y de redes de contacto que al cártel le va a costar tiempo y dinero reconstruir.
No voy a minimizarlo, pero hay tres cosas que este operativo revela que deberían preocuparnos más que la captura en sí misma y que están recibiendo mucha menos atención de la que merecen. La primera es la capacidad de infraestructura del CJE. Este cártel no opera ya como una banda criminal tradicional con una cadena de mando vertical y tácticas simples, lo que montaron en esa plataforma con comunicaciones satelitales encriptadas, monitoreo de frecuencias militares, personal técnico especializado, logística de abastecimiento sostenida
durante 3 años y un programa activo de desarrollo de drones subacuáticos. Eso es una operación con un nivel de sofisticación que se aproxima al de algunas organizaciones paramilitares latinoamericanas con décadas de experiencia. El dinero que cuesta sostener eso no viene de vender droga al menudeo en las esquinas de Guadalajara.
Viene de estructuras financieras con múltiples capas de encubrimiento, con operadores especializados en lavado internacional, con cuentas en jurisdicciones donde el rastreo de activos es deliberadamente difícil. La segunda es la vulnerabilidad del Estado mexicano en sus propias instalaciones federales. La U7 era un activo de Pemex.
La empresa estatal tenía la responsabilidad legal de mantenerla bajo custodia, de certificar su estado físico periódicamente, de reportar cualquier actividad anómala en sus cercanías. El hecho de que un cártel pudiera ocupar esa plataforma durante al menos 3 años, instalar equipos permanentes, mantener una población flotante de más de 100 personas y operar un elipuerto activo sin que ninguna autoridad lo detectara de forma independiente.
Eso es una pregunta que alguien le debería estar haciendo a los directivos de Pemex con mucha más urgencia de la que se le está dedicando ahora mismo en las comisiones del Congreso. El subgerente Osuna Méndez, que firmó reportes falsos, no actuó solo. Esta clase de negligencia institucional requiere muchos Ozuna Méndez a distintos niveles.
Fíjate en la matemática de esto. Si la plataforma estuvo ocupada desde aproximadamente 2021 y el operativo ocurrió en marzo de 2024, estamos hablando de 36 meses de operación. Durante esos 36 meses hubo al menos 12 inspecciones administrativas de papel que marcaron el activo como sin novedad. 12 momentos en que alguien firmó un documento diciendo que todo estaba bien con una instalación federal que tenía más de 100 personas viviendo adentro y un elipuerto funcionando en la cubierta.
Si alguna de esas firmas fue genuina, quiere decir que el inspector ni siquiera fue a la plataforma. Si alguna de esas firmas fue intencional, quiere decir que alguien dentro de Pemex estaba activamente encubriendo la situación. Ninguna de las dos opciones es tranquilizadora y esa es exactamente la clase de pregunta que los directivos de Pemex y los responsables de la función pública tienen que responder no en privado con sus abogados, sino en audiencia pública frente a los diputados que se supone representan a los ciudadanos que pagan esa empresa con sus
impuestos. Y la tercera, la que más tiempo me lleva a pensar cuando me detengo en este caso, es lo de los drones subacuáticos. Si los manuales y planos que tenían los 23 hombres en sesión de instrucción son lo que los analistas creen que son, el CJNG está desarrollando capacidad de transporte de cargamentos que opera por debajo de los sistemas de detección actuales de la Marina Mexicana y de los activos de la DEA en el Golfo de California.
Los semisumergibles ya eran un problema suficientemente serio para las autoridades en el Pacífico colombiano y en el Caribe. Los narcosergibles artesanales que capturan cada tanto en las costas del Ecuador y de Costa Rica representan decenas de millones de dólares en cargamentos que se mueven sin detección.
Un cártel mexicano con drones submarinos autónomos y operativos capaces de hacer el recorrido de un punto de carga a un punto de descarga sin tripulación humana. expuesta. Eso es una capacidad que cambia la ecuación de forma fundamental y ningún gobierno de la región está preparado para enfrentarla con los recursos y la tecnología que tiene hoy.
Aquí está la pregunta que nadie se está haciendo en los medios de comunicación nacionales con la profundidad que merece. Si el CJNG necesitó una plataforma en el litoral sinaloense para desarrollar y probar esta tecnología, ¿cuántas instalaciones similares existen? Pemex tiene más de 40 estructuras offshore declaradas inactivas en sus registros.
Algunas en el Golfo de México, algunas en Aguas de Campeche, algunas en el Pacífico Sur, cerca de Oaxaca y Guerrero. Plataformas, muelles carga, instalaciones de almacenamiento submarino que llevan años fuera de operación comercial y que en el papel siguen siendo activos federales bajo custodia de la empresa estatal.
