El 5 de junio de 2009 quedó marcado con fuego y cenizas en la memoria colectiva de México. Aquel viernes de verano, la ciudad de Hermosillo, Sonora, se convirtió en el escenario de uno de los episodios más desgarradores, indignantes y crueles de la historia contemporánea del país: el incendio de la Guardería ABC. La tragedia cobró la vida de veinticinco niñas y mueron veinticuatro niños, un total de cuarenta y nueve pequeños menores de cuatro años que no lograron sobrevivir al humo tóxico y a las llamas. Además, cerca de cien niños resultaron con lesiones y secuelas físicas severas. Hoy, a más de dieciséis años del siniestro, las heridas emocionales de las familias permanecen completamente abiertas, alimentadas por un sistema judicial que ha sido incapaz de otorgar una justicia plena y por la dolorosa certeza de que la corrupción estatal convirtió una estancia infantil en una trampa mortal.
En una reciente y conmovedora entrevista para el espacio “Criminalmente”, Julio César Márquez, padre del pequeño Julio César Márquez Báez, a quien llamaban cariñosamente “Yeyé”, abrió su corazón para narrar desde su propia perspectiva cómo se vivió aquella jornada infernal, el calvario posterior para identificar los restos de su hijo y la incansable lucha social que emprendieron los padres para evitar que el olvido cubra la memoria de las víctimas. Su testimonio no solo refresca el horror de lo sucedido, sino que desnuda las fallas estructurales, los pactos de impunidad y el dolor crónico con el que coexisten los sobrevivientes y los deudos.
Una rutina de amor interrumpida por la negligencia
Para la familia de Julio César, aquel 5 de junio comenzó como cualquier otro día dentro de una rutina perfectamente establecida y colmada de afecto. El pequeño Yeyé, de apenas dos años y nueve meses, acudía feliz a la estancia junto a sus hermanos mayores que asistían a sus respectivos colegios. Ese viernes era un día especial en la guardería; el personal había programado una jornada libre donde los niños verían películas y convivirían en un ambiente festivo. Julio César recuerda con precisión que su hijo le pidió llevar palomitas de maíz para el almuerzo. Sería el único niño en llevar ese bocadillo, compartiéndolo alegremente con sus compañeros de sala, un detalle que la maestra del menor le confirmaría días después en medio del luto.
Habitualmente, Julio César recogía a su hijo antes de la hora de la siesta, la cual transcurría entre las dos y las tres de la tarde. Sin embargo, ese día, junto a su esposa Estela, tomaron la decisión de permitir que el niño durmiera su siesta completa para pasar por él un poco más tarde, alrededor de las tres de la tarde. El destino y las pésimas condiciones del inmueble cambiaron los planes para siempre. Mientras Julio César se encontraba atendiendo asuntos de su negocio de transporte, recibió una llamada de Estela que alteró la tranquilidad: una densa columna de humo negro se levantaba en las inmediaciones de la guardería y el tráfico de la zona estaba colapsado. Minutos después, una segunda llamada desesperada confirmó el peor escenario posible: “Es en la guardería. Deja todo y vente por favor”.
Al llegar a la zona, el caos era absoluto. El incendio se había originado alrededor de las dos y cuarenta y cinco de la tarde en una bodega contigua propiedad de la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado de Sonora, donde se almacenaban toneladas de placas vehiculares y archivos documentales. El fuego se propagó rápidamente hacia la guardería a través del techo, el cual contaba con un aislamiento de poliuretano y un toldo de plástico tipo circo altamente inflamable. En cuestión de minutos, una lluvia de fuego y densos gases de monóxido de carbono invadieron las salas donde el noventa por ciento de los niños dormían plácidamente.
El descenso al horror y la búsqueda desesperada
Julio César tuvo que conducir en sentido contrario y sortear camellones para acercarse al lugar. Los últimos cuatrocientos metros los recorrió a pie, encontrando una escena de crimen resguardada por fuerzas policiales, bomberos y militares. Para ese momento, un ciudadano heroico llamado Francisco, conocido como “Franky”, ya había estrellado su camioneta en reversa contra las paredes de la estancia para abrir boquetes que permitieran la evacuación, dado que el lugar carecía de salidas de emergencia adecuadas y las puertas abrían hacia adentro.
Las autoridades informaron a Julio César que los niños ya habían sido desalojados y trasladados a una vivienda contigua que funcionaba como centro de acopio temporal. Al ingresar a ese espacio, se topó con decenas de infantes con los rostros tiznados de hollín, algunos llorando en crisis histérica y otros sumidos en un silencio pavoroso. Tras buscar detalladamente en dos ocasiones, no localizó a Yeyé. La dolorosa peregrinación continuó por los hospitales de Hermosillo.
