En el complejo escenario de las relaciones internacionales y la política interna, pocas intervenciones logran diseccionar la realidad de un país con la crudeza y el nivel de detalle que exige el periodismo de análisis. Recientemente, la Ciudad de México se convirtió en el epicentro de un intenso debate ideológico y político a raíz de la visita de la diputada española de derecha, Cayetana Álvarez de Toledo. Durante un encuentro organizado por el Grupo Salinas en la Universidad de La Libertad, ante un auditorio compuesto por destacados empresarios y académicos, la legisladora europea no dudó en poner contra las cuerdas la narrativa oficial del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. El eje central de su disertación fue un concepto fundamental que moldea el discurso del Estado: la soberanía.
A lo largo de los últimos años, la administración vinculada a la autodenominada “Cuarta Transformación” ha insistido de manera reiterada en exigir a España y a la Corona española que ofrezcan disculpas formales por los agravios cometidos durante la época de la conquista, señalando figuras históricas como Hernán Cortés. Sin embargo, cabe preguntarse desde una óptica analítica: ¿Es la historia colonial de hace cinco siglos la principal amenaza para el México contemporáneo? ¿Se puede construir la soberanía sobre la base de reproches diplomáticos hacia el extranjero? Álvarez de Toledo planteó una deconstrucción total de esta premisa, argumentando que la soberanía
nacional no es una simple bandera, ni un discurso inflamado emitido desde las conferencias matutinas diarias, conocidas popularmente como “mañaneras”.
El cuestionamiento principal radica en la seguridad cotidiana del ciudadano. Según la perspectiva expuesta en el recinto universitario, un país no es soberano únicamente por el hecho de que sus fronteras no estén siendo invadidas por ejércitos extranjeros, ya sean los Estados Unidos o potencias europeas. La verdadera independencia consiste en algo mucho más pragmático y visceral: el derecho inalienable de cualquier ciudadano de salir a la calle sin tener que pedir permiso a una organización criminal, o la libertad económica de abrir un negocio propio sin verse sometido a la extorsión sistemática. En este sentido, se formuló una grave aseveración que invita a la reflexión profunda: el Estado mexicano está permitiendo que poderes fácticos lo vacíen desde su interior.
De este modo, se identificaron tres fenómenos internos y profundamente corrosivos que constituyen las verdaderas amenazas para el país, alejando el foco de los presuntos enemigos externos. El primer y más alarmante flagelo es el crimen organizado. Los datos presentados durante la exposición son un reflejo estremecedor de la crisis de seguridad: un territorio nacional con más de 200,000 personas asesinadas. Frente a esta dantesca realidad, surge una interrogante ineludible: ¿Cómo puede un gobierno mantener el monopolio legítimo de la fuerza, pilar básico de cualquier Estado de derecho, cuando vastos territorios y poblaciones enteras viven bajo el control de cárteles? La legisladora señaló el estado de cosas en regiones como Jalisco, donde el hallazgo de fosas clandestinas se ha vuelto un fenómeno tan habitual que, trágicamente, ha comenzado a dejar de ser noticia para la opinión pública.
Bajo esta línea de análisis, se calificó de “obsceno” el intento de reducir la soberanía a una coartada verbal internacional. En un acto de confrontación discursiva directa, se le sugirió a la presidenta Claudia Sheinbaum que, antes de exigir que Madrid pida perdón, debería ser su propio gobierno quien rinda cuentas y pida disculpas a las “madres buscadoras”. Estas mujeres, que recorren el país excavando la tierra con sus propias manos para hallar los restos de sus hijos desaparecidos, representan el rostro más doloroso de la violencia endémica. El mensaje fue claro: menos teatro histórico y más responsabilidad ante las tragedias contemporáneas.
El segundo gran fenómeno identificado como amenaza es el llamado populismo autoritario. En el terreno de la política y el ordenamiento jurídico, se está observando una tendencia hacia la concentración extrema de facultades. El análisis advierte que la administración actual promueve un desmantelamiento sistemático de las instituciones que, en cualquier democracia sana, tienen la función primordial de limitar al poder ejecutivo. Específicamente, se hizo mención a las polémicas reformas que afectan al poder judicial y a la persistente intención de eliminar diversos organismos autónomos. Estos entes fueron diseñados a lo largo de décadas para actuar como contrapesos institucionales. Al anularlos, el Estado adquiere un control asfixiante sobre la sociedad civil, mermando los mecanismos de defensa del ciudadano común frente a los posibles abusos del gobierno. ¿Es posible hablar de soberanía democrática cuando los árbitros imparciales y los jueces independientes son subordinados al proyecto de un solo partido político?
Finalmente, la tercera amenaza expuesta en la Universidad de La Libertad toca las fibras más sensibles de la política económica y social del país: la mentalidad de dependencia. Al evaluar los programas sociales que constituyen la columna vertebral de la “Cuarta Transformación”, se abrió un debate crítico sobre la naturaleza de la asistencia estatal. Es indiscutible que brindar ayuda a los sectores más vulnerables de la población es una obligación innegable de cualquier Estado moderno. Sin embargo, la línea se cruza, según el diagnóstico presentado, cuando la dependencia se institucionaliza hasta convertirse en un modelo de control social.
Cuando el esfuerzo personal, el mérito y la iniciativa privada dejan de ser los motores principales de la movilidad social para ser reemplazados de forma crónica por los subsidios del gobierno, el ciudadano experimenta una pérdida progresiva de autonomía. Esta mentalidad de dependencia fue catalogada sin ambages como una sutil forma de dominación. La lógica política detrás de este fenómeno sugiere que, en la medida en que un amplio sector de la población dependa económicamente de las transferencias directas del oficialismo, la capacidad crítica de esa misma población disminuye. Es mucho más difícil cuestionar, discrepar o exigir resultados a la autoridad cuando la supervivencia familiar está sujeta a la voluntad del gobernante en turno.
El discurso pronunciado por Cayetana Álvarez de Toledo deja sobre la mesa un crudo diagnóstico y un ultimátum ideológico para la sociedad mexicana. La encrucijada ya no parece situarse entre la memoria de los agravios virreinales y el patriotismo discursivo, sino en decisiones pragmáticas y urgentes que determinarán la viabilidad del Estado-nación a corto y mediano plazo. Las opciones planteadas fueron descritas con una polarización tajante: Soberanía real o subordinación al crimen organizado; soberanía o sumisión a un narcoestado; soberanía ciudadana frente al populismo autoritario; y, por último, soberanía individual frente a la dependencia impuesta por el partido en el poder.
Queda ahora en manos del análisis público y de la reflexión ciudadana determinar si este diagnóstico extranjero, carente de filtros diplomáticos, retrata de manera fiel la fractura estructural de México. Lo que resulta innegable es que la conversación en torno al papel de las autoridades ante las masacres, la extinción de los contrapesos judiciales y la utilización política de los programas sociales demanda respuestas urgentes. Frente a un escenario de violencia desbordada e instituciones frágiles, el concepto de soberanía necesita ser redefinido urgentemente mediante acciones concretas, abandonando el mero confort de los reproches históricos para enfrentar los verdaderos y corrosivos demonios internos que hoy dictan el rumbo de la nación.