¿Alguien ha ido a verificar físicamente el estado de cada una de esas instalaciones en los últimos 5 años? Los registros administrativos que están disponibles para consulta pública sugieren que no. O mejor dicho, hay reportes de inspección con fechas recientes, pero esos reportes tienen inconsistencias que los propios auditores del Congreso señalaron en un informe de 2023 que circuló con poca atención mediática.
Fechas que no cuadran, firmas de inspectores que ese mismo día estaban registrados en instalaciones a cientos de kilómetros de distancia. El patrón que tuvo el subgerente Osuna Méndez con la UEC7 no parece ser un caso aislado, parece ser un síntoma. Eso en cualquier país con instituciones que funcionen desencadena una auditoría masiva de todos los activos offshore del estado.
Aquí lo llamamos un expediente más en el Ministerio Público y seguimos adelante. Las 12 personas que estaban encerradas en ese cuarto volvieron con sus familias. Los ocho marineros recuperados están en proceso de atención médica y evaluación psicológica en instalaciones de la Secretaría de Marina. Según información que llegó de forma indirecta, al menos tres de ellos fueron retenidos porque presenciaron movimientos de cargamentos de la plataforma y el CJNG decidió que era más conveniente mantenerlos cautivos que dejarlos ir con esa información.
La interrogante que sus mandos tienen que responder y que hasta donde sé todavía no tienen respuesta oficial es cómo fue que esos elementos terminaron en posición de ser capturados por el CJE en plena operación de vigilancia marítima. Las tres familias de los pescadores de Ajome, que llevaban semanas sin saber nada, todavía están digiriendo lo que pasó.
Uno de los pescadores dio una breve entrevista a un periodista local de los Mochis a principios de abril en la que dijo que durante su tiempo en la plataforma lo trataron más o menos bien, pero que nunca supo si lo iban a dejar salir. El ingeniero Carlos Herrera Villanueva dio una entrevista a un medio local de Mazatlán y dijo con una precisión que a mí me pareció muy elocuente, que lo único que quería era no volver a hablar del tema. Lo entiendo perfectamente.
El tiburón Bernardo Fuentes Gálvez fue trasladado a un penal federal de alta seguridad dentro de las 48 horas siguientes al operativo. Sus dos colaboradores colombianos están en proceso de extradición, aunque ese proceso, como sabe perfectamente cualquiera que haya seguido casos anteriores de este tipo, puede tardar entre 18 meses y varios años, dependiendo de cuántos recursos jurídicos interpongan y de cuánta presión apliquen sus contactos en Colombia y en México.
Los otros 106 detenidos están distribuidos en penales de Sinaloa y Nayarit y sus abogados ya empezaron el trabajo de amparo. Algunos de esos amparos van a prosperar. Eso no es cinismo, es simplemente el funcionamiento del sistema jurídico en situaciones donde la captura ocurre en circunstancias técnicamente complejas, como es una operación nocturna en aguas jurisdiccionales en una instalación cuyo estatuto legal es ambiguo.
¿Qué sigue para el CJNG en el Pacífico Norte? Perder la U S7 duele tácticamente, pero el Jalisco no va a retroceder de esa franja marítima por una sola captura, por más grande que sea, ya lo hemos visto con claridad en los 3 años anteriores. El patrón de este cártel ante los golpes operativos es absorber la pérdida, reorganizar en semanas con una estructura diferente y más descentralizada y volver a operar reduciendo la concentración de personal y de activos en puntos únicos.
La lección que se llevan de la US7 es la misma que se llevaron de los operativos de Jalisco y de Guanajuato. No pongas demasiado en un mismo lugar porque un solo soplo puede tirarte todo. El cártel de Sinaloa va a aprovechar el momento. Eso es certero. Cuando el Jalisco pierde 109 hombres de una sola vez, incluyendo operadores de alto valor como el tiburón con su red de contactos portuarios, hay un periodo de vulnerabilidad que los operadores rivales identifican y explotan.
Probablemente ya hay movimientos en los puertos de Mazatlán, Topolobampo y Los Mochis que las autoridades están registrando en tiempo real. Probablemente ya hay conversaciones entre líderes del cártel de Sinaloa sobre cómo llenar el espacio que dejó el Jalisco en las rutas marítimas donde coexistían sin conflicto abierto.
Si esa coexistencia tácita se rompe, las consecuencias para las comunidades costeras de Sinaloa van a ser muy concretas y muy dolorosas. Para los pescadores de la costa sinaloense, esto cambia algo y no cambia nada al mismo tiempo. El miedo cotidiano de salir a trabajar en aguas donde grupos armados operan libremente no desaparece porque hayan capturado a 109 personas en una plataforma específica.