Las horas transcurrieron en el comedor de un hospital privado, en un ambiente cargado de incertidumbre y gritos de dolor de otras familias que recibían noticias fatídicas. Cerca de las diez de la noche, un portavoz oficial anunció a la multitud que había más de una veintena de cuerpos sin vida trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para su identificación. El estómago hecho nudo y el corazón encogido marcaron el traslado de Julio César y Estela hacia la morgue general. Frente a una pantalla de computadora, revisaron las fotografías de las víctimas. Al llegar a la cuarta o quinta imagen, Julio César reconoció las facciones inanimadas de su hijo. A pesar de la inicial negación de la madre, quien se aferraba a la esperanza y no asimilaba la quietud de ese rostro inerte, la vestimenta del menor confirmó la tragedia: Yeyé había fallecido por asfixia debido a la inhalación de los gases tóxicos.
El negocio de la subrogación y la impunidad protegida desde el poder
La tragedia de la Guardería ABC no fue un accidente fortuito; fue el resultado directo de una cadena de corrupción institucional. El establecimiento operaba bajo la modalidad de subrogación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esto significaba que, aunque el servicio era un derecho laboral financiado públicamente, la operación se privatizaba y se entregaba a particulares. En este caso, los socios de la estancia eran empresarios vinculados por lazos familiares y políticos con altos funcionarios del gobierno estatal y federal de aquella época.
Julio César Márquez enfatiza con indignación que este modelo mercantilizó la seguridad de los infantes. El IMSS pagaba una cuota mensual aproximada de tres mil pesos por cada niño inscrito, transformando el cuidado infantil en un negocio altamente redituable donde los inversionistas buscaron maximizar ganancias reduciendo costos en infraestructura y sistemas de seguridad. El edificio original era una bodega comercial adaptada superficialmente, sin las dimensiones reglamentarias en pasillos, sin vidrios de seguridad y sin la distancia adecuada entre accesos de evacuación. Los planos presentados ante el municipio para obtener las licencias de uso de suelo contenían documentación falsa, haciendo pasar la bodega gubernamental de archivo como un lote baldío destinado a estacionamiento.
A nivel judicial, el caso ABC es un monumento a la impunidad en México. A pesar de que las investigaciones iniciales señalaron la responsabilidad de diecinueve personas en delitos como homicidio culposo, lesiones y ejercicio indebido del servicio público, las resoluciones finales se tradujeron en sentencias mínimas, amparos prolongados y absoluciones. Ninguno de los dueños ni de los funcionarios de alto nivel pisó la cárcel de manera efectiva y prolongada. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo la ponencia del ministro Arturo Zaldívar, quien propuso fincar responsabilidades constitucionales a gobernadores, alcaldes y directores del IMSS. Sin embargo, la mayoría del pleno de la Corte desestimó el proyecto, plegándose, según denuncia el propio Julio César, a los intereses políticos del gobierno federal encabezado por Felipe Calderón Hinojosa.
Secuelas crónicas y una legislación escrita con lágrimas
El horror de la Guardería ABC no concluyó con el entierro de los cuarenta y nueve niños. Las secuelas psicológicas desarticularon por completo el entorno de las familias sobrevivientes. Estela, la madre de Yeyé, sufrió un severo trastorno de estrés postraumático y disociación psicótica que requirió cuatro internamientos en clínicas psiquiátricas y tratamientos agresivos de electrochoques que mermaron su salud. Las crisis la llevaban a ver alucinaciones de su hijo fallecido en los rincones de la casa, a deambular por las calles buscando la guardería en ruinas o a cargar un oso de peluche durante un mes entero bajo la convicción de que era su bebé. Los hijos mayores de la pareja crecieron presenciando el colapso emocional de sus padres, aprendiendo a colocar almohadas bajo la cabeza de su madre cada vez que caía desmayada al suelo por crisis nerviosas.
Frente a la devastación, los padres encontraron en la acción social una vía para canalizar el dolor y evitar que la historia se repita. A través del “Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio”, impulsaron la creación de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, promulgada el 24 de octubre de 2011 y conocida popularmente como la “Ley 5 de Junio”. Esta normativa obligó al Estado a regular de manera estricta los estándares de protección civil, capacitación de personal y medidas de evacuación en todas las estancias infantiles del país. Los propios padres tuvieron que recorrer los congresos locales durante años para exigir la armonización de esta ley en cada uno de los estados de la República Mexicana.
A pesar del logro legislativo, Julio César advierte con preocupación que las tragedias continúan debido al relajamiento de las inspecciones y a la falta de voluntad política para aplicar las leyes vigentes. Desde el 6 de junio de 2009 hasta la fecha, se contabiliza la muerte aislada pero constante de ciento un niños dentro de estancias infantiles en todo el territorio mexicano, principalmente a causa de atragantamientos que el personal no sabe atender por falta de capacitación en primeros auxilios. Asimismo, el entrevistado califica como un doloroso “déjà vu” los incendios comerciales recientes en Hermosillo, como el ocurrido en noviembre de 2025 en una tienda departamental donde murieron más de veinte personas atrapadas debido a transformadores eléctricos mal ubicados junto a las salidas.