Los pescadores de Ajome, que vieron como uno de sus compañeros desaparecía en diciembre siguen saliendo a trabajar antes del amanecer porque no tienen otra opción económica. La captura del tiburón no les devuelve los meses de angustia, no resuelve la pregunta de si la próxima vez van a tener la misma suerte de encontrarse vivos.
Yo no tengo respuestas fáciles para lo que viene. Lo que sí sé es que esta historia tiene más capítulos por delante y que varios de ellos van a ser incómodos para instituciones que hoy prefieren centrar el relato en el éxito del operativo y no en las preguntas que ese operativo deja sin respuesta.
El proceso judicial de los 109 detenidos va a ser largo y va a tener sorpresas. La investigación sobre los drones subacuáticos va a reaparecer en algún momento porque si una plataforma tenía ese material de instrucción es porque el CJNG ya tiene avances en ese desarrollo que no se pierden. Aunque hayas capturado a los instructores.
El conocimiento ya está en otro lugar. El programa sigue y el tema de las plataformas e instalaciones offshore de Pemex va a seguir siendo un hueco de seguridad real hasta que alguien decida que vale la pena cerrarlo de forma sistemática. Eso requiere presupuesto para inspecciones físicas periódicas, requiere personal dedicado, requiere voluntad institucional para enfrentar lo que se podría encontrar en esas inspecciones, que tal vez no siempre va a ser tan conveniente políticamente.
Las tres cosas tienden a escasear al mismo tiempo cuando más se necesitan. Entonces, mira, te dejo con esto. 12 personas estuvieron secuestradas en una plataforma petrolera federal en aguas mexicanas que lleva años sin vigilancia real. Ocho de ellas eran trabajadores del Estado mexicano que ese mismo estado no supo encontrar durante semanas mientras los tenían a 34 km de la costa.
¿Qué te dice eso sobre la capacidad de un gobierno para proteger a quienes trabajan para él? Y si el gobierno no puede proteger a sus propios elementos en sus propias aguas, ¿qué podemos esperar razonablemente para los civiles que viven y trabajan en esas comunidades? Y si esa plataforma estuvo ocupada durante 3 años sin que nadie lo supiera de forma independiente, sin que ningún sistema de vigilancia del Estado lo detectara por sus propios medios, ¿cuántas cosas más están pasando en lugares que están en los libros como activos federales, pero que físicamente
nadie ha visitado en mucho tiempo? Esas preguntas no tienen respuesta fácil, pero son las que vale la pena hacerse en voz alta. ¿Qué es exactamente lo que muy poca gente está dispuesta a hacer? Cuéntame en los comentarios lo que piensas. ¿Crees que el gobierno debería hacer un inventario físico de todas las instalaciones federales inactivas en zonas marítimas? ¿O ya para qué si llega siempre tard? ¿Y qué opinas de los ocho marineros secuestrados de la forma en que se manejó la información? Quiero leer tu perspectiva. Si este video te
abrió los ojos en algo, el like ayuda más de lo que crees para que llegue a más gente. Suscríbete y activa la campanita porque en los próximos días vengo con el seguimiento de este caso. Hay un hilo financiero en este operativo que conecta las cuentas en Panamá con dos empresas en Guatemala y con un nombre que aparece en los registros de importación de equipo de telecomunicaciones en el aeropuerto de Guadalajara.
Eso todavía no lo ha publicado nadie y viene pronto. Hasta la próxima. Antes de cerrar, una cosa más que no quiero dejar pasar. Hubo un momento en este operativo que no aparece en ningún comunicado oficial y que me parece, bueno, me parece significativo de una manera difícil de articular. Cuando los 12 retenidos salieron del cuarto y vieron a los gafes, uno de los marineros, el de mayor rango entre los ocho, dio media vuelta y volvió a entrar al cuarto.
Los soldados creyeron que se había desorientado. Cuando lo siguieron, lo encontraron parado frente a una pared donde alguien había trazado con lo que parecía ser una tachuela o un clavo, una serie de marcas verticales. Las marcas de quien cuenta los días sin saber si los días van a acabar. Según quien me contó esto, había 73 marcas.
El marinero estuvo 73 días en ese cuarto y ni su familia ni su institución supieron dónde estaba durante ninguno de esos 73 días. Eso es todo lo que tengo que decir sobre la efectividad del aparato de seguridad del Estado mexicano para proteger a sus propios. El resto lo saca cada quien. Yeah.
